Un memorándum ratificado por el Gobierno de Javier Milei habilitó la cooperación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos con el organismo que fiscaliza 32 represas argentinas. El acuerdo, la privatización de centrales hidroeléctricas, la extranjerización de tierras y el creciente valor del agua para los centros de datos de inteligencia artificial abren interrogantes sobre el control de recursos estratégicos. El caso ya llegó al Parlamento del Mercosur.
La presencia de Estados Unidos en las represas argentinas dejó de ser solamente una discusión técnica para convertirse en un debate sobre soberanía, recursos naturales e información estratégica. El 7 de marzo de 2024, el Gobierno de Javier Milei ratificó un Memorándum de Entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).
El acuerdo contempla cooperación en materia de seguridad de presas y alcanza a Alicurá y otras 31 represas fiscalizadas por el organismo argentino. Pero el interrogante que comenzó a crecer es mucho más amplio: ¿qué documentación, información técnica y datos vinculados con infraestructura hidráulica y recursos hídricos argentinos pueden quedar a disposición de un organismo perteneciente al aparato militar estadounidense.
La cuestión adquiere mayor dimensión porque ocurre simultáneamente con la privatización de centrales hidroeléctricas, la venta de activos estatales y una fuerte presencia de capitales extranjeros sobre tierras de alto valor ambiental e hídrico.
El acuerdo entre el USACE y el ORSEP
El memorándum fue firmado por el titular del ORSEP, Adriano Borus, el 7 de marzo de 2024, mientras que la contraparte estadounidense ya lo había firmado el 1° de febrero de ese año.
Un aspecto particularmente controvertido es que el documento fue suscrito originalmente en inglés. Según el material analizado, el organismo argentino recibió una versión en castellano recién el 15 de abril de 2024, más de un mes después de la firma.
La controversia no se limita al idioma. El punto central consiste en determinar cuáles fueron las condiciones aceptadas por la Argentina, qué compromisos asumió el Estado y cuáles son las facultades concretas del USACE.
El Cuerpo de Ingenieros forma parte del Ejército estadounidense y desarrolla tareas relacionadas con ingeniería, infraestructura y asistencia técnica. Su participación en un esquema vinculado con represas argentinas abrió así interrogantes sobre el alcance efectivo de la cooperación.
El Parlamento del Mercosur pide explicaciones
La preocupación llegó al Parlamento del Mercosur, donde se presentó un pedido de informes impulsado por Gabriel Fucks y acompañado por Franco Metaza, Gustavo Arrieta, Cecilia Nicolini, Ricardo Branda y Raúl Bittel.
El proyecto reclama conocer qué documentación, estudios y datos técnicos fueron entregados o puestos a disposición del USACE, quién produjo esa información, quién la recibió y bajo qué mecanismos fue custodiada.
También busca determinar cuáles son las cláusulas de confidencialidad del memorándum y si resultan compatibles con la legislación argentina sobre acceso a la información pública.
Otro interrogante apunta directamente al poder regulatorio: los parlamentarios quieren saber si el organismo estadounidense participó o podría participar en la elaboración, modificación o actualización de normas, protocolos o reglamentos argentinos sobre seguridad de presas.
Alicurá, en el centro de la disputa
Entre las centrales alcanzadas por el esquema aparece Alicurá, sobre el río Limay, una pieza estratégica del sistema hidroeléctrico del Comahue.
Su importancia excede ampliamente la producción eléctrica. La represa integra un sistema de regulación de caudales de una de las principales cuencas patagónicas, por lo que su funcionamiento tiene impacto sobre poblaciones, actividades económicas y ecosistemas aguas abajo.
El escenario adquirió una nueva dimensión con el proceso de privatización de las hidroeléctricas impulsado por el Gobierno nacional. Alicurá fue concesionada al Grupo Neuss, encabezado por Juan y Patricio Neuss.
De esta manera convergen dos procesos: la explotación privada de una infraestructura energética estratégica y un acuerdo de cooperación con un organismo estadounidense sobre seguridad de presas.
La pregunta inevitable es quién controla cada dimensión de una infraestructura que administra simultáneamente electricidad, agua, territorio e información estratégica.
Más de 214.600 hectáreas de Neuquén en manos de capitales estadounidenses
El mapa territorial agrega otro elemento.
Según el relevamiento citado del Observatorio de la Tierra, los capitales estadounidenses poseen aproximadamente 214.600 hectáreas en Neuquén, equivalentes al 42,6% de las tierras extranjerizadas de la provincia.
La concentración se registra especialmente en los departamentos de Lácar, Collón Curá, Ñorquín, Los Lagos y Huiliches, zonas cordilleranas caracterizadas por su elevado valor ambiental y disponibilidad de recursos hídricos.
Solamente Lácar concentraría alrededor de 144.313 hectáreas, mientras que Collón Curá alcanzaría unas 37.412 hectáreas. En Lácar, cerca del 30% de las tierras del departamento estaría bajo propiedad de capitales estadounidenses.
