La empresa controlada por Nicolás “Nicky” Caputo avanzó con cerca de 300 despidos en sus plantas de Río Grande. El Gobierno de Tierra del Fuego dictó la conciliación obligatoria por 15 días y suspendió las cesantías. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el empleo vinculado al Régimen de Promoción Industrial fueguino habría caído a la mitad.
La crisis industrial en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo con cerca de 300 despidos en Mirgor, una de las principales compañías del polo electrónico de Río Grande. La decisión provocó protestas, asambleas y medidas de fuerza, hasta que el Ministerio de Trabajo y Empleo provincial dispuso una conciliación obligatoria por 15 días.
El Grupo Mirgor, controlado por Nicolás “Nicky” Caputo, comunicó las desvinculaciones en sus plantas de Río Grande. Según la información difundida, 223 trabajadores correspondían al establecimiento de calle Einstein y otros 73 al de calle Malvinas.
La magnitud de la medida encendió las alarmas en una provincia golpeada por la caída de la actividad industrial y el empleo.
Mirgor: despidos y trabajadores que no pudieron ingresar
Los empleados se encontraron con la noticia al llegar a cumplir su jornada laboral. Las tarjetas de acceso de los trabajadores alcanzados por la medida fueron rechazadas por el sistema.
La situación también afectó a representantes sindicales. Distintas fuentes señalaron que delegados vinculados a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) quedaron impedidos de ingresar a los establecimientos.
Desde las primeras horas comenzaron las concentraciones frente a las instalaciones de Mirgor. En la planta de calle Einstein hubo un corte de tránsito a la altura de Don Bosco y también se registraron manifestaciones frente al establecimiento de calle Malvinas.
La protesta derivó en asambleas y medidas de fuerza mientras los representantes gremiales reclamaban la intervención de las autoridades laborales.
Conciliación obligatoria: los despidos quedan suspendidos
Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego dictó una conciliación obligatoria por 15 días, dejando en suspenso las desvinculaciones.
La medida establece que durante ese período los trabajadores deben continuar ingresando a sus puestos y que las partes deben evitar acciones que profundicen el conflicto.
La cartera laboral provincial también convocó a una audiencia para intentar encauzar la situación y sostuvo que su objetivo es preservar los puestos de trabajo ante el complejo escenario que atraviesa la industria fueguina.
La conciliación representa un alivio inmediato para las familias afectadas, pero no resuelve el problema de fondo: el fuerte deterioro del entramado industrial y laboral de Tierra del Fuego.
Mirgor responsabilizó a la UOM
La empresa, por su parte, vinculó las cesantías con el conflicto sindical y responsabilizó a la conducción de la UOM por el incumplimiento de acuerdos destinados a evitar nuevas medidas de fuerza.
De acuerdo con la posición empresarial recogida en los textos, Mirgor aseguró que los trabajadores despedidos serían reemplazados mediante nuevas contrataciones, por lo que sostuvo que la medida no tendría como objetivo una reducción neta de la dotación.
Este argumento agrega un elemento particular al conflicto: no se trataría solamente de una disputa por la cantidad de puestos de trabajo, sino también por quiénes ocuparán esos puestos y bajo qué condiciones laborales y sindicales.
Una crisis industrial que golpea a Tierra del Fuego
Los casi 300 despidos se producen en un escenario mucho más amplio.
Según los datos consignados en las fuentes, cuando Javier Milei asumió la Presidencia, los empleos directos e indirectos generados por el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego rondaban los 12.000. Actualmente, serían aproximadamente la mitad.
Las estimaciones mencionadas en los textos advierten incluso que, si continúa la tendencia, la cifra podría reducirse a unos 3.000 puestos durante el próximo año.
La apertura de las importaciones y los cambios que afectan al régimen industrial fueguino aparecen entre los factores señalados para explicar una crisis considerada como una de las más profundas de las últimas décadas.
El impacto trasciende a los trabajadores directamente afectados. Río Grande tiene una fuerte dependencia de la actividad manufacturera, particularmente de las industrias electrónica, metalúrgica y de autopartes.
Por eso, cada reducción de personal repercute también sobre comercios, servicios, alquileres y el conjunto de la economía local.
Mirgor ya había reducido personal
La nueva crisis tampoco constituye un episodio aislado.
Mirgor ya había avanzado anteriormente con reducciones de su plantilla. En febrero se habían registrado 68 despidos de supervisores y posteriormente la compañía abrió un programa de retiros voluntarios.
El conflicto con los supervisores tenía antecedentes desde 2023, cuando se planteó el cambio de rama de trabajadores, desde autopartistas hacia electrónica, una modificación cuestionada por la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica, Metalúrgica y Minera (ASIMRA) debido al impacto que podía tener sobre las remuneraciones.
En mayo, además, la compañía impulsó un esquema de retiros voluntarios al que inicialmente habrían adherido alrededor de 20 trabajadores.
La nueva tanda de cesantías vuelve ahora a colocar el futuro laboral de las plantas en el centro de la discusión.
Cuatro plantas y un peso clave en Río Grande
Mirgor posee cuatro establecimientos industriales en Río Grande, donde produce componentes electrónicos, autopartes, teléfonos celulares y computadoras, entre otros bienes.
La compañía también cuenta con instalaciones industriales en Garín, Baradero y Bolívar y tiene su sede administrativa en la Ciudad de Buenos Aires.
Su dimensión convierte al conflicto en un indicador particularmente significativo sobre la situación del entramado fabril fueguino.
La industria argentina acumula conflictos y despidos
El caso Mirgor se conoce además en momentos en que otras actividades industriales enfrentan problemas similares.
En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los sindicatos vinculados a Granja Tres Arroyos denunciaron otras 250 desvinculaciones y advirtieron que la cantidad de trabajadores afectados podría llegar a 500.
En esa planta trabajan alrededor de 900 personas.
La Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el sindicato local reclamaron preservar las fuentes laborales y advirtieron que los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste de la crisis empresarial.
Los conflictos de Tierra del Fuego y Entre Ríos vuelven así a poner sobre la mesa una preocupación que atraviesa distintos sectores: la pérdida de empleo industrial en un contexto de caída del consumo y deterioro de la actividad productiva.
Milei vs. trabajadores de Tierra del Fuego: el riesgo de perder empleo industrial
La conciliación obligatoria frenó temporalmente los despidos de Mirgor, pero los próximos 15 días serán decisivos para conocer si existe una salida al conflicto.
Para Tierra del Fuego, la discusión supera ampliamente el destino inmediato de 300 trabajadores.
La reducción sostenida del empleo vinculado al Régimen de Promoción Industrial pone en juego el futuro productivo de Río Grande y de una provincia cuya estructura económica depende en buena medida de la industria.
La continuidad de la pérdida de puestos laborales podría, además, impulsar la emigración de familias en busca de empleo hacia otras regiones del país.
