La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió intervenir la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), anular las elecciones realizadas en la seccional Campana y extender la nulidad a los comicios nacionales que habían ratificado a Abel Furlán al frente del sindicato. La decisión judicial provocó una inmediata reacción del movimiento obrero, que denunció una ofensiva política coordinada entre sectores empresarios, el Gobierno nacional y parte del Poder Judicial.
El fallo, firmado por los jueces Víctor Pesino y María Dora González, ordenó además el desplazamiento inmediato de todas las autoridades electas tanto en la seccional bonaerense como en la conducción nacional del gremio metalúrgico, y dispuso una intervención judicial por 180 días bajo la órbita del interventor Alberto Biglieri.
La resolución representa uno de los golpes institucionales más fuertes contra un sindicato en los últimos años y se produce en medio de las tensas negociaciones salariales del sector metalúrgico y de la resistencia gremial a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La Justicia anuló las elecciones de la UOM
La causa se originó a partir de una presentación de la Lista Naranja de Campana, que denunció irregularidades en el proceso electoral realizado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.
En su voto, el juez Víctor Pesino calificó como “inaceptable e irrazonable” que los fiscales opositores debieran permanecer en la sede del oficialismo para custodiar las urnas, y cuestionó además que la elección se desarrollara durante tres jornadas sin cumplir los requisitos establecidos por el estatuto sindical y el decreto reglamentario 467/88.
La Cámara ya había emitido el 17 de marzo una cautelar suspendiendo las elecciones nacionales previstas para el día siguiente. Sin embargo, la conducción de la UOM avanzó con los comicios del 18 de marzo, donde Abel Furlán fue reelecto con una amplia mayoría.
Para el tribunal, la nulidad de la elección en Campana contaminó automáticamente la elección nacional debido a que los delegados del Colegio Electoral surgían de esos comicios cuestionados.
Con los mandatos vencidos desde el 22 de marzo, la Cámara consideró que existía un vacío institucional que justificaba la intervención judicial de la organización.
Sospechas sobre el rol de Pesino y el Gobierno
La decisión judicial quedó rápidamente rodeada de fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos.
Diversos abogados laboralistas señalaron la posible falta de imparcialidad del juez Víctor Pesino, luego de que el Gobierno impulsara su continuidad en el cargo mediante el nuevo régimen que habilita extender funciones a magistrados mayores de 75 años.
Pesino también había quedado en el centro de la polémica tras intervenir en la causa impulsada por la CGT contra la reforma laboral contenida en el DNU 70/23. Aunque inicialmente se excusó por su situación personal, luego participó del fallo que dejó sin efecto la cautelar favorable a la central obrera.
Desde distintos sectores sindicales interpretan que la ofensiva judicial busca debilitar a una conducción gremial que venía consolidando un polo opositor a las políticas laborales y económicas del Gobierno nacional.
El trasfondo político y las sospechas sobre Techint
Dentro de la UOM aseguran que la avanzada judicial responde a intereses empresarios vinculados al Grupo Techint y a su titular Paolo Rocca.
La sospecha se profundizó debido a la participación del actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, exabogado corporativo de Techint, y por el contexto de las negociaciones paritarias metalúrgicas.
La conducción sindical recordó además que la lista oficialista había ganado con una diferencia aplastante en Zárate-Campana: obtuvo cerca del 90% de los votos frente a la oposición encabezada por Ángel Derosso, señalado internamente como cercano a Rocca.
A nivel nacional, Furlán había sido ratificado con el respaldo del 80% del Congreso metalúrgico.
Días antes de las elecciones nacionales, el juez Julián Ercolini había ordenado allanamientos en la sede de la UOM en el marco de una causa penal contra Furlán por presunta defraudación y asociación ilícita. El dirigente respondió presentándose espontáneamente ante la Justicia y denunciando una maniobra para alterar la conducción gremial.
Reacción gremial: “Es un disciplinamiento político”
La intervención de la UOM generó un rechazo inmediato y masivo de las principales centrales sindicales del país.
La CGT calificó la medida como un ataque a la autonomía sindical y advirtió que “intervenir un sindicato es atacar la organización de las y los trabajadores”.
También el Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo y Pablo Moyano, denunció un intento de “amordazar los reclamos colectivos” y sostuvo que la ofensiva judicial busca disciplinar al movimiento obrero.
Las dos CTA —la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma— publicaron un comunicado conjunto en el que definieron el fallo como “un acto político” destinado a limitar la capacidad de organización y lucha sindical.
ATE, SECASFPI y decenas de organizaciones gremiales coincidieron en señalar que el objetivo de fondo es debilitar la resistencia frente al ajuste económico, la reforma laboral y la pérdida salarial.
El movimiento obrero denuncia persecución y ataque a las paritarias
Las organizaciones que integran el Frente por la Soberanía, el Trabajo Justo y el Salario Digno (FreSU) denunciaron que la intervención judicial forma parte de una estrategia más amplia para garantizar “salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.
El espacio recordó que la UOM se convirtió en uno de los gremios más activos contra el DNU 70/23 y contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
Para el bloque sindical, la intervención constituye una grave violación a la libertad sindical garantizada por la Constitución Nacional, la Ley 23.551 y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese marco, las organizaciones adelantaron que impulsarán medidas gremiales y movilizaciones para exigir la restitución de las autoridades electas y denunciar lo que consideran una ofensiva coordinada entre sectores judiciales, empresariales y gubernamentales.
“El objetivo es disciplinar a quienes enfrentan el ajuste”, resumieron desde la conducción metalúrgica, que prometió resistir la intervención mediante la organización de las bases y las comisiones internas.
