El petrolero VS Promise, de bandera británica, amarró y fue abastecido en el puerto de Ushuaia. La operación abrió una fuerte controversia entre Tierra del Fuego y el Gobierno nacional. Los sindicatos APDFA y SUTAP denunciaron que se vulneró la Ley Gaucho Rivero y reclamaron la intervención de la Justicia fueguina.
La presencia del buque británico VS Promise en Ushuaia abrió una nueva disputa política y jurídica. El conflicto involucra al Gobierno nacional, Tierra del Fuego y organizaciones sindicales.
El petrolero tiene 228 metros de eslora y capacidad para transportar alrededor de medio millón de barriles de crudo. Antes de llegar a Ushuaia, operó en el norte de Tierra del Fuego.
El caso adquirió una dimensión mayor por dos razones. Por un lado, el puerto de Ushuaia está intervenido por el Gobierno nacional desde enero. Por otro, existe una discusión sobre el alcance de la Ley Provincial N.º 852, conocida como Ley Gaucho Rivero.
Los sindicatos APDFA y SUTAP repudiaron la permanencia y el abastecimiento del barco. Además, reclamaron que las responsabilidades por la autorización sean investigadas por la Justicia provincial.
El VS Promise y su paso por Tierra del Fuego
El VS Promise es un buque tanque destinado al transporte de petróleo crudo. Tiene aproximadamente 228,6 metros de eslora y 32,57 metros de manga.
Según la información consignada en los textos analizados, el barco está registrado en la Isla de Man, una dependencia autónoma de la Corona británica. Antes de llegar a Ushuaia, la embarcación estuvo en la zona de Río Cullen. Allí funciona una terminal vinculada con la producción hidrocarburífera de la Cuenca Marina Austral.
Los registros mencionados en los documentos indican que el buque partió de la zona de Río Cullen el 13 de agosto. Luego realizó maniobras y permaneció en aguas del Canal Beagle.
Finalmente, atracó en el muelle comercial de Ushuaia durante la mañana del 24 de agosto.
APDFA y SUTAP denuncian una violación a la Ley Gaucho Rivero
La presencia del petrolero generó una dura reacción sindical.
La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) difundieron un comunicado conjunto.
Ambas organizaciones repudiaron la permanencia y el abastecimiento del barco en Ushuaia.
Los sindicatos sostienen que la operación habría infringido la Ley Gaucho Rivero. Esa norma establece restricciones vinculadas con determinados buques relacionados con intereses británicos y la explotación de recursos naturales.
Para APDFA y SUTAP, quienes autorizaron el ingreso podrían quedar alcanzados por sanciones provinciales.
Por ese motivo, reclamaron que la situación sea evaluada por la Justicia de Tierra del Fuego.
Los sindicatos reclaman que el puerto vuelva a Tierra del Fuego
La controversia también reavivó el conflicto por la administración del puerto de Ushuaia.
La terminal se encuentra bajo intervención nacional. Su gestión está actualmente en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
APDFA y SUTAP cuestionaron esa situación y exigieron la restitución del puerto a la Provincia.
El reclamo excede la discusión administrativa. Para las organizaciones gremiales, el control del puerto está directamente relacionado con la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
También vincularon el episodio con la explotación de recursos naturales y con la disputa histórica por las Islas Malvinas.
Tierra del Fuego calificó el episodio de “inadmisible”
El Gobierno fueguino también rechazó la presencia del petrolero.
La administración provincial calificó como “inadmisible” que una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital fueguina.
La Provincia remarcó el valor estratégico de Ushuaia. Su ubicación resulta central para la proyección argentina sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
Además, sostuvo que las decisiones vinculadas con el puerto no pueden separarse de esa realidad geopolítica.
El Ejecutivo provincial también cuestionó las decisiones adoptadas desde el Gobierno nacional. Advirtió que continuará defendiendo sus competencias y los derechos soberanos argentinos.
El Gobierno nacional niega que se haya violado la ley
La Casa Rosada rechazó las acusaciones.
