El Poder Ejecutivo recurrirá ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la resolución que le dio cinco días para cumplir de manera completa una cautelar sobre salarios y becas universitarias. La Casa Rosada sostiene que ya acató la medida y analiza pedir que la apelación suspenda los efectos de la intimación. El conflicto se desarrolla mientras continúa la discusión salarial y comienza el debate por el Presupuesto 2027.
El Gobierno apelará la resolución del juez Cormick
El Gobierno nacional apelará la resolución judicial que lo intimó a cumplir, en un plazo de cinco días, la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La decisión que será cuestionada fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.
El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no cumplió de manera completa la cautelar. Además, advirtió que podrá aplicar sanciones económicas diarias si la administración nacional no acata la orden dentro del plazo establecido.
La Casa Rosada mantiene una posición diferente. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya cumplió con las obligaciones dispuestas y presentó ante la Justicia la documentación destinada a acreditarlo.
Ese argumento será uno de los ejes de la apelación.
La Casa Rosada analiza pedir un efecto suspensivo
El Ministerio de Capital Humano también analiza solicitar que la apelación tenga efecto suspensivo.
La definición resulta relevante porque determinará si la intimación del juez continúa vigente mientras la Cámara analiza el recurso presentado por el Gobierno.
“Estamos estudiando el tema”, indicaron funcionarios nacionales consultados sobre esa posibilidad.
Por el momento, según la información disponible, el Ejecutivo no resolvió si incorporará ese pedido a su presentación.
La discusión actual no modifica la cautelar original, que quedó firme. En diciembre de 2025, Cormick ordenó aplicar inmediatamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
Esos artículos están vinculados con la recomposición salarial del personal docente y no docente y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
Una cautelar que quedó firme tras la intervención de la Corte
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión de primera instancia. Posteriormente, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado porque no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
De esta manera, la medida cautelar continúa vigente mientras permanece pendiente la resolución del litigio de fondo.
La controversia principal se relaciona con el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, pero condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes necesarias para afrontar el gasto.
Las universidades cuestionaron esa disposición y sostienen que es inconstitucional.
El acuerdo de junio y una recomposición del 24,33%
En junio, el Gobierno intentó demostrar avances en el cumplimiento de las obligaciones reclamadas.
El 10 de ese mes, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios firmaron un acta que contempló una recomposición del 24,33% de la masa salarial.
El acuerdo también estableció una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas destinadas a hospitales universitarios y becas.
A partir de ese entendimiento, el Estado solicitó que se levantara la cautelar. El argumento oficial fue que las circunstancias que habían motivado su dictado se habían modificado.
Sin embargo, el 1 de septiembre Cormick rechazó el planteo. El juez consideró que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial ni a los perjuicios denunciados por las universidades.
La negociación salarial volvió a quedar trabada
El conflicto tuvo otro capítulo el 17 de septiembre. El Ejecutivo mantuvo una oferta adicional del 3% para los salarios universitarios y anticipó que la aplicaría incluso sin acuerdo.
Los sindicatos rechazaron la propuesta y sostienen que continúa existiendo una diferencia respecto de la recomposición salarial que consideran necesaria.
La disputa judicial transcurre, por lo tanto, en paralelo con una negociación salarial que permanece sin resolución.
Presupuesto 2027: $7,349 billones frente al reclamo de $11 billones
Otro escenario de discusión será el debate parlamentario del Presupuesto 2027.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
El Consejo Interuniversitario Nacional, en cambio, calcula que se requieren cerca de $11 billones.
La estrategia oficial apunta a abrir una instancia de negociación durante el tratamiento presupuestario con los rectores y los bloques aliados. Un eventual acuerdo podría ser presentado ante la Justicia como una nueva circunstancia dentro del conflicto.
De todos modos, cualquier modificación de la cautelar vigente deberá ser resuelta por los tribunales.
Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre
Mientras continúa la disputa judicial y presupuestaria, las universidades públicas y los sindicatos mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la realización de una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
El conflicto queda así abierto en tres ámbitos simultáneos: la Justicia, la negociación salarial y el Congreso.
El próximo movimiento será la apelación del Gobierno contra la intimación de Cormick. Al mismo tiempo, la Casa Rosada deberá definir si solicita que la orden quede suspendida mientras interviene la Cámara.
La resolución de esa instancia será relevante para determinar cómo continúa la aplicación de la cautelar mientras sigue pendiente el debate de fondo sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
