La diputada Agustina Propato presentó un proyecto para que el Congreso cuente con una comisión permanente dedicada a la Causa Malvinas. La iniciativa cobra relevancia ante el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que prevé extraer 55.000 barriles diarios desde 2028, y en medio de denuncias por la militarización británica y la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.
El avance de la explotación petrolera en Malvinas volvió a colocar la disputa por la soberanía y los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro del debate político. En ese contexto, la diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral Permanente de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes y la Antártida Argentina.
La propuesta busca establecer dentro del Congreso un ámbito permanente, integrado de manera plural por diputados y senadores, que permita abordar la cuestión Malvinas independientemente de las coyunturas políticas y electorales.
La iniciativa aparece además en momentos en que las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration avanzan con el proyecto offshore Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, cuya producción está proyectada en unos 55.000 barriles de petróleo diarios a partir de 2028.
Para Propato, la discusión no puede limitarse a los hidrocarburos. También debe incorporar la explotación de los recursos pesqueros, la presencia militar británica y la importancia geopolítica y estratégica del Atlántico Sur.
Una comisión permanente para convertir Malvinas en política de Estado
La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone constituir una comisión integrada por ocho diputados y ocho senadores, respetando la proporcionalidad de las distintas representaciones políticas.
“Diputados y senadores, necesitamos una comisión permanente que se ocupe, sin coyunturalismo y con pluralidad política, de la causa más importante de unidad nacional”, sostuvo Propato.
La legisladora, vicepresidenta de la Comisión de Defensa Nacional, considera que el Congreso necesita asumir un papel institucional permanente en la construcción de una política de Estado sobre Malvinas.
La comisión tendría entre sus funciones asesorar y coordinar acciones con las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional de ambas cámaras, además de articular con la Cancillería y la Secretaría de Malvinas.
También podría realizar el seguimiento de iniciativas parlamentarias, elaborar informes, organizar audiencias públicas, foros y seminarios, recopilar antecedentes y participar en acciones de diplomacia parlamentaria.
Sea Lion y el avance petrolero en Malvinas
Uno de los principales factores que impulsan nuevamente el debate es el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Según la información expuesta por Propato, el proyecto prevé alcanzar una producción de 55.000 barriles diarios en 2028.
La diputada sostuvo que las licencias concedidas unilateralmente en las islas deben ser consideradas ilegales desde la posición argentina y vinculó esas actividades con las resoluciones de Naciones Unidas que enmarcan la disputa de soberanía. Propato advirtió además que las licencias hidrocarburíferas en torno a Malvinas no constituyen un fenómeno reciente, sino que forman parte de un proceso que se desarrolla desde hace más de dos décadas.
“Si desembarcan con esa estructura multimillonaria, no se van más”, alertó la legisladora al referirse a la magnitud de las inversiones necesarias para desarrollar la infraestructura offshore.
Un negocio estimado en US$1.500 millones anuales
La dimensión económica constituye otro de los elementos centrales de la discusión.
De acuerdo con las estimaciones citadas por Propato, la explotación petrolera podría representar alrededor de US$1.500 millones anuales, mientras que las licencias vinculadas con los recursos pesqueros generarían aproximadamente otros US$400 millones.
La legisladora relacionó estas cifras con la consolidación económica de la ocupación británica y sostuvo que esos recursos pertenecen a espacios cuya soberanía reclama la Argentina.
La preocupación reside especialmente en que el establecimiento de una infraestructura petrolera de gran escala podría fortalecer a largo plazo la presencia británica en el archipiélago y en los espacios marítimos circundantes.
La Ley 26.659 y las sanciones contra empresas
Propato recordó que la Argentina dispone de herramientas legales para intervenir frente a la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental.
Entre ellas destacó la Ley 26.659, que establece sanciones, multas, suspensiones e inhabilitaciones y contempla responsabilidades para compañías que participen o brinden apoyo a determinadas actividades hidrocarburíferas.
“Hay posibilidades operativas de aplicar la Ley 26.659”, afirmó.
La diputada cuestionó en ese sentido la actuación de la Cancillería y sostuvo que el Gobierno debería asumir una posición más firme frente a las compañías involucradas. También planteó que la diplomacia argentina debería realizar gestiones ante el Reino Unido e Israel por la actuación de Rockhopper y Navitas.
Propato cuestionó la política del Gobierno sobre Malvinas
La legisladora dirigió fuertes críticas a la política exterior de la administración de Javier Milei, a la que atribuyó un “alineamiento acrítico” que, según su interpretación, deriva en silencios o concesiones sobre la cuestión Malvinas.
También cuestionó la política desarrollada por la representación diplomática argentina en el Reino Unido y reclamó una posición más activa ante las actividades hidrocarburíferas y militares británicas.
Para Propato, la creación de la bicameral permitiría incorporar una “pata legislativa” permanente a la política argentina sobre el Atlántico Sur.
El objetivo sería que el seguimiento de las actividades económicas, diplomáticas y militares no dependa exclusivamente del Poder Ejecutivo ni de las circunstancias políticas de cada gobierno.
Malvinas: petróleo, pesca y militarización del Atlántico Sur
La iniciativa propone ampliar el enfoque más allá de la explotación petrolera.
Propato advirtió sobre la actividad pesquera en aguas circundantes a las islas y, particularmente, sobre la militarización británica del Atlántico Sur.
Desde la Comisión de Defensa Nacional, señaló, se vienen denunciando ejercicios militares británicos y el tránsito de buques militares y de investigación.
La diputada mencionó además una propuesta destinada a regular el denominado “paso inocente”, figura contemplada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
“Mientras el Reino Unido de Gran Bretaña se rehúsa al diálogo y militariza el Atlántico Sur, nuestro país debe consolidar su posición ante el mundo de manera unívoca”, sostuvo.
La dimensión estratégica de Malvinas y la Antártida
El proyecto busca incorporar la cuestión Malvinas dentro de una mirada estratégica más amplia que incluye el Atlántico Sur y la Antártida.
Según Propato, estos territorios no representan únicamente una reivindicación histórica de soberanía, sino que ocupan una posición cada vez más relevante para las rutas comerciales internacionales, los recursos naturales, la logística y la defensa.
En un escenario internacional marcado por crecientes disputas geopolíticas, la legisladora considera necesario que el Congreso desarrolle capacidades permanentes de seguimiento, elaboración de información y diplomacia parlamentaria.
“Defender la soberanía como política de Estado, reivindicar a nuestros héroes de guerra como mandato y abrazar esta causa con unidad nacional. Malvinas nos une”, afirmó.
La propuesta apunta, en definitiva, a que la Causa Malvinas deje de aparecer en la agenda institucional únicamente frente a episodios puntuales y cuente con un ámbito legislativo estable para analizar la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros, la presencia militar británica y los movimientos geopolíticos en una de las regiones estratégicas más importantes para el futuro argentino.
Fuente: La Opinión Austral
