La crisis del PAMI encendió nuevas alarmas dentro y fuera del Gobierno. La obra social de los jubilados enfrenta un agujero financiero estimado en $1,2 billones, mientras crecen los reclamos de prestadores por atrasos, aranceles y dificultades para sostener la atención.
La situación afecta a una institución que brinda cobertura médica y social a más de cinco millones de jubilados y pensionados. Al mismo tiempo, el Gobierno introdujo cambios en puestos importantes de su estructura.
El problema financiero tiene uno de sus principales antecedentes en la eliminación del Impuesto PAIS. Según fuentes con acceso a las cuentas del organismo, el PAMI habría recibido durante este año unos $2,8 billones provenientes de ese tributo.
Sin embargo, la compensación presupuestaria prevista sería de alrededor de $1,6 billones. La diferencia entre ambas cifras alcanza los $1,2 billones y aparece como uno de los factores centrales de la crisis que atraviesa el organismo.
La asistencia del Tesoro al PAMI cayó en términos reales
Los datos de ejecución presupuestaria aportan otra dimensión del problema.
Según el análisis citado de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta julio la asistencia financiera del Tesoro al PAMI alcanzó los $0,9 billones. Esto representó una caída del 28,7% en términos reales frente al mismo período de 2025.
Durante julio, en tanto, la asistencia fue de aproximadamente $0,1 billones, con una reducción interanual real del 16,8%.
La combinación entre menores recursos y mayores necesidades de atención coloca al PAMI frente a un escenario complejo. También alimenta las advertencias de sectores técnicos y prestadores sobre la sostenibilidad del sistema.
La advertencia sobre una “bomba” dentro del Gobierno
La situación llegó también al análisis televisivo. Durante el programa Odisea Argentina, Carlos Pagni y Francisco Olivera pusieron el foco sobre el deterioro financiero de la obra social.
Olivera describió al PAMI como una “bomba” que se estaría incubando y sostuvo que el sistema atraviesa desde hace meses una verdadera crisis.
En ese análisis apareció además una cuestión central: el impacto que tendría sobre las cuentas públicas una mayor asistencia del Tesoro.
Según lo relatado durante el programa, el ministro de Salud, Mario Lugones, habría discutido con el ministro de Economía, Luis Caputo, las necesidades presupuestarias del organismo. La estimación mencionada fue contundente: el PAMI necesitaría alrededor de 40% más de presupuesto para funcionar en mejores condiciones.
Ese incremento pondría al Gobierno frente a una tensión política y económica: aumentar los recursos destinados a la obra social sin comprometer su objetivo de equilibrio fiscal.
Clínicas y prestadores advierten sobre las consecuencias
Los problemas financieros comenzaron a trasladarse a la atención sanitaria.
Uno de los casos mencionados es el Sanatorio Concordia, en Entre Ríos, que dejó de prestar servicios al PAMI. La situación afecta a unos 15.000 beneficiarios que se atendían allí.
También existen dificultades denunciadas en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires.
Silvia D’Agostino, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, sostuvo que el PAMI perdió una fuente importante de financiamiento con la eliminación del Impuesto PAIS.
Además, señaló que la reducción presupuestaria impidió actualizar adecuadamente los aranceles y afirmó que el sector necesitaría una recomposición superior al 100% para recuperar su funcionamiento.
En Neuquén, diputados provinciales reclamaron al Gobierno nacional que garantice la continuidad y calidad de las prestaciones. También denunciaron una deuda de aproximadamente $1.500 millones con clínicas de esa provincia.
Cambios en la conducción en plena crisis del PAMI
En medio de este escenario, el Gobierno concretó modificaciones en la estructura del organismo.
Juan Cruz Montero dejó la Coordinación Ejecutiva del PAMI para concentrarse en su candidatura en las elecciones del Club Atlético Vélez Sarsfield. Fue reemplazado por Verónica Pérez, quien se desempeñaba como directora de la Unidad de Gestión Local VIII de San Martín.
El desembarco de Pérez tuvo además una señal política: fue presentada ante los equipos del organismo acompañada personalmente por Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei.
Según la información disponible, el objetivo oficial es mantener la continuidad de la gestión y evitar modificaciones generales en la estructura del organismo.
Montero, por su parte, integra la lista opositora ADN Azul y Blanco y buscará competir por la conducción de Vélez en las elecciones previstas para noviembre.
Otra renuncia en un organismo bajo presión
El movimiento no terminó con la salida de Montero.
También presentó su renuncia María Florencia Zicavo, quien ocupaba la Sindicatura General del PAMI. Su salida fue atribuida oficialmente a motivos personales y todavía no se informó quién ocupará ese cargo.
Zicavo había llegado al organismo junto con Montero después de desempeñarse en la Secretaría de Justicia durante la gestión de Sebastián Amerio. También tuvo participación en una investigación relacionada con el caso $LIBRA.
Desde el Gobierno sostienen que las modificaciones no implican un cambio en la orientación del PAMI. Sin embargo, el recambio se produce en un momento especialmente delicado.
El dilema entre el PAMI y el superávit fiscal
La crisis abre una discusión que excede la administración interna de la obra social.
El interrogante es hasta qué punto puede sostenerse el actual esquema financiero si los recursos disponibles resultan insuficientes para mantener las prestaciones.
Para el Gobierno, incrementar significativamente las transferencias al PAMI podría entrar en tensión con uno de los pilares de su programa económico: el equilibrio fiscal.
Para los jubilados, clínicas y prestadores, en cambio, la discusión tiene consecuencias inmediatas sobre medicamentos, tratamientos, internaciones y acceso a servicios médicos.
Con un faltante estimado en $1,2 billones, una asistencia del Tesoro que cayó en términos reales y prestadores que reclaman una actualización de sus ingresos, la crisis del PAMI se convierte en uno de los desafíos sociales y presupuestarios más sensibles que enfrenta el Gobierno.
Y la magnitud del problema resulta todavía mayor por una razón elemental: detrás de las cuentas del organismo está la cobertura sanitaria de más de cinco millones de jubilados y pensionados.
