Escrito por Gabriela Barcaglioni.
Ni Una Menos es la expresión del hartazgo contra la violencia hacia las mujeres.
El movimiento Ni una Menos pone en perspectiva y en discusión la violencia contra las mujeres en el espacio público.
Con la consigna “Ni una Menos” la sociedad, particularmente el movimiento de mujeres, se expresó en las plazas de todo el país el 3 de junio de 2015.
Se dice que 150 mil personas se congregaron en los alrededores del Congreso de la Nación. Las convocatorias se replicaron en 80 localidades de Argentina.
En este año, 2024, las movilizaciones estarán atravesadas por los reclamos y las denuncias contra las políticas del gobierno de Javier Milei. Políticas que atentan contra los derechos de las mujeres.
Se verán consignas tales como: “Con hambre y odio no hay libertad”, “Abajo la Ley de Bases y el DNU”. También como: “Ni una Jubilada Menos” y “Ni una Lesbiana Menos”.
El hartazgo frente a la violencia femicida, el asesinato y la desaparición de niñas, jóvenes y mujeres motivó que se le exigiera al Estado:
La implementación -con presupuesto acorde- de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y la elaboración de estadísticas oficiales sobre violencia de género. También, la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).
También se exigió la creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, hogares de día para víctimas y subsidio habitacional; capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado.
Convocatoria 2024 y los datos de la corte suprema de justicia
El documento que expresa el espíritu de la convocatoria en 2024 señala que “los femicidios, travesticidios, lesbicidios y crímenes de odio muestran números preocupantes”.
Mientras el gobierno nacional “elimina organismos, entes y, por lo tanto, políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista”.
A nueve años de la primera protesta, en Argentina siguen asesinando a una mujer cada 35 horas.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, dió a conocer los datos del 2023 arrojados por el Registro Nacional de Femicidios. Esta estadística reclamada en 2015 muestra que desde 2014 hay una estabilidad considerable en las tasas de femicidios directos.
El informe indica que “de un inicial de 1,03 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en 2014, se pasó a una de 1,05 en 2023, sólo con niveles apenas menores en 2021 (0,99) y 2022 (0,96).
Teniendo en cuenta los posibles subregistros de los primeros años y actualizaciones posteriores, en estos 10 años se informaron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año”.
Violencias machistas y Estado
La violencia de género no es un asunto privado sino de orden público. Se la politiza, al remarcar que es un problema social, cuya base estructural son las relaciones entre las personas definidas a partir del género. Relaciones atravesadas por el poder y no casos aislados.
Si es una problemática social, de carácter colectivo y no individual, de orden político, requiere de respuestas múltiples que involucren al Estado en todos sus niveles. Por ende, se vuelve necesario pensarla como un problema común.
La situación en Argentina marca un retroceso en políticas contra la violencia contra las mujeres y personas LGTTBIQ+.
¿Qué hace el gobierno de Javier Milei al respecto?
El informe preliminar elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que conforma el Monitoreo de políticas contra la violencia en Argentina entre diciembre- mayo de 2024, señala que al asumir el gobierno nacional Javier Milei estableció un reordenamiento institucional de los Ministerios.
Se estableció así por vía del Decreto 86/2023 la existencia de tan solo 8 carteras ministeriales. Una de ellas es el Ministerio de Capital Humano.
Bajo su dependencia directa se creó la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que luego fue trasladada al Ministerio de Justicia a partir del 24 de mayo de 2024 (Decreto 450/2024)1.
Esta medida desarmó, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y con ello la continuidad de los programas implementados desde esta cartera preocupa.
“Ya que no se cuenta con información clara sobre aquellos que se mantendrán y de qué manera se asegurará su desarrollo en todo el territorio nacional”.
El monitoreo informa que la Subsecretaría que debe atender en la problemática no cuenta con estructura interna aprobada, lo que significa un obstáculo para el correcto desarrollo de sus tareas.
Entre estas tareas se encuentra la de diseñar e implementar el Plan Nacional de Acción contras las Violencias para el periodo 2024-2026. Así está estipulado en la ley nacional 26.485.
¿Cómo nace el Ni Una Menos?
El Movimiento surgió tras el femicidio de Chiara Páez (14 años), en Rufino, provincia de Santa Fe.
La adolescente fue asesinada el 10 de mayo por Manuel Mansilla, su novio (16 años) quien confesó que la había matado porque ella se había negado a abortar.
El femicida fue condenado en 2017 a 21 años y medio de prisión. Como era menor de edad al momento del crimen, le dictaron dos tercios de la condena máxima, que hubiera sido de 35 años.
La fiscalía apeló el fallo que había pedido prisión perpetua y por la defensa que buscaba la absolución. La Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó la condena en marzo de 2018, pero la familia del joven volvió a apelar.
La Corte santafesina en febrero de 2022 hizo hincapié en la condición de menor de Mansilla al momento del hecho y consideró que debe aplicarse la ley penal juvenil.
Los jueces Guillermo Llaudet, Georgina Depetris y Javier Beltramone establecieron que Manuel Ignacio Mansilla Gallegos cumpla la pena de 15 años, en vez de los 21 años y 6 meses. Esta última pena se la había dado el fuero de menores.
Esto lo dictaminaron luego de cumplimentar la orden de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe.
Los jueces santafecinos consideraron que el fallo de primera instancia se había «apartado de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil».
La madre de la víctima, Verónica Camargo, analiza recurrir a la Corte Suprema de la Nación o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Continuidades en la lucha del movimiento Ni Una Menos.
El grado de conciencia y organización social no es un hecho espontáneo. Sin lugar a dudas, hay hechos que potencian un estado de cosas que existían con antelación.
El hartazgo hacia la violencia de género – física, económica, sexual, mediática, psicológica, digital- y el rechazo a la violencia femicida en especial, abonó el cuestionamiento al patriarcado.
Se lo considera a este como sistema de opresión que se articula con jerarquías basadas en la clase, la etnia, la condición de migrante, la edad.
La organización política pudo poner en el espacio público, en la arena política, los feminicidios, que como los definió la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, ponen al Estado como protagonista.
Como generador de las condiciones que permiten sostener esas situaciones de vulnerabilidad que hacen posible el asesinato de una mujer.
El Estado no da garantía a las mujeres y no crea las condiciones de seguridad para sus vidas. Ejemplos de esto se pueden ver en la comunidad, la casa, los espacios de trabajo y el espacio público.
Los esfuerzos para desnaturalizar las violencias, implican exigir al Estado políticas de prevención, atención y reparación para las víctimas. También los de propiciar cambios estructurales en el sistema judicial que, faciliten el acceso a Justicia y cambios en la práctica jurídica.
La ley por sí sola no alcanza, quienes la aplican deben hacerlo desde una perspectiva de género.
Será necesario un cambio cultural que desmonte los estereotipos de género. Extirpar los constructos de la masculinidad que siguen afianzando las relaciones de poder que sostienen la violencia machista.
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