La restauración y concesión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires derivó en un nuevo enfrentamiento entre Axel Kicillof y Javier Milei. La exclusión de la empresa estatal Aubasa del proceso licitatorio amenaza con judicializar el proyecto y demorar inversiones por más de $170.000 millones.
Una licitación millonaria atravesada por la grieta política
El abismo político entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente Javier Milei volvió a trasladarse al terreno de la infraestructura vial. La concesión de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires, que en principio prometía mejorar corredores estratégicos y atraer inversiones, terminó envuelta en una fuerte disputa política que podría terminar en los tribunales.
En febrero de 2026, el Gobierno nacional lanzó la licitación pública para concesionar 2.500 kilómetros de rutas como parte del proceso de privatización de la Red Federal de Concesiones, medida formalizada en la Resolución 112/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El plan contempla obras, mantenimiento y explotación de corredores en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, con una inversión inicial superior a los 120 millones de dólares (más de $170.000 millones) en los primeros dos años.
La jugada de Kicillof: Aubasa como oferente
Frente al avance del modelo de “obra pública cero” impulsado por Milei, Kicillof decidió intervenir con una jugada política y administrativa: presentar a Aubasa, la empresa estatal que administra casi 1.000 kilómetros de autopistas bonaerenses, como oferente en la licitación.
El objetivo era claro: que el Estado provincial mantuviera un rol activo en la gestión de la infraestructura vial.
“El Estado no se retira de su rol de sostener la infraestructura provincial”, fue el argumento que sostuvo la administración bonaerense al presentar la propuesta.
La empresa, que administra la Autovía 2 y la autopista Buenos Aires–La Plata, compitió con una decena de empresas privadas del sector vial, incluyendo grupos históricos como Roggio, Chediak, Supercemento, Vial Agro, Dycasa y Clear Petroleum.
Según el presidente de Aubasa, José Arteaga, en caso de ganar la licitación se debería crear una “Aubasa II” para administrar los nuevos corredores.
Los tramos en disputa
La licitación incluye rutas de alto tránsito y relevancia estratégica en territorio bonaerense:
- Ruta Nacional 5 (Luján–La Pampa)
- Ruta Nacional 3 (Cañuelas–Bahía Blanca)
- Ruta Nacional 205 (Cañuelas–Bolívar)
- Ruta Nacional 226 (Bolívar–Mar del Plata)
- Acceso Sur (autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas)
Se trata de corredores clave para la producción, el turismo, la logística y la conexión con el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Nación excluyó a Aubasa de la licitación
Tras analizar los sobres de antecedentes presentados a fines de febrero, la comisión evaluadora resolvió excluir a Aubasa del proceso licitatorio, junto a otras seis empresas privadas, entre ellas SACDE, la constructora controlada por Marcelo Mindlin.
El argumento oficial fue que la empresa estatal no acreditó experiencia mínima de 10 años en ejecución de obras viales como constructora, un requisito establecido en los pliegos.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la participación indirecta o la subcontratación realizada por Aubasa no demuestra capacidad técnica propia para obras de la magnitud requerida.
Sin embargo, detrás de la decisión aparece una fuerte lectura política: evitar que la gestión de Kicillof controle uno de los principales accesos metropolitanos y corredores estratégicos.
Denuncias de “licitación embarrada”
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció que el Gobierno nacional modificó las reglas del proceso para dejar afuera a la empresa estatal.
Según la Provincia, entre diciembre y febrero se emitieron cuatro circulares que alteraron las condiciones originales de la licitación, incluyendo nuevas exigencias técnicas y financieras a pocos días del cierre.
“El Gobierno nacional modificó las condiciones a una semana del cierre. Se cambiaron las reglas de juego”, afirmó Katopodis.
El funcionario también denunció que la gestión libertaria estaría “embarrando la licitación” para avanzar con un supuesto negociado que derivaría en más peajes y mayores tarifas para los usuarios.
Posible judicialización del conflicto
Con la exclusión confirmada, la administración bonaerense no descarta presentar impugnaciones administrativas y judiciales que podrían frenar la concesión del tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que abarca 1.325 kilómetros de rutas y autopistas.
El gobierno provincial ya envió una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo nacional y bonaerense para garantizar la transparencia del proceso.
En la Gobernación encuadran la medida dentro de un “contexto de hostilidad política y financiera” del gobierno de Milei hacia la provincia.
Las empresas que siguen en carrera
Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur
- Roggio-Chediak
- Vial Agro-Fontana Nicastro
- Panedile-Supercemento-Eleprint
- Creditech-Ceosa
- Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco
- CPC (Cristóbal López)
Tramo Pampa (Ruta 5)
- Vial Agro-Fontana Nicastro
- CN Sapag
- CPC
- Ceosa
- Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco
- Merco Vial-Pietroboni
Si no hay impugnaciones, las ofertas económicas se abrirán la próxima semana, donde se conocerán las tarifas de peaje propuestas.
Peajes más caros y nuevas cabinas
El esquema de concesión prevé que los nuevos operadores financien las obras mediante el sistema de peajes.
Las tarifas no podrán superar los valores máximos fijados por el Gobierno nacional, que se ubican entre 33% y 173% por encima de los actuales.
Además, se sumarán 10 nuevas estaciones de peaje a las 10 existentes, lo que podría impactar directamente en el costo de circulación para millones de bonaerenses.
Un nuevo capítulo de la disputa Milei–Kicillof
La controversia por la concesión de rutas excede el plano administrativo y se inscribe en la disputa política permanente entre Nación y Provincia.
Mientras Milei impulsa la privatización de la infraestructura y el retiro del Estado, Kicillof busca sostener un modelo de gestión pública con participación estatal.
El resultado del conflicto no solo definirá quién controla las rutas estratégicas de Buenos Aires, sino también el rumbo de la política de obra pública en el país.