Entre los propietarios mencionados en el relevamiento aparecen la familia Sharp, vinculada a Four Seasons; Ted Turner, fundador de CNN; y Herman Lay, fundador de la compañía que dio origen a Lay’s.
Agua, energía e inteligencia artificial
Existe además un nuevo factor que aumenta el valor estratégico de la Patagonia: la expansión mundial de los centros de datos vinculados con inteligencia artificial.
Estas instalaciones necesitan grandes cantidades de electricidad y sistemas de refrigeración capaces de mantener operativos miles de servidores. Como consecuencia, el acceso a energía y agua se transforma en una variable decisiva para localizar grandes infraestructuras tecnológicas.
Neuquén reúne varias condiciones potencialmente atractivas: disponibilidad energética, grandes extensiones territoriales, determinadas condiciones climáticas y acceso a recursos hídricos.
La exdiputada Nancy Parrilli vinculó públicamente la concentración de tierras en Collón Curá con la posibilidad de desarrollar centros de datos de inteligencia artificial.
Sin embargo, es necesario distinguir los hechos comprobados de las hipótesis: la información disponible no demuestra que la compra de esas tierras esté relacionada con proyectos de IA ni que el acuerdo entre el USACE y el ORSEP tenga como finalidad garantizar agua para futuros centros de datos.
Lo que sí existe es una convergencia que merece seguimiento: agua, energía, grandes extensiones territoriales, infraestructura hidroeléctrica e inversiones tecnológicas potencialmente intensivas en recursos.
Laura Richardson y el valor estratégico de los recursos naturales
El debate también recuperó las declaraciones realizadas en 2023 por Laura Richardson, entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien señaló públicamente la importancia estratégica que tienen para Washington recursos latinoamericanos como el litio y el agua dulce.
Aquellas declaraciones generaron cuestionamientos en la Argentina y otros países de la región.
El escenario actual vuelve a colocar esa discusión sobre la mesa porque el USACE mantiene acuerdos de cooperación vinculados con dos áreas particularmente sensibles: las represas y la Vía Navegable Troncal.
La Hidrovía, las represas y otro memorándum
El caso de las centrales hidroeléctricas no aparece aislado.
El mismo 7 de marzo de 2024 en que fue ratificado el memorándum con el ORSEP, el Gobierno argentino también ratificó un acuerdo relacionado con la gobernanza de la Vía Navegable Troncal entre el USACE y la entonces Administración General de Puertos.
El pedido de informes presentado en el Parlamento del Mercosur busca determinar si existe alguna vinculación entre estos acuerdos y las cuencas compartidas, las represas binacionales, el Sistema Acuífero Guaraní, la Hidrovía Paraguay-Paraná y la Vía Navegable Troncal.
La dimensión regional resulta evidente: los sistemas hídricos no respetan fronteras administrativas y cualquier decisión sobre infraestructura, navegación o manejo de cuencas puede tener consecuencias sobre varios países sudamericanos.
Venta de tierras y activos públicos
El acuerdo con el USACE se produce, además, dentro de un proceso más amplio de venta de activos estatales.
Según el segundo texto analizado, el Gobierno avanzó mediante los decretos 950/2024 y 322/2026 con la incorporación de cientos de inmuebles estatales susceptibles de ser vendidos.
De acuerdo con ese material, ya se habían subastado 32 terrenos y edificios públicos, con una recaudación superior a los 351 millones de dólares.
Dentro de ese proceso aparecen también inmuebles considerados estratégicos. Uno de los organismos señalados por la extensión y localización de sus terrenos es el INTA, que posee alrededor de 100.000 hectáreas en todo el país.
La discusión, por lo tanto, excede ampliamente el destino de una represa o un inmueble determinado: involucra el modelo de administración de activos, tierras e infraestructura estratégica del Estado.
La pregunta que el Gobierno todavía debe responder
Con la información disponible, no puede afirmarse que Estados Unidos controle actualmente el agua de Neuquén ni que exista un plan probado para utilizar las represas argentinas en beneficio de futuros centros de datos.
Pero existen hechos concretos.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense mantiene un acuerdo con el organismo encargado de fiscalizar decenas de represas argentinas. Alicurá pasó a explotación privada. Capitales estadounidenses poseen más de 214.600 hectáreas en Neuquén, una parte significativa en zonas de gran valor hídrico. Y la Patagonia reúne condiciones que podrían convertirla en un territorio atractivo para infraestructuras tecnológicas intensivas en energía y agua.
Por eso, la pregunta central no debería reducirse a si Estados Unidos controla hoy el agua argentina.
La cuestión es qué información estratégica está circulando, quién tiene acceso a ella, qué capacidad de intervención establece el memorándum y cuáles podrían ser sus consecuencias futuras sobre las cuencas, las represas y los recursos hídricos nacionales.
En un mundo donde la inteligencia artificial incrementa la demanda de energía, territorio y agua, los ríos patagónicos adquieren un valor económico y geopolítico cada vez mayor.
Y mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza la privatización de activos e infraestructura estratégica, el alcance de la cooperación estadounidense sobre las represas argentinas continúa esperando respuestas públicas.
