Una investigación periodística puso nuevamente bajo la lupa la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno de Javier Milei. El manejo de una terminal con un presupuesto anual cercano a los $22.000 millones, el desplazamiento de trabajadores, una licitación por más de $563 millones para mantenimiento y limpieza y los interrogantes geopolíticos alrededor de uno de los enclaves más estratégicos del Atlántico Sur profundizan el enfrentamiento entre Nación y Tierra del Fuego.
La investigación difundida por la periodista Felicitas Bonavitta reconstruye qué ocurrió desde que el Gobierno nacional tomó el control operativo, técnico y administrativo del puerto y pone el foco en una pregunta central: qué pasó con los recursos y las contrataciones después de la intervención.
La controversia excede largamente una discusión administrativa. Ushuaia constituye una de las principales puertas internacionales hacia la Antártida y ocupa una posición estratégica frente al Atlántico Sur y las Islas Malvinas.
La intervención del Puerto de Ushuaia
El conflicto comenzó formalmente con la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), firmada el 20 de enero por su director ejecutivo, Iñaki Miguel Arreseygor.
La norma suspendió por 12 meses —prorrogables— la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso simultáneamente su intervención administrativa.
El Gobierno justificó la decisión en presuntas irregularidades detectadas durante inspecciones realizadas en septiembre y octubre de 2025, además de deficiencias de infraestructura y cuestiones vinculadas con la seguridad operativa.
La resolución otorgó a la intervención la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto.
Pero existe otro elemento central: la propia norma nacional habilitó la colaboración de la Administración General de Puertos (AGP) en todo lo relacionado con la administración de los fondos vinculados con la operación y explotación de la terminal.
De esta manera, la intervención no quedó limitada a cuestiones técnicas o de seguridad: alcanzó también aspectos centrales de la gestión económica.
Un puerto de $22.000 millones por año
La dimensión económica ayuda a comprender la magnitud de la disputa.
El Puerto de Ushuaia dispone de un presupuesto anual estimado en aproximadamente $22.000 millones por los servicios que presta a los casi 700 buques que utilizan anualmente sus instalaciones.
En 2025 pasaron por el puerto 675 embarcaciones, de las cuales 511 fueron buques de pasajeros. Además, el movimiento turístico asociado a los cruceros representa cientos de miles de pasajeros y tripulantes.
Pero su importancia trasciende los números.
Ushuaia constituye un nodo fundamental para el turismo antártico, la pesca, la carga, la investigación científica y el abastecimiento logístico del extremo austral argentino.
La propia Resolución 4/2026 reconoce expresamente su “importancia estratégica y geopolítica” y su papel para el abastecimiento antártico.
Una administración provincial desde 1992
El conflicto incorpora además una cuestión histórica y jurídica.
Tierra del Fuego administra el puerto desde 1992, cuando Nación transfirió gratuitamente a la provincia el dominio, administración y explotación de la terminal.
El convenio estableció que los ingresos debían mantenerse separados de las rentas generales provinciales y utilizarse para gastos, inversiones, capacitación y actividades relacionadas con el funcionamiento portuario.
Desde entonces, la Dirección Provincial de Puertos sostuvo la operatoria y realizó diferentes inversiones.
Entre ellas se encuentra la ampliación del muelle inaugurada en 2023, realizada con recursos provinciales.
La intervención nacional alteró ese esquema vigente durante más de tres décadas.
La madrugada en que cambió el control
Uno de los episodios reconstruidos por las investigaciones periodísticas ocurrió inmediatamente después de dictada la resolución.
Las autoridades provinciales fueron notificadas durante la madrugada y posteriormente recibieron una nómina limitada de trabajadores autorizados para ingresar a las instalaciones.
Los testimonios recogidos señalan que las fuerzas federales impidieron el acceso de parte del personal provincial.
La CGT Regional Ushuaia cuestionó el procedimiento y denunció el desplazamiento de trabajadores.
