La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa Volver al Trabajo, una decisión que dejará sin efecto el pago del beneficio para casi un millón de trabajadores de la economía popular a partir de agosto.
El fallo representa un nuevo respaldo judicial a la estrategia del Gobierno nacional para desmantelar el esquema de transferencias directas heredado de programas sociales anteriores y avanzar hacia un sistema basado en capacitaciones y vouchers laborales.
La Cámara Federal anuló la cautelar que protegía a los beneficiarios
La resolución de la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno y dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
En primera instancia, el magistrado había considerado que la interrupción del programa constituía una medida regresiva e inconstitucional para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Sin embargo, los camaristas sostuvieron que mantener vigente la cautelar implicaba anticipar el resultado del juicio principal, razón por la cual decidieron revocar la protección judicial que garantizaba la continuidad de los pagos.
Casi un millón de personas perderán el ingreso desde agosto
La decisión tendrá un impacto inmediato sobre los trabajadores inscriptos en Volver al Trabajo.
Desde agosto dejarán de percibir el ingreso mensual de entre $78.000 y $80.000, una ayuda que para numerosas familias representa el único complemento económico destinado a cubrir necesidades alimentarias básicas.
Aunque el monto permanecía congelado desde comienzos de la actual gestión, organizaciones sociales remarcan que seguía siendo un ingreso indispensable para cientos de miles de hogares sin empleo formal.
Un beneficio congelado que perdió más de la mitad de su poder adquisitivo
El conflicto comenzó tras la decisión del Gobierno nacional de desacoplar el beneficio del Salario Mínimo Vital y Móvil, mecanismo que regía desde 2016.
Hasta diciembre de 2023, los titulares de los programas sociales percibían un ingreso equivalente al 50% del salario mínimo. Con la nueva resolución oficial, el monto quedó fijado en $78.000 y nunca volvió a actualizarse.
Según cálculos difundidos por organizaciones sociales, si se hubiera mantenido el mecanismo original, el beneficio debería ubicarse actualmente en torno a $186.200.
Esto implica una pérdida cercana al 58% respecto de la actualización prevista por la normativa anterior y una caída aproximada del 76% frente a la evolución de la Canasta Básica Alimentaria, reduciendo drásticamente su capacidad de compra.
La UTEP denunció que “el hambre no espera”
Tras conocerse el fallo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuestionó duramente la decisión judicial y acusó a la Justicia de actuar en sintonía con el Ministerio de Capital Humano.
La organización sostuvo que “una vez más la Justicia actúa en connivencia con el Gobierno y no tiene en consideración que el hambre no espera”, al tiempo que ratificó su rechazo a la eliminación del programa.
La UTEP recordó que el ingreso funcionaba como una asistencia mínima para familias que no logran insertarse en el mercado laboral formal y advirtió que su eliminación agravará la crisis social en los barrios populares.
“La crisis va a estallar en las provincias”
La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, aseguró que la eliminación del beneficio provocará un fuerte impacto económico en las economías locales.
Según explicó, el dinero que dejará de percibirse circulaba diariamente en almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños comercios de barrio, por lo que la decisión también afectará a miles de emprendimientos de cercanía.
La dirigente también responsabilizó a los gobernadores que respaldan las políticas del Gobierno nacional y advirtió que serán ellos quienes enfrenten las consecuencias sociales del recorte.
Además, confirmó que la organización apelará judicialmente la resolución y profundizará las medidas de protesta.
“No solo vamos a apelar por vía judicial; también vamos a profundizar la lucha en la calle porque el territorio es una olla a presión donde la crisis económica se profundiza”, sostuvo Duarte.
El Gobierno busca reemplazar Volver al Trabajo
La administración de Sandra Pettovello sostiene que el programa tenía un plazo de vigencia limitado y que la continuidad ordenada por la Justicia implicaba una intromisión sobre decisiones propias del Poder Ejecutivo.
El plan oficial contempla reemplazar definitivamente las transferencias monetarias por un esquema de vouchers de capacitación laboral, mediante el cual los recursos serán destinados directamente a empresas, centros de formación y organizaciones encargadas de brindar cursos de capacitación.
Desde Capital Humano también afirman que parte de los fondos liberados serán redireccionados para financiar la ampliación de la jornada escolar en escuelas primarias ubicadas en sectores de alta vulnerabilidad.
Estado de alerta y movilización
Tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín, la UTEP y otras organizaciones sociales se declararon en estado de alerta y movilización.
Los movimientos populares anticiparon que combinarán nuevas acciones judiciales con protestas en las calles para exigir la restitución del beneficio y denunciar lo que consideran un nuevo recorte sobre los sectores más vulnerables del país.
La resolución judicial reabre uno de los principales conflictos entre el Gobierno nacional y las organizaciones de la economía popular, en un contexto marcado por el ajuste del gasto público y el debate sobre el futuro de las políticas sociales en Argentina.
Fuentes consultadas por Infoydata, afirmaron que en el día de mañana, en horas de la tarde, se realizará una reunión del conjunto de las organizaciones.
Si bien ya se han intercambiado opiniones y posiciones al respecto, trascendió que la respuesta va a ser en la calle y contundente.
Recién con el correr de las horas y las reuniones, va a haber precisión acerca de las medidas a adoptar. Todo parece indicar que la jornada del 22 de julio convocada por la CGT, las dos CTA y la UTEP, se transforme en una gran jornada nacional, pero esto aún no está confirmado.
A través de las mismas fuentes, trascendió que se van a agotar todas las instancias a través de todas las vías necesarias. Mañana habrá reunión con el equipo judicial de abogados que tienen las organizaciones y habrá más precisiones al respecto.
