La crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de Argentina, continúa agravándose y ya afecta a miles de trabajadores en Entre Ríos y Buenos Aires. Con plantas paralizadas, salarios adeudados, despidos, incertidumbre financiera y una creciente preocupación por el futuro de la actividad, dirigentes sindicales, políticos e intendentes reclamaron una intervención urgente para evitar el colapso de uno de los principales complejos industriales del país.
En este contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) reunió a representantes sindicales, empresarios y dirigentes políticos para conformar una mesa sectorial destinada a analizar la situación de la industria avícola y elaborar propuestas que permitan preservar la producción y las fuentes laborales.
La CGT conformó una mesa de crisis por la industria avícola
El encuentro se realizó en la sede nacional de la CGT y reunió a trabajadores del sector, integrantes de la conducción de la central obrera, representantes de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y referentes políticos de Entre Ríos.
El objetivo fue analizar el impacto de la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos, particularmente en la planta La China de Concepción del Uruguay, donde la paralización de la producción dejó sin actividad a cerca de 950 trabajadores.
Los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar soluciones financieras, legislativas e institucionales que permitan sostener la actividad y evitar nuevos despidos.
Guillermo Michel advirtió sobre el impacto de las importaciones
Durante el encuentro, el diputado nacional Guillermo Michel cuestionó la política económica nacional y aseguró que la apertura comercial está golpeando con fuerza a la industria.
“Estamos viendo una avalancha de importaciones que hoy afecta al sector avícola. En dos o tres años no va a quedar ninguna industria argentina en pie.”
También criticó la falta de respuestas estructurales para enfrentar la emergencia.
“No alcanza con entregar un bolsón de comida; lo que hace falta es reconstruir el capital de trabajo para que la empresa vuelva a producir y genere empleo.”
Michel propuso tres ejes de acción:
- instalar el conflicto en la agenda nacional mediante la Cámara de Diputados;
- convocar una mesa de diálogo entre el Gobierno de Entre Ríos y el sistema financiero;
- coordinar acciones junto a la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).
Una crisis que golpea a miles de familias
El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, alertó que el conflicto ya supera el ámbito empresarial.
Recordó que la actividad avícola representa cerca del 50 % de la producción industrial de Entre Ríos y sostuvo que los 900 despidos registrados en Granja Tres Arroyos forman parte de una crisis laboral mucho más amplia que ya afecta a unas 8.000 familias.
En la misma línea, el exministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, calificó la situación como un “drama social” para Concepción del Uruguay y afirmó que el objetivo de la mesa sectorial será realizar un seguimiento permanente hasta encontrar soluciones.
Por su parte, la diputada nacional Marianela Marclay pidió abrir un canal de diálogo entre los gobernadores Rogelio Frigerio y Axel Kicillof, considerando que la empresa posee establecimientos en ambas provincias y miles de trabajadores dependen de su funcionamiento.
Cresta Roja también paralizó su producción
Mientras continúa el conflicto en Entre Ríos, la crisis alcanzó también a Cresta Roja, la histórica planta ubicada en El Jagüel, partido bonaerense de Esteban Echeverría.
Operada por Wade S.A., perteneciente al grupo Granja Tres Arroyos, la planta redujo prácticamente a cero su actividad luego de que los trabajadores denunciaran:
- salarios pagados en cuotas;
- haberes adeudados;
- ausencia de respuestas empresariales;
- incertidumbre sobre la continuidad laboral.
Durante los últimos días los empleados realizaron bloqueos al ingreso y egreso de camiones en reclamo del pago completo de sus salarios.
A ello se sumó una clausura preventiva dispuesta por ACUMAR por problemas ambientales relacionados con la emisión de olores provenientes del establecimiento.
La empresa enfrenta una delicada situación financiera
Granja Tres Arroyos atraviesa además un complejo proceso de reestructuración de deuda mientras enfrenta reclamos judiciales de acreedores y dificultades para acceder a financiamiento.
La empresa reconoce que necesita capital para reactivar la producción y afrontar el pago de salarios.
El intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, mantuvo una reunión en Buenos Aires con los directivos Joaquín y Marcelo De Grazia para conocer el estado de las negociaciones.
Tras el encuentro sostuvo que:
“Lo que se necesita es dinero para garantizar la producción y pagar a los trabajadores.”
Lauritto admitió que el panorama es extremadamente complejo, aunque manifestó haber encontrado voluntad de los empresarios para intentar superar la crisis.
“Ojalá aparezca un inversor, un crédito o alguna alternativa que permita reactivar la planta”, expresó.
Apertura de importaciones y pérdida de competitividad
Referentes del sector atribuyen buena parte del deterioro económico a una combinación de factores:
- apertura de importaciones de pollo brasileño;
- caída de las exportaciones por restricciones sanitarias;
- aumento de tarifas energéticas;
- costos dolarizados;
- atraso cambiario que reduce la competitividad.
La empresa, que llegó a emplear más de 7.000 trabajadores en todo el país, enfrenta hoy una de las peores crisis de su historia.
Solo en Concepción del Uruguay ya hubo alrededor de 160 despidos, 300 retiros voluntarios y permanecen en riesgo cientos de puestos adicionales.
Una crisis que trasciende a una empresa
El conflicto de Granja Tres Arroyos ya dejó de ser únicamente un problema empresarial para convertirse en una preocupación económica y social de alcance regional.
En ciudades como Concepción del Uruguay, donde el frigorífico constituye uno de los principales empleadores privados, una eventual profundización de la crisis tendría consecuencias directas sobre el comercio, los servicios y toda la economía local.
Mientras continúan las negociaciones para obtener financiamiento y evitar nuevos cierres, sindicatos, intendentes, legisladores y empresarios coinciden en que la prioridad es preservar la producción nacional y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo en una de las actividades estratégicas de la agroindustria argentina.