Las cifras difundidas varían según las fuentes, pero los informes coinciden en que alrededor de 140 trabajadores quedaron fuera de sus tareas habituales, mientras un grupo reducido permaneció operativo dentro de la terminal.
La situación laboral continúa siendo uno de los puntos centrales del conflicto.
El contrato que encendió las alarmas: $563 millones
La investigación de Bonavitta introduce uno de los datos más contundentes sobre lo ocurrido posteriormente.
Se trata de la contratación correspondiente al mantenimiento edilicio y limpieza integral de las instalaciones del Puerto de Ushuaia.
Y en este caso existe documentación oficial.
La Licitación Pública 09-2026 de la Administración General de Puertos S.A.U. fijó un presupuesto oficial de:
$563.376.000 más impuestos. El plazo previsto es de solamente seis meses.
La cifra cobra mayor relevancia porque la investigación periodística la compara con los aproximadamente $6,5 millones que habría representado anteriormente el servicio de limpieza.
De confirmarse que ambas cifras corresponden a prestaciones efectivamente comparables, la diferencia sería extraordinaria.
Por eso este punto requiere una distinción importante: los $563,376 millones están acreditados en la documentación oficial de la licitación; los $6,5 millones corresponden a la comparación presentada por la investigación periodística y deberían cotejarse con el contrato provincial anterior para establecer una equivalencia exacta entre ambos servicios.
¿Dónde va la recaudación del puerto?
La cuestión financiera aparece como otro de los interrogantes.
Al asumir la administración, Nación pasó a tener participación directa sobre los recursos vinculados con la operación y explotación de la terminal.
El gobernador Gustavo Melella sostiene que la decisión implica una apropiación de facultades fiscales y financieras pertenecientes a Tierra del Fuego y considera que existe una transferencia forzada de recursos provinciales hacia el Estado nacional.
Desde el Gobierno nacional presentan una interpretación completamente diferente.
La ANPyN argumentó que durante la administración provincial se habrían detectado irregularidades y cuestionó particularmente el destino de recursos portuarios.
La controversia, por lo tanto, involucra dos acusaciones contrapuestas: Nación cuestiona el manejo provincial anterior y Tierra del Fuego reclama explicaciones sobre la administración nacional posterior.
La Justicia entra en escena
El Gobierno fueguino llevó la controversia a la Justicia Federal.
La provincia considera que Nación utilizó facultades administrativas para avanzar sobre competencias que corresponden a Tierra del Fuego y sostiene que la intervención vulnera el régimen federal.
La discusión jurídica gira fundamentalmente alrededor del alcance de la Ley de Actividades Portuarias 24.093, su decreto reglamentario y el convenio mediante el cual Nación transfirió el puerto a Tierra del Fuego en 1992.
La posición nacional sostiene que la legislación le permite suspender habilitaciones e intervenir administraciones portuarias cuando existe interés público comprometido.
Tierra del Fuego cuestiona que esas facultades permitan apropiarse de la administración integral de un puerto provincial.
La resolución judicial definitiva sobre esa controversia puede resultar determinante para el futuro de la terminal.
Un avión militar estadounidense seis días después
La intervención adquirió una dimensión todavía mayor por un episodio ocurrido pocos días después.
El 25 de enero de 2026, un Boeing C-40 Clipper matrícula 05-0730, perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia.
La aeronave había iniciado su recorrido desde la base Joint Base Andrews, en Estados Unidos.
A bordo viajaba una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses.
La explicación difundida por la Embajada estadounidense indicó que se trataba de integrantes vinculados con la Comisión de Energía y que la agenda estaba relacionada, entre otros temas, con minerales críticos.
La proximidad temporal entre ambos acontecimientos generó interrogantes políticos.
Incluso diputados nacionales presentaron pedidos de informes para conocer los motivos del aterrizaje, la identidad y agenda de los integrantes de la delegación y determinar si existía alguna vinculación con la reciente intervención del puerto.
Pero hasta el momento no existe evidencia pública concluyente que permita establecer que la llegada del avión estadounidense haya estado directamente vinculada con la intervención.
