Por Eduardo Mariano Lualdi
La llegada del buque petrolero británico VS PROMISE al Puerto de Ushuaia desató un fuerte reclamo del Gobierno de Tierra del Fuego, que además instó al Gobierno nacional a poner fin a la intervención sobre la terminal portuaria.
La llegada y amarre del gigantesco petrolero de bandera británica VS PROMISE en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia desató un fuerte reclamo por parte del Gobierno de Tierra del Fuego. Esta además, instó al Gobierno nacional a ponerle fin a la intervención sobre el puerto de Ushuaia.
Tierra del Fuego cuestionó la presencia del buque británico
El Gobierno provincial emitió un enérgico comunicado en el que repudia y rechaza categóricamente la operación de esta embarcación y subrayó que existe una grave contradicción en la política de defensa del Gobierno nacional.
Para los fueguinos, resulta “inadmisible” que un buque con bandera del Reino Unido opere en el puerto de su propia capital provincial mientras ese país mantiene la ocupación ilegítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Según dicta el comunicado de la provincia, la administración de Javier Milei justificó la intervención nacional del Puerto de Ushuaia —ejecutada a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)— “invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur”. Nación dispuso la intervención el pasado 20 de enero.
El Gobierno provincial exige explicaciones a Nación
El amarre del navío británico llevó a que se solicite al Gobierno nacional que “informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia”.
El Puerto de Ushuaia y su importancia estratégica en el Atlántico Sur
Seguidamente, el comunicado advierte que “Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur”.
Convocó a “todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia. Condición “para impedir que la defensa de la soberanía nacional, sea reducida a una mera declaración retórica”.
Ley Gaucho Rivero: restricciones a los buques británicos
El gobierno de La Libertad Avanza intervino el puerto de Ushuaia a fines de permitir, precisamente, lo que está ocurriendo.
Mientras el puerto estuvo bajo jurisdicción provincial, estuvo regido por la Ley Gaucho Rivero.
Una legislación provincial vinculada al conflicto por Malvinas
La Ley Gaucho Rivero se sancionó primero en la provincia de Tierra del Fuego el 25 de agosto de 2011 y luego en la provincia de Buenos Aires el 2 de agosto de 2012. También lo hicieron Santa Cruz, Chubut y Río Negro, todas provincias con costas sobre el Atlántico Sur. Es una ley de alcance provincial.
El Dr. Julio C. González, cuando fue consultado por los promotores de la condición de ley provincial, se opuso a darle ese carácter.
Señaló, con razón, que el conflicto con el Reino Unido era un conflicto de carácter nacional. Debido a la ocupación ilegal e ilegítima de territorios de indudable soberanía argentina por parte de una potencia colonialista.
Pero desde las autoridades nacionales hubo abierta oposición a darle carácter nacional. Esta oposición fue explícita de parte de las autoridades nacionales de entonces, incluida la Cancillería que actuó en el asunto.
Esta opinión estratégica del Dr. González sobre la Ley Gaucho Rivero fue transmitida a la señora María Delicia Rearte de Giachino, quien compartió el punto de vista del Dr. González.
La ley provincial se impulsó junto al concepto de “provincializar” el conflicto, un enfoque sin duda equivocado que solo buscaba ser “previsibles” ante el invasor inglés.
Los Acuerdos de Madrid y la política hacia el Reino Unido
Esta “estrategia” fue producto de la continuidad de los Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 y 1990 (aun plenamente vigentes), que impusieron el “paraguas británico de soberanía” y a las fuerzas de defensa argentinas, con su instrumento militar, el control de policía de parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El arribo y amarre del petrolero británico es una muestra indiscutible de la política de claudicación nacional del gobierno de La Libertad Avanza ante el colonialismo británico. Se inscribe en la subordinación de Argentina a los intereses políticos, económicos, militares y diplomáticos de EE.UU., el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e Israel.
El Atlántico Sur, Malvinas y los intereses sobre los hidrocarburos
Potencias que buscan garantizarse el dominio del Atlántico Sur y sus pasos interoceánicos fundamentales en un posible conflicto mundial. Además, de rapiñar nuestros recursos hidrocarburíferos en la zona austral, robo que ejecutan las empresas Rockhopper Exploration. asociada con la israelí Navitas Petroleum en el proyecto offshore Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte del archipiélago Malvinas.
Esa claudicación nacional es sostenida por el actual ministro de “indefensión” nacional, Teniente General Carlos Alberto Presti, quien ha involucrado a las Fuerzas Armadas en el proyecto de desintegración y fragmentación territorial de los hermanos Milei y su gabinete, para favorecer los objetivos coloniales e imperialistas de la triada Washington/Londres/Tel Aviv.
La Ley Gaucho Rivero y el debate sobre su alcance nacional
La Ley Gaucho Rivero de revestir carácter nacional, habría creado mejores condiciones para impedir que en cualquier puerto argentino, buques británicos del tipo que fuera, recalen y abastezcan, usando a nuestra propia nación de sostén logístico de su ocupación colonial de nuestros territorios.
