El gobierno nacional suspendió el decreto 690/2026 que desregulaba el trabajo de los prácticos portuarios y alcanzó un acuerdo con los representantes del sector que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
Además, se levantó la medida de fuerza de los prácticos que habían paralizado las operaciones en los principales puertos del país.
Los prácticos, encargados de asistir a los capitanes de los buques en las entradas y salidas de los puertos, entre otras tareas, habían dispuesto un paro por tiempo indeterminado en todo el país desde este lunes 3 de agosto, que había dejado sin poder operar a más de 185 embarcaciones.
Se indicó que entre 50 mil y 100 mil dólares es el costo de cada barco por día sin poder entrar al puerto.
El alcance de la medida
La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos desde los que se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.
Entre las operaciones suspendidas figuró la del buque White Marlin, que debía intervenir en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
El principal cuello de botella era el flujo de combustible desde las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia, desde donde se abastece gran parte de la Patagonia sur.
Fuentes del sector admitieron que, sí se extendía el conflicto, el riesgo de desabastecimiento en el sur del país era real.
Un decreto que vulnera derechos
El ahora suspendido decreto 690/2026 del Ministerio de Transformación y Desregulación sostenía que se busca “modernizar una normativa vigente desde 1991, quitar restricciones que limitaban la competencia y reducir los costos logísticos que afectan al comercio exterior”.
La reforma elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios.
Desde la oposición al decreto, el presidente de la Cámara de Practicaje y Pilotaje, John Ryan, sostuvo que “la seguridad de la navegación y la seguridad individual se encuentran enormemente vulneradas con esta nueva regla”.
Añadió que “desde 1991 el servicio está desregulado, la cantidad de prácticos que pueden entrar al sistema no tiene límites”.
Además, sostuvo que las tarifas del servicio están reguladas por el Estado Nacional desde 2018 y que los valores actuales funcionan como topes máximos, no como precios que los prácticos pueden fijar libremente.
“Todo fue hecho con mala intención”
En tanto, el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, indicó que “este conflicto le ha costado al país un promedio de U$100 mil por buque: a 180 buques, la suma equivale a U$180 millones”.
Morales dijo que “fue un decreto mal hecho, mal redactado, con mala intención, con un fin netamente publicitario de mostrar una política de desregulación”.
Además, indicó que la medida del ministro Sturzenegger “terminaba poniendo a los prácticos en condiciones de una inseguridad muy grande, porque aumentaba el tamaño de buques que podían navegar sin práctico y permitía que buques extranjeros, en algunas condiciones, entraran sin práctico”.
Morales se refirió a la fijación de topes y a la intervención estatal en los contratos entre partes privadas y señaló que “es un trabajo caro, muy profesional, pero hay un mercado que lo paga, y el mercado que lo paga es privado. Entonces, estamos en que los reyes del liberalismo se meten a negociar la relación entre privados con excusas tontas y falaces como que encarece el costo argentino”.
