La salida de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo profundiza la crisis política, financiera y prestacional de la obra social de jubilados y pensionados. Prestadores estiman que la deuda supera los $500.000 millones y advierten por demoras, dificultades para sostener servicios y problemas de atención. La situación también pone bajo presión al ministro de Salud, Mario Lugones.
La crisis en el PAMI ingresó en una nueva etapa con la salida de su director ejecutivo, Esteban Leguizamo, y del subdirector Carlos Zamparolo, en medio de crecientes dificultades financieras, reclamos de prestadores y problemas que impactan sobre la atención de millones de jubilados y pensionados.
Las salidas de ambos funcionarios, ligados al ministro de Salud, Mario Lugones, exponen las tensiones acumuladas dentro del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), uno de los organismos de mayor peso presupuestario del Estado.
El escenario financiero aparece como el problema más urgente. Según estimaciones provenientes de entidades del sector sanitario, el organismo acumularía una deuda superior a los $500.000 millones con clínicas, sanatorios, farmacias, laboratorios y profesionales médicos.
El deterioro de la situación amenaza con trasladarse cada vez más directamente a las prestaciones que reciben los afiliados.
PAMI: una deuda de más de $500.000 millones con los prestadores
Desde hace meses, diferentes actores del sistema sanitario vienen alertando sobre demoras en los pagos, dificultades contractuales y valores prestacionales insuficientes para afrontar el incremento de los costos.
Clínicas, sanatorios, farmacias y profesionales aseguran que la acumulación de saldos pendientes compromete el funcionamiento de una red asistencial de la que dependen millones de adultos mayores.
En distintos puntos del país se registraron reclamos vinculados con turnos, tratamientos, medicamentos y continuidad de algunas prestaciones.
La demora en actualizar los valores reconocidos por el instituto y la acumulación de obligaciones vencidas generan además un efecto sobre toda la cadena sanitaria: los prestadores deben afrontar salarios, medicamentos, insumos, servicios y equipamiento mientras esperan cobrar las prestaciones realizadas.
En ese contexto, el volumen de deuda atribuido al PAMI se transformó en uno de los principales focos de preocupación para el sector.
Leguizamo había negado dos meses atrás un colapso del PAMI
La salida de Esteban Leguizamo adquiere mayor dimensión porque apenas unos meses antes había rechazado públicamente que el organismo estuviera atravesando una situación terminal.
En mayo de 2026, el entonces director ejecutivo sostuvo que el instituto no se encontraba en una “crisis profunda” ni en un “colapso”, aunque reconoció que atravesaba un escenario de “crisis” y “estrés”.
Leguizamo defendía entonces el proceso de reorganización impulsado por la conducción y aseguraba que la administración estaba trabajando para ordenar el organismo.
Dos meses después, la salida de la máxima conducción vuelve a colocar en primer plano aquellos interrogantes sobre la sustentabilidad financiera y operativa del PAMI.
Las tensiones internas detrás de la crisis del PAMI
La crisis no estaría limitada a las cuentas del organismo.
Según la reconstrucción publicada por el periodista Carlos Pagni en La Nación, las dificultades fiscales derivaron en un fuerte reordenamiento de la conducción del instituto.
Pagni sostuvo que Leguizamo y Zamparolo habían quedado fuera del Gobierno y vinculó sus desplazamientos con el deterioro financiero del organismo. También planteó cuestionamientos sobre el funcionamiento del área encargada de la relación con los prestadores.
Estas afirmaciones corresponden a la versión periodística publicada por Pagni y no implican, por sí mismas, la existencia de responsabilidades administrativas o judiciales comprobadas.
Uno de los nombres mencionados es Guido Giana, quien tenía funciones vinculadas con la coordinación de la relación con prestadores y mantiene vínculos políticos con el diputado del PRO Cristian Ritondo.
Rodrigo Sbarra y María Florencia Zicavo ganan espacio
En medio de la reorganización aparece Rodrigo Sbarra, exfuncionario del Ministerio de Producción durante la administración de Mauricio Macri, quien habría asumido funciones centrales en el área de prestaciones.
