La Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría y quitar descuentos en la tarifa de gas a más de 1,2 millones de familias, mientras habilita la condonación de deudas multimillonarias a las distribuidoras Edenor y Edesur.
La iniciativa obtuvo media sanción en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos. Desde el oficialismo defendieron la necesidad de “ordenar” los subsidios energéticos y profundizar el equilibrio fiscal, mientras que la oposición denunció un “doble estándar” que ajusta sobre usuarios residenciales y beneficia a grandes empresas del sector energético.
El proyecto apunta a reducir el alcance del régimen de Zona Fría, un esquema que actualmente otorga descuentos en las tarifas de gas para regiones de bajas temperaturas. En la provincia de Buenos Aires, el beneficio alcanza a 55 municipios del interior y el sur bonaerense.
El polémico perdón de deuda a Edenor y Edesur
Uno de los puntos más cuestionados del texto aprobado fue el mecanismo de compensación de deudas entre las distribuidoras eléctricas y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Según denunciaron legisladores opositores, el esquema terminará representando la condonación de aproximadamente USD 1.842 millones de deuda histórica, de los cuales el 69% corresponde a Edenor y Edesur.
La norma establece que las empresas podrán compensar sus pasivos con supuestos “activos regulatorios” generados durante los años de congelamiento tarifario y revisiones pendientes.
Durante ese período, Edenor —controlada por el grupo de Daniel Vila y José Luis Manzano— reclamó al Estado alrededor de USD 2.000 millones por pérdidas derivadas de tarifas congeladas, mientras que Edesur, perteneciente a la corporación italiana Enel, exigía cerca de USD 1.200 millones.
Al mismo tiempo, ambas compañías acumulaban fuertes deudas con Cammesa por energía adquirida y no abonada durante los años de emergencia tarifaria.
Con la nueva ley impulsada por el oficialismo libertario, esos montos quedan compensados bajo el argumento técnico de “equilibrar desfases regulatorios”, lo que en los hechos implica liberar a las empresas de penalidades financieras sin exigir a cambio un plan de inversiones verificable para mejorar el servicio eléctrico.
Críticas opositoras y tensión política
Desde la oposición cuestionaron con dureza la decisión del Gobierno Nacional y señalaron que el ajuste recae sobre usuarios residenciales, jubilados y sectores medios, mientras se alivian las cuentas de grandes corporaciones energéticas.
“La supuesta pureza ideológica de la anticasta termina subordinada a los intereses de la patria contratista”, sostuvieron legisladores opositores tras la votación.
También remarcaron que el recorte de subsidios ocurre en paralelo con el congelamiento de jubilaciones mínimas, la reducción de partidas universitarias, el ajuste sobre medicamentos del PAMI y el desfinanciamiento de áreas científicas y tecnológicas.
Mientras universidades nacionales denuncian dificultades para afrontar gastos básicos de funcionamiento y miles de familias enfrentan nuevas subas tarifarias en plena temporada invernal, las distribuidoras eléctricas recibirán beneficios económicos multimillonarios.
El proyecto pasa al Senado
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto será debatido ahora en el Senado de la Nación, donde la oposición buscará articular un bloque de resistencia junto a representantes de provincias patagónicas y distritos afectados por la quita del beneficio de Zona Fría.
Los sectores críticos advierten que la iniciativa profundiza la desigualdad tarifaria y consolida un modelo energético donde las empresas indexan ingresos en dólares mientras los salarios y jubilaciones pierden poder adquisitivo frente a la inflación.
“Hacen pagar el ajuste a la gente común para seguir beneficiando a empresarios amigos”, señalaron desde distintos bloques opositores al cierre de la sesión.
Con esta media sanción, el Gobierno consigue un nuevo respaldo parlamentario para exhibir ante organismos internacionales de crédito, aunque en medio de una creciente conflictividad social por el impacto del ajuste sobre el costo de vida y los servicios públicos.