El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el VS Promise no violó ninguna norma. Según su explicación, el petrolero había trabajado previamente en territorio argentino.
Ravier sostuvo que el buque cargó petróleo crudo en el norte fueguino. Posteriormente, pasó por Ushuaia para aprovisionarse.
El Gobierno nacional planteó una interpretación diferente sobre la Ley Gaucho Rivero.
Según Ravier, la normativa no impide el ingreso de cualquier embarcación relacionada con el Reino Unido. Afirmó que las restricciones alcanzan a los buques vinculados con actividades de exploración o explotación en la Cuenca Malvinas.
Por lo tanto, para la Casa Rosada, la operación del VS Promise no implicó una vulneración de la legislación provincial.
Nación responsabiliza también al Gobierno fueguino
El vocero presidencial agregó otro elemento a la controversia. Sostuvo que la embarcación había operado previamente en una monoboya ubicada bajo jurisdicción provincial. Por ese motivo, afirmó que el Gobierno fueguino también intervino en la autorización de la operación.
Este punto abrió un nuevo frente en la disputa.
La Provincia responsabiliza a la intervención nacional por el amarre en Ushuaia. Nación, en cambio, señala que organismos provinciales tuvieron participación previa en la operatoria hidrocarburífera.
Así, el debate ya no gira solamente alrededor de la nacionalidad del barco. También alcanza a la cadena de autorizaciones administrativas y operativas.
La ruta petrolera del VS Promise
El caso incorpora además interrogantes sobre la actividad petrolera offshore.
La documentación analizada señala que el VS Promise estuvo previamente en la zona de Río Cullen. Allí se encuentra infraestructura utilizada para la producción y exportación de hidrocarburos.
En la Cuenca Marina Austral operan importantes compañías energéticas internacionales.
Entre ellas se encuentran TotalEnergies, Pan American Energy y activos que pertenecieron a Wintershall Dea.
La estructura empresarial adquirió mayor sensibilidad política después del ingreso de Harbour Energy en activos que pertenecían a Wintershall Dea.
La compañía británica tuvo anteriormente participación en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas.
Ese antecedente agrega una dimensión geopolítica al debate sobre las operaciones hidrocarburíferas en el extremo sur argentino.
Las preguntas que deja el buque británico en Ushuaia
Más allá de las posiciones enfrentadas, el episodio deja varios interrogantes que requieren información oficial.
Uno de ellos es quién contrató al VS Promise para participar de la operación petrolera.
También resta conocer con precisión qué organismos emitieron las autorizaciones correspondientes.
Otro punto central es determinar qué actividad realizó el petrolero antes de su llegada a Ushuaia. Además, deberá aclararse qué organismos provinciales y nacionales intervinieron durante cada etapa.
Finalmente, existe una cuestión jurídica que atraviesa toda la controversia: si las operaciones realizadas por el VS Promise quedan alcanzadas o no por las restricciones establecidas en la Ley Gaucho Rivero.
Malvinas, petróleo y soberanía en el centro de la polémica
La controversia trasciende el amarre de un barco.
Ushuaia ocupa una posición estratégica para la Argentina. Es una puerta de entrada a la Antártida y un punto central para la presencia nacional en el Atlántico Sur.
Por eso, la llegada de un petrolero de bandera británica adquiere una dimensión política especial.
APDFA y SUTAP reclaman que la Justicia fueguina investigue las autorizaciones. El Gobierno provincial cuestiona la actuación de Nación. La Casa Rosada, en cambio, sostiene que no existió ninguna violación legal.
En el medio permanece una pregunta central: quién autorizó cada etapa de la operación del VS Promise y bajo qué marco jurídico lo hizo.
La respuesta será determinante para establecer si se trató de una operación portuaria legal o si existieron responsabilidades administrativas vinculadas con la Ley Gaucho Rivero.
Mientras esas respuestas no sean públicas, el buque británico VS Promise en Ushuaia seguirá siendo mucho más que una escala logística. El episodio vuelve a colocar en discusión el control de los puertos, los hidrocarburos y la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
