Trabajadores de la economía popular se movilizaron en Belgrano frente al supermercado donde fue detenida Estela Chávez, la jubilada de 69 años que permaneció 35 días en prisión por intentar llevarse alimentos sin pagar. La organización cuestionó la respuesta judicial y denunció el deterioro de los ingresos y las crecientes dificultades para acceder a la alimentación.
La detención de Estela Chávez volvió a colocar en el centro del debate público las consecuencias de la crisis social, la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y la respuesta del sistema judicial frente a situaciones de extrema vulnerabilidad económica.
Durante la mañana del viernes 20 de noviembre, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Mate, Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) encabezaron la jornada de protesta frente a la sucursal de Carrefour del barrio porteño de Belgrano, donde se produjo la detención de la mujer.
La organización denunció la criminalización de la pobreza y cuestionó que, mientras amplios sectores de la población enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades elementales, la respuesta frente a determinados hechos vinculados con el hambre sea la privación de la libertad.
Estela Chávez: 35 días en prisión por intentar llevarse alimentos
A sus 69 años y con una jubilación mínima como ingreso, Estela Chávez atravesaba una situación económica desesperante. Según su propio testimonio, el dinero que percibía apenas le permitía afrontar los gastos de vivienda, servicios y medicamentos.
Sin alimentos en su casa, intentó retirar del supermercado un corte de carne, salchichas y fiambre sin abonarlos. Fue interceptada antes de atravesar la línea de cajas y posteriormente quedó detenida.
La jubilada permaneció privada de su libertad durante 35 días. Su familia debió reunir los $150.000 correspondientes a la fianza establecida por la Justicia para conseguir su liberación.
Sin embargo, el proceso judicial todavía continúa abierto y Chávez debe comparecer periódicamente ante el juzgado interviniente.
La difusión pública del episodio generó cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la respuesta judicial y expuso las dificultades económicas que atraviesan numerosos adultos mayores en la Argentina.
La UTEP denunció que el hambre se está criminalizando
La movilización frente a Carrefour buscó convertir el caso de Estela Chávez en una denuncia colectiva sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, jubilados y sectores populares.
En declaraciones a Tiempo, Dina Sánchez, referente de la UTEP, advirtió que incluso quienes trabajan extensas jornadas encuentran serias dificultades para garantizar la alimentación de sus familias.
“Hoy comer en la Argentina se volvió un privilegio que no es para todos y para todas”, sostuvo la dirigente.
Además, Sánchez contó que Estela había participado el día anterior del verdurazo realizado frente al Congreso de la Nación, donde retiró un bolsón de verduras.
Desde la organización señalaron que el episodio no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una problemática social atravesada por la insuficiencia de los ingresos, el encarecimiento de los alimentos y las dificultades para acceder a políticas de protección social.
Pobreza, indigencia y aumento del precio de los alimentos
Los indicadores económicos permiten dimensionar el contexto en el que se produjo la detención de la jubilada.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, el 32,3% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 7,5% estaba en situación de indigencia.
A este escenario se suma el incremento del costo de los productos indispensables para la alimentación.

Durante octubre, la canasta básica alimentaria registró un incremento mensual del 3,1% y una variación interanual del 39,9%.
La evolución del precio de los alimentos representa una presión adicional sobre los hogares con menores recursos, especialmente aquellos que dependen de ingresos previsionales o de empleos informales.
Jubilaciones mínimas y una creciente dificultad para subsistir
La realidad de los adultos mayores constituye uno de los aspectos más sensibles del conflicto social.
En noviembre de 2026, la jubilación mínima se ubica en $444.158,46 y alcanza los $514.158,46 mediante la incorporación del bono previsional.
Con esos recursos, los jubilados deben cubrir simultáneamente los gastos de alimentación, vivienda, medicamentos, servicios públicos y otras necesidades indispensables.
El caso de Chávez refleja las consecuencias que puede tener la insuficiencia de los haberes previsionales cuando los adultos mayores se ven obligados a elegir entre comer, adquirir medicamentos o afrontar los gastos de vivienda.
Cuestionamientos al Gobierno de Milei y a la asistencia alimentaria
Durante la protesta, la UTEP también cuestionó la política social del gobierno de Javier Milei y denunció la falta de asistencia alimentaria a los comedores populares.
Dina Sánchez aseguró que estas organizaciones comunitarias enfrentan enormes dificultades para sostener su funcionamiento y garantizar un plato de comida a las familias que recurren diariamente a ellas.
“Milei desde el minuto que asumió no entrega ni un kilo de arroz a los comedores populares”, afirmó la dirigente.
Asimismo, cuestionó la persecución que, según denunció, padecen tanto los jubilados que no consiguen llegar a fin de mes como los trabajadores de la economía popular que desarrollan sus actividades en el espacio público.
Para la UTEP, el Estado debe fortalecer los mecanismos de protección social, promover la generación de empleo y garantizar ingresos suficientes, en lugar de profundizar las respuestas punitivas frente a la vulnerabilidad económica.
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Carrefour y la actuación de la Justicia bajo cuestionamiento
La protesta también puso el foco sobre el papel de las grandes cadenas de supermercados y la distancia existente entre su actividad comercial y las posibilidades económicas de una parte de la población.
En particular, la organización cuestionó a Carrefour, multinacional de origen francés, por el contraste entre la comercialización de alimentos y las dificultades que enfrentan quienes no cuentan con ingresos suficientes para adquirirlos.
También quedó bajo cuestionamiento la actuación de la jueza Fabiana Emma Palmaghini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25, por la respuesta judicial que derivó en la permanencia de Chávez en prisión durante más de un mes.
La UTEP denunció lo que considera una doble vara del sistema judicial: una especial severidad frente a personas en situación de pobreza que, según la organización, no encuentra correlato en el tratamiento de determinados delitos económicos cometidos por sectores de mayor poder.
“No podemos naturalizar que una jubilada termine presa por intentar llevar comida a su casa. La Justicia tiene que estar del lado de quienes más la necesitan, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos, no de criminalizar la pobreza”, expresó la organización.
El llamado del papa León XIV y el derecho a una vida digna
En el marco de la convocatoria, la UTEP recuperó el mensaje del papa León XIV y llamó a construir una sociedad en la que ninguna persona padezca hambre y los adultos mayores puedan vivir dignamente.
El planteo se inscribe en la defensa de los derechos fundamentales sintetizados en las tres T —Tierra, Techo y Trabajo— y en la necesidad de colocar la dignidad humana en el centro de las decisiones económicas y sociales.
La organización reclamó políticas públicas que garanticen el acceso efectivo a los alimentos, ingresos dignos, derechos laborales y el fortalecimiento de las redes de protección social.
El caso de Estela Chávez trasciende así las circunstancias particulares de una causa judicial y plantea un interrogante de fondo sobre las prioridades de la sociedad argentina: qué respuestas ofrecen el Estado y la Justicia cuando una persona no dispone de los recursos necesarios para alimentarse.
La detención durante 35 días de una jubilada que, según su testimonio, no tenía comida en su casa se convirtió en el símbolo de una contradicción social que la UTEP busca visibilizar: el hambre no puede ser tratado como un delito ni la pobreza convertirse en una condena.

