La situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) volvió a quedar en el centro del debate público tras una serie de denuncias internas por recortes presupuestarios, paralización de proyectos estratégicos, designaciones cuestionadas y posibles avances privatizadores sobre activos vinculados al desarrollo nuclear argentino.
Trabajadores, profesionales y sectores técnicos del organismo advierten que desde la llegada del ingeniero Martín Porro a la presidencia de la CNEA en 2026 se profundizó un proceso de reestructuración que, según sostienen, desplazó el eje histórico de la institución: la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la soberanía nuclear.
Denuncias por recortes y pérdida de capacidad técnica
Las críticas apuntan a que la nueva conducción incorporó funcionarios sin experiencia específica en energía atómica en áreas sensibles como administración, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, mientras sectores científicos estratégicos sufren recortes y freno de proyectos clave.
Uno de los focos de preocupación es el posible vencimiento de alrededor de 350 contratos en junio, situación que podría afectar a personal altamente especializado en materia nuclear.
La Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEA) difundió un documento en el que alertó sobre la pérdida de recursos humanos críticos para el funcionamiento del organismo y el avance de un proceso de vaciamiento técnico.
Desde el gremio sostienen que la continuidad de estos profesionales resulta indispensable para sostener capacidades estratégicas acumuladas durante décadas en áreas de alta complejidad científica.
Proyectos estratégicos paralizados
Entre las principales preocupaciones aparece la paralización de desarrollos considerados centrales para el sistema nuclear argentino.
Los trabajadores denuncian demoras y falta de financiamiento para iniciativas como:
- El proyecto de enriquecimiento de uranio.
- El reactor multipropósito RA-10.
- El reactor modular CAREM-25.
- Programas de investigación y formación de especialistas nucleares.
Según señalan desde sectores técnicos, el deterioro presupuestario impacta directamente sobre la capacidad del país para sostener autonomía tecnológica en un área considerada estratégica.
Además, alertan que la pérdida de científicos, ingenieros y técnicos especializados podría provocar daños difíciles de revertir a mediano y largo plazo.
Cuestionamientos a funcionarios designados
Entre las incorporaciones más cuestionadas figura León Javier Grinspun, designado al frente de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
De acuerdo con las denuncias internas, el abogado habría participado previamente en procesos de auditoría y reorganización en distintos organismos estatales, incluido el INADI, y posteriormente fue incorporado al directorio de Nucleoeléctrica Argentina.
También surgieron objeciones hacia Felipe Randle, actual titular de la Gerencia de Área de Articulación Institucional, por la supuesta falta de antecedentes específicos en el sector nuclear.
En paralelo, sectores gremiales mencionaron a Ignacio Bruera como uno de los funcionarios con influencia sobre decisiones vinculadas a desarrollos tecnológicos y estructuras empresariales asociadas a la actividad nuclear.
Las críticas también alcanzaron al secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, cuya idoneidad fue cuestionada por trabajadores y especialistas del organismo.
Temor por privatización de activos nucleares
Otro de los puntos que generó mayor alarma dentro de la CNEA fue la apertura del procedimiento denominado “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”.
Según denuncian los trabajadores, este mecanismo habilitaría a empresas privadas nacionales y extranjeras a solicitar autorizaciones para evaluar activos estratégicos del sector nuclear argentino como paso previo a eventuales procesos de privatización.
La preocupación aumentó tras la reciente visita de funcionarios estadounidenses a instalaciones nucleares argentinas.
En ese marco, sectores sindicales como ATE denunciaron la existencia de presuntos acuerdos vinculados a minerales críticos y recursos estratégicos asociados al desarrollo nuclear.
Además, advirtieron sobre un posible alineamiento geopolítico con Washington que podría impactar sobre proyectos nacionales sensibles, entre ellos el reactor RA-10 y otros desarrollos tecnológicos considerados estratégicos para la soberanía energética y científica argentina.
Reclamo salarial y alerta en el sistema científico
La crisis también se refleja en el deterioro salarial del personal nuclear. Trabajadores de la CNEA denuncian que, al igual que en el resto de la Administración Pública Nacional, los salarios quedaron fuertemente rezagados frente a la inflación y sufrieron un acelerado proceso de pérdida de poder adquisitivo.
En ese contexto, desde el organismo advierten que la combinación de ajuste presupuestario, salarios deteriorados y fuga de profesionales especializados pone en riesgo capacidades científicas construidas durante décadas.
El conflicto suma tensión dentro del sistema científico nacional y reabre el debate sobre el futuro de la política nuclear argentina, un sector históricamente considerado estratégico para el desarrollo tecnológico, energético e industrial del país.
