La empresa avícola confirmó las desvinculaciones en Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar después de que venciera la conciliación obligatoria sin acuerdo con el sindicato. Mientras los trabajadores esperan cobrar salarios e indemnizaciones, la Justicia inmovilizó USD 13,5 millones y pidió explicaciones sobre otros casi USD 16 millones depositados por la compañía.
La crisis de Granja Tres Arroyos entró en una nueva etapa. Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la empresa ratificó 1.250 despidos en tres plantas bonaerenses, mientras continúa pendiente la definición judicial sobre los concursos preventivos y el futuro de las indemnizaciones.
La última audiencia entre la compañía y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) terminó sin acuerdo y sin posibilidades de una nueva extensión de la conciliación. De esta manera, quedaron efectivos los despidos comunicados a comienzos de septiembre.
Según el relevamiento difundido al finalizar la negociación, las desvinculaciones alcanzan a 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 500 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar.
La empresa ratificó los 1.250 despidos
Durante la audiencia ante la cartera laboral bonaerense, el apoderado de Granja Tres Arroyos, Walter Carrizo, ratificó las decisiones previamente comunicadas y aclaró que esa posición no implicaba nuevos despidos.
La empresa argumentó que la reducción de personal responde a la necesidad de adecuar su estructura al nivel de actividad disponible y preservar la continuidad de las operaciones. También rechazó las denuncias de vaciamiento y vinculó parte de sus dificultades financieras con la afectación de fondos y cobranzas correspondientes a obligaciones anteriores a las presentaciones concursales.
Al mismo tiempo, la compañía aseguró que mantiene abierta la posibilidad de negociar alternativas para atender la situación de los trabajadores y sostener la actividad, aunque sin asumir nuevos compromisos que, según su posición, carezcan de respaldo financiero.
De 1.200 a 1.250 despidos
Las cifras difundidas durante el conflicto presentan una diferencia que debe ser precisada.
Cuando el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, el 4 de septiembre, informó oficialmente que la medida alcanzaba a 1.200 trabajadores: 700 en Capitán Sarmiento, 50 en Pilar y 450 en Esteban Echeverría.
Sin embargo, al finalizar la conciliación, las fuentes coinciden en 1.250 desvinculaciones, debido a que el número correspondiente a Esteban Echeverría pasó a 500 trabajadores.
La cifra de 1.250 es, por lo tanto, la que surge de los últimos relevamientos sobre las desvinculaciones ratificadas por la compañía.
Concurso preventivo e incertidumbre por las indemnizaciones
La situación laboral se desarrolla en paralelo con la crisis financiera y judicial del grupo.
Granja Tres Arroyos solicitó en septiembre la apertura de su concurso preventivo de acreedores. Informaciones difundidas al momento de la presentación estimaron el pasivo del grupo en alrededor de USD 350,9 millones y situaron las desvinculaciones acumuladas desde el comienzo de la crisis en aproximadamente 1.730 trabajadores en distintos establecimientos del país.
Debe distinguirse, sin embargo, entre la presentación del pedido de concurso preventivo y su apertura formal. La tramitación quedó atravesada por una discusión sobre qué juzgado debe intervenir, cuestión que incide directamente sobre los pasos posteriores del procedimiento concursal.
Según representantes sindicales, mientras no quede definido el tribunal competente y avance el concurso, los trabajadores despedidos enfrentarán dificultades para acceder al cobro de sus indemnizaciones.
La empresa pretende encuadrar esas compensaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, según las fuentes sindicales citadas en los textos de referencia. Ese punto forma parte del conflicto y no debe presentarse como una decisión judicial definitiva.
La Justicia puso bajo análisis casi USD 30 millones
En paralelo, el expediente sumó otro elemento relevante.
El Juzgado Comercial N.º 21 dispuso la indisponibilidad de USD 13,5 millones que Granja Tres Arroyos mantiene depositados en el Banco de Comercio. Además, el juez Germán Páez Castañeda señaló que de la propia documentación presentada para solicitar el concurso surge la existencia de otro depósito por casi USD 16 millones en Eurobanco.
El magistrado requirió que la empresa informe el destino y disponibilidad de esos fondos y explique cómo se compatibiliza su existencia con las dificultades financieras alegadas para afrontar las obligaciones laborales. En conjunto, ambas cuentas representan cerca de USD 30 millones.
La medida judicial debe diferenciarse de las denuncias de vaciamiento formuladas en el marco del conflicto: la existencia de fondos inmovilizados y el pedido de explicaciones judiciales no constituyen por sí mismos una determinación de que haya existido vaciamiento.
Cuatro meses de salarios y aguinaldo bajo reclamo
A la incertidumbre por las indemnizaciones se agrega el reclamo salarial. Los trabajadores denuncian que se les adeudan cuatro meses de salarios y el aguinaldo, y realizaron protestas para reclamar que esos créditos laborales sean atendidos dentro del proceso judicial.
La Justicia también dispuso medidas sobre los bienes del grupo en medio de los reclamos de acreedores y de la discusión sobre la situación patrimonial de las empresas.
La crisis excede las tres plantas bonaerenses. Desde fines de 2024, diferentes establecimientos vinculados al grupo atravesaron cierres, suspensiones y desvinculaciones. Las estimaciones difundidas al momento de la presentación concursal situaban en alrededor de 1.730 las desvinculaciones acumuladas en el país.
Una crisis laboral atada ahora al proceso judicial
El vencimiento de la conciliación obligatoria cerró, sin acuerdo, una etapa administrativa del conflicto. Los 1.250 despidos quedaron efectivos, pero buena parte de las consecuencias económicas para los trabajadores permanece vinculada a las decisiones que adopte la Justicia comercial.
La definición del tribunal que deberá intervenir, la eventual apertura formal de los concursos, el tratamiento de los créditos laborales, las indemnizaciones y la situación de los fondos detectados en las cuentas bancarias aparecen ahora como puntos centrales.
Mientras la empresa sostiene que la reducción de personal busca preservar la continuidad de la actividad y mantiene abierta una instancia de diálogo, los trabajadores enfrentan la pérdida de sus empleos y reclaman salarios, aguinaldos e indemnizaciones. La crisis de una de las principales compañías de la industria avícola argentina pasó así de la negociación laboral a un escenario en el que las próximas definiciones dependerán, en gran medida, del proceso judicial.
