La denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados con 138 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones. El proyecto propone derogar más de 60 leyes y decretos que el Gobierno considera “obsoletos”, pero entre las normas alcanzadas aparecen herramientas clave para la protección de empresas estratégicas del Estado argentino.
La iniciativa abre un fuerte debate sobre el futuro de activos tecnológicos y científicos considerados centrales para la soberanía nacional, entre ellos la empresa satelital Arsat y el reactor nuclear CAREM, uno de los desarrollos más avanzados de la industria nuclear argentina.
Qué cambia con la Ley Hojarasca
El texto impulsado por el oficialismo elimina regulaciones que históricamente limitaron la extranjerización de sectores estratégicos. Desde el Ministerio de Desregulación sostienen que se busca abandonar el “paradigma del Estado omnipresente” y avanzar hacia un esquema más abierto a inversiones privadas y extranjeras.
Entre las normas que el proyecto busca derogar se encuentra la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, conocida popularmente como “Ley Clarín”. Aunque suele asociarse únicamente a la regulación de medios de comunicación, la ley también protege empresas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la investigación avanzada y actividades estratégicas para la defensa nacional.
El artículo primero de esa normativa establece mecanismos de preservación sobre:
- El patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural
- Empresas dedicadas a ciencia y tecnología
- Industrias vinculadas a la defensa nacional
- El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación
Su derogación implicaría eliminar restricciones al ingreso de capitales extranjeros y abriría la puerta a futuras privatizaciones o absorciones de empresas públicas estratégicas.
Arsat, en el centro de la preocupación
Uno de los casos más sensibles es el de Arsat. La empresa estatal de telecomunicaciones, responsable del diseño y lanzamiento de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, quedaría expuesta a procesos de extranjerización sin las barreras legales actuales.
Fuentes de la compañía admitieron que el impacto del proyecto tomó por sorpresa a distintos sectores internos y que los equipos jurídicos analizan las consecuencias concretas de la derogación.
Los rumores sobre una posible privatización de Arsat circulan desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, en los últimos meses el Gobierno abandonó el discurso que calificaba a la empresa como “deficitaria” y comenzó a reconocer públicamente su superávit operativo.
Especialistas advierten que la eliminación de la Ley 25.750 no tendría un efecto meramente simbólico, sino que habilitaría cambios estructurales en el esquema de propiedad y control de la compañía.
También peligra la producción pública de medicamentos
Otra de las normas alcanzadas por la Ley Hojarasca es la Ley 26.688, que promueve la la investigación y producción pública de medicamentos.
La derogación de esa legislación es interpretada por distintos sectores científicos y sanitarios como un nuevo retroceso para el sistema público de innovación y desarrollo farmacéutico nacional.
Crisis científica y ajuste presupuestario
El avance del proyecto ocurre en un contexto de fuerte conflicto en el sistema científico argentino. Desde 2023 se profundizó el recorte presupuestario sobre universidades, organismos de investigación y empresas tecnológicas del Estado.
Datos del Centro de Investigación e Innovación en Ciencia, Tecnología e Industria (CIICTI) y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señalan una caída presupuestaria acumulada del 47,7%.
Entre los programas afectados aparecen:
- Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT)
- Equipar Ciencia
- Construir Ciencia
- Programa Raíces
- Convenios de cooperación multilateral
Además, se registró la pérdida de alrededor de 5.700 puestos de trabajo en organismos como el Conicet, INTI, INTA y distintas empresas públicas vinculadas al sector tecnológico.
CAREM, el reactor nuclear argentino que quedó paralizado
El otro gran eje de preocupación es el reactor nuclear CAREM, considerado uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos desarrollados en Argentina.
El CAREM es un reactor modular pequeño (SMR) diseñado íntegramente en el país y reconocido internacionalmente por su potencial exportador. En 2005, el Departamento de Energía de Estados Unidos lo seleccionó entre más de diez proyectos nucleares a nivel mundial.
Actualmente, el programa se encuentra paralizado por falta de financiamiento.
La expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, advirtió que el proyecto podría convertir a Argentina en líder global en reactores modulares de nueva generación.
Según explicó, el CAREM utiliza un 70% de componentes producidos por la industria nacional y tiene capacidad de generar exportaciones superiores a los 2.500 millones de dólares.
Debate sobre soberanía tecnológica
Durante distintos encuentros y movilizaciones del sector científico y tecnológico, dirigentes sindicales y especialistas alertaron sobre el impacto de las reformas impulsadas por el Gobierno.
Luis Zas, director de Nuevas Tecnologías de la CTA Autónoma, aseguró que la discusión excede lo económico y plantea un modelo de país basado en la soberanía tecnológica y productiva.
En la misma línea, referentes de Arsat remarcaron la necesidad de proteger infraestructuras críticas como data centers, telecomunicaciones y sistemas energéticos estratégicos.
El debate continuará ahora en el Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una reforma que podría redefinir el papel del Estado argentino en áreas sensibles como la energía nuclear, las telecomunicaciones y el desarrollo científico nacional.