También ganó protagonismo María Florencia Zicavo, quien integró anteriormente la estructura del Ministerio de Justicia.
El desembarco de nuevos funcionarios y auditores apunta a incrementar los controles sobre expedientes, contrataciones y movimientos presupuestarios en un organismo que maneja una de las cajas públicas más importantes del país.
Según la reconstrucción periodística citada, el nuevo esquema contaría además con la influencia política del asesor presidencial Santiago Caputo.
El movimiento abre así una disputa que excede la administración sanitaria: controlar el PAMI significa también administrar uno de los presupuestos más relevantes del Estado y una estructura territorial con presencia en todo el país.
Prestadores en alerta por la situación financiera
Para clínicas y sanatorios, el problema central no pasa por quién ocupa los principales cargos, sino por cuándo y cómo se normalizarán los pagos.
El incremento de los costos de medicamentos, insumos, servicios y salarios obliga a los establecimientos sanitarios a contar con un flujo permanente de recursos. Cuando los pagos de uno de los principales financiadores del sistema se retrasan, el desequilibrio se traslada rápidamente al conjunto de la estructura prestacional.
La situación resulta particularmente delicada para los centros cuya facturación depende en gran medida de los pacientes del PAMI.
Una profundización de la crisis podría traducirse en menos profesionales disponibles, mayores demoras para conseguir turnos y dificultades para mantener tratamientos e intervenciones programadas.
Jubilados, en el centro de la crisis
Más allá de las disputas políticas, presupuestarias y administrativas, el problema central es el impacto sobre los afiliados.
Los jubilados y pensionados constituyen una población con una demanda sanitaria considerablemente mayor que otros grupos etarios. La continuidad de medicamentos, controles periódicos, estudios, tratamientos crónicos, internaciones y procedimientos de alta complejidad resulta indispensable.
Por eso, cualquier deterioro de la red prestacional puede tener consecuencias mucho más graves que una simple demora administrativa.
La combinación de deuda con prestadores, dificultades para actualizar aranceles y reducción de la oferta profesional coloca al Gobierno ante la necesidad de normalizar rápidamente el circuito financiero y garantizar la continuidad de las prestaciones.
Mario Lugones, bajo presión por la crisis sanitaria
Las renuncias también abren interrogantes alrededor del ministro de Salud, Mario Lugones, debido a la proximidad política y administrativa que mantenía con la conducción saliente.
La crisis del PAMI se suma a un escenario sanitario atravesado por conflictos presupuestarios y reclamos de distintos actores del sistema.
La permanencia de Lugones dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno frente al reordenamiento de la política sanitaria y, particularmente, de su capacidad para contener una crisis que afecta a uno de los sectores socialmente más sensibles.
El desafío: evitar que la crisis financiera llegue definitivamente a la atención
El cambio de autoridades, por sí solo, no resolverá los problemas acumulados.
La nueva conducción deberá afrontar simultáneamente la deuda con prestadores, recomponer el circuito de pagos, revisar los valores de las prestaciones y garantizar que clínicas, farmacias y profesionales continúen atendiendo a los afiliados.
El desafío es especialmente complejo porque enfrenta dos objetivos que pueden entrar en contradicción: la política gubernamental de contención del gasto y la obligación del Estado de garantizar la asistencia sanitaria de millones de jubilados y pensionados.
La salida de Leguizamon y Zamparolo constituye así mucho más que un recambio de funcionarios. Es la expresión política de una crisis que venía desarrollándose dentro del organismo y que ahora queda expuesta públicamente.
Con una deuda que, según estimaciones sectoriales, supera los $500.000 millones, prestadores reclamando pagos y afiliados que dependen cotidianamente de sus servicios, el interrogante ya no pasa únicamente por quién conducirá el PAMI.
La cuestión decisiva será cómo evitar que la crisis financiera termine convirtiéndose en una crisis todavía mayor de atención sanitaria para los jubilados argentinos.