La hipótesis sobre Milei, Trump y el Puerto de Ushuaia
Posteriormente, apareció una hipótesis todavía más sensible.
Publicaciones periodísticas atribuyeron a un análisis de Foreign Affairs Latinoamérica la versión de que el Gobierno argentino habría considerado al Puerto de Ushuaia como un “activo estratégico” dentro de su relación con la administración de Donald Trump y el ingreso argentino a la denominada Junta de Paz.
Según esa versión, el valor estratégico del puerto habría formado parte de una negociación política más amplia. Se trata de una acusación de enorme gravedad por las implicancias que tendría para la soberanía argentina.
Sin embargo, debe establecerse una diferencia fundamental entre hechos comprobados y una hipótesis geopolítica.
Está documentada la intervención del puerto. El aterrizaje del Boeing C-40 estadounidense y la presencia de una delegación de legisladores norteamericanos.
También está documentado el fuerte alineamiento político del Gobierno argentino con Estados Unidos.
Pero no existe hasta ahora evidencia pública concluyente de un acuerdo mediante el cual el Gobierno argentino haya entregado, cedido u ofrecido formalmente el Puerto de Ushuaia a Estados Unidos.
La coincidencia temporal y el contexto geopolítico alimentan interrogantes que requieren respuestas oficiales, pero no permiten presentar esa vinculación como un hecho probado.
Ushuaia y la disputa geopolítica por el Atlántico Sur
La preocupación tiene fundamentos que exceden aquella hipótesis. El Puerto de Ushuaia ocupa una posición excepcional.
Es una de las principales puertas de acceso a la Antártida y se encuentra en una región donde confluyen intereses argentinos, británicos, estadounidenses y chinos.
A ello se agrega la cercanía con las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía continúa siendo reclamada por Argentina.
El puerto también se encuentra relacionado con el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia, concebida como infraestructura logística para la proyección argentina hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
Por eso cualquier modificación sustancial sobre su administración adquiere inevitablemente una dimensión soberana.
La contradicción política de la intervención
La decisión también expone una paradoja dentro del discurso oficial.
El Gobierno de Javier Milei convirtió la reducción del Estado, la descentralización y la transferencia de responsabilidades hacia las provincias en elementos centrales de su programa político.
Sin embargo, en Ushuaia ocurrió el proceso inverso.
El Estado nacional desplazó a una administración provincial y asumió directamente la conducción operativa, técnica y administrativa de una terminal rentable.
La discusión no consiste solamente en determinar si existían irregularidades anteriores.
También deberá establecerse qué hizo la intervención con los recursos recibidos, qué contratos celebró, cuánto gastó, con qué proveedores y bajo qué criterios fueron establecidos los nuevos valores.
De $22.000 millones a una pregunta de soberanía
A casi siete meses de la intervención, el conflicto por el Puerto de Ushuaia dejó de ser exclusivamente administrativo.
Existen cuestiones documentadas que necesitan respuestas precisas.
- Una terminal con un presupuesto cercano a $22.000 millones anuales quedó bajo administración nacional.
- Decenas de trabajadores fueron desplazados de sus funciones.
- Una licitación oficial presupuestó $563,376 millones más impuestos para seis meses de mantenimiento edilicio y limpieza integral.
La Justicia debe resolver la disputa entre Nación y Tierra del Fuego.
Y simultáneamente crecen los interrogantes sobre el papel estratégico que puede desempeñar Ushuaia dentro de la política exterior argentina y de la creciente competencia internacional por el Atlántico Sur y la Antártida.
La pregunta que deja abierta la investigación es, entonces, mucho más amplia que quién administra una terminal portuaria.
¿Quién controla uno de los principales accesos argentinos al Atlántico Sur y la Antártida, quién administra sus recursos y con qué objetivos estratégicos?
En Ushuaia, la discusión sobre contratos y fondos termina inevitablemente desembocando en otra cuestión: la soberanía argentina sobre uno de los territorios más sensibles del país.
