El gobierno de Javier Milei aceleró la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y ya tiene listos los pliegos para vender el 90% de la compañía estatal. La decisión, impulsada junto al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, apunta a recaudar al menos u$s 500 millones mediante la incorporación de un operador privado con capacidad técnica y financiera para gestionar una de las empresas de saneamiento más grandes de América Latina.
Caputo confirmó a través de X que los pliegos licitatorios serán publicados en el Boletín Oficial y sostuvo que el nuevo esquema permitirá “impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.
Privatización de AySA: cómo será la venta
La operación contempla la transferencia directa del 90% del paquete accionario a un consorcio integrado por empresas e inversores privados, que deberá incluir una “operadora estratégica” con experiencia comprobada en servicios de agua y saneamiento de gran escala.
El plan original del Gobierno preveía vender primero el 51% de las acciones a un operador estratégico y luego colocar el 39% restante en el mercado bursátil. Sin embargo, Milei y Caputo modificaron el esquema para concretar una venta más rápida y obtener mayores ingresos en una sola operación.
Los trabajadores conservarán el 10% de participación accionaria y, luego de cinco años de operación privada, el nuevo concesionario podrá avanzar con una apertura parcial del capital en la Bolsa.
AySA: tarifas récord y primer superávit operativo
AySA presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, alcanzando a más de 14 millones de usuarios a través de una red de agua potable y cloacas que supera los 27.000 kilómetros.
Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la tarifa promedio acumuló un incremento del 418%. Ese aumento de ingresos, combinado con una reducción del 22% del personal —de 7790 a 6069 empleados— permitió que la empresa alcanzara en 2024 el primer superávit operativo de su historia.
Los balances oficiales muestran un resultado positivo neto de $237.000 millones y una reducción del 85% de la deuda. Además, las transferencias del Tesoro pasaron de $1,31 billones en 2023 a apenas $37.000 millones en 2025, destinados exclusivamente a inversiones de capital.
Hace dos semanas, AySA firmó un nuevo contrato de concesión con el Estado por 30 años, que incluye revisiones tarifarias integrales cada cinco años.
Cortes de servicio y ajustes automáticos
El nuevo contrato habilitará a la futura operadora privada a endurecer las condiciones frente a usuarios morosos. Además de aplicar multas e intereses más elevados, podrá cortar el servicio a quienes acumulen 60 días sin pagar las facturas.
Mientras avanza el proceso de privatización, AySA continuará aplicando aumentos mensuales por encima de la inflación proyectada. El ERAS autorizó subas del 3% mensual entre mayo y agosto.
Desde septiembre comenzará a regir un esquema de actualización automática basado en tres variables:
- Variación salarial: 45%
- Precios mayoristas: 44%
- Índice de precios al consumidor: 11%
El mecanismo seguirá vigente incluso después de la privatización y el Gobierno también podrá habilitar incrementos extraordinarios cuando los costos operativos superen significativamente la inflación.
Las empresas interesadas en quedarse con AySA
Entre las firmas que aparecen como potenciales oferentes figuran:
- El grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas
- La francesa Veolia;
- la brasileña Sabesp y Río + Saneamento, operadora del servicio de agua en Río de Janeiro.
En el sector también mencionan al grupo inversor de los hermanos Neuss y al empresario Mauricio Filiberti, proveedor histórico de cloro de AySA y accionista de Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila.
La privatización de AySA se convertirá así en una de las operaciones más importantes del programa de reformas impulsado por Milei, en medio de un escenario marcado por fuertes aumentos tarifarios, reducción de subsidios estatales y creciente participación privada en áreas estratégicas de servicios públicos.
