El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa. Juan Carlos Alderete, destacó que “es todo un cachivache mediático”. El integrante del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, sostuvo que “Patricia Bullrich fue la primera que amenazó a las personas con cortar los planes sociales”.
La justicia inició una investigación por supuesta extorsión a personas que tenían planes sociales para que asistan a marchas a cambio de la entrega de la mercadería enviada por el Estado. En ese marco, se ordenaron 27 allanamientos contra varias organizaciones sociales.
La causa es llevada adelante por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita en base a denuncias a la línea 134.
Esta fue habilitada por el gobierno nacional, para hacer denuncias por presuntas presiones para asistir a movilizaciones que realizan las organizaciones sociales.
Los primeros avances de esa investigación son sobre marchas realizadas en diciembre de 2023 a pocos días de la asunción de Javier Milei. Los denunciados, en forma anónima, son el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Fuentes cercanas al gobierno dejaron trascender que hay denuncias contra otras organizaciones sociales pero, por el momento, no han trascendido cuáles son aunque en varios medios se han dado los nombres de distintos dirigentes sociales.
Historia vieja y repetida
La persecución del gobierno nacional a las organizaciones sociales no es nueva y ya ha tenido episodios represivos en el AMBA, Chaco y Corrientes.
El gobierno viene descargando castigos económicos, represión y amenazas sobre el movimiento de desocupados y precarizados. Ha dado de baja miles de planes sociales y desabastecieron de alimentos los comedores populares.
El intento de eliminar los planes sociales no va a lograr terminar la lucha del movimiento de desocupados que, precisamente, conquistó esos planes sociales.
Allanamientos ilegales
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en declaraciones a Radio Provincia manifestó que “el origen de la causa es el 20 de diciembre de 2023, con la primera gran movilización” contra Javier Milei.
Señaló que en ese momento “la ministra Patricia Bullrich lanzó una ofensiva diciendo que había que respetar un protocolo y decretó que las libertades democráticas estaban prohibidas en la Argentina”.
El dirigente destacó que fue la titular de la cartera de Seguridad quien “amenazó a las personas diciéndoles que iban a perder el plan social si participaban de la marcha”.
Bullrich “lanzó la línea 134 que recibió casi 10 mil denuncias” de parte de supuestos beneficiarios que “luego se redujo a 900, de las cuales 45 quedaron circunscritas”.
Por lo tanto, interpretó que “estamos hablando de denuncias falsas, gente que no ratifica o trolls”.
De todos modos, planteó que “las personas que terminan de ratificar las denuncias por las cuales el fiscal Pollicita ordenó estos allanamientos son 12” y los operativos se llevaron adelantes “pese a que el juez Casanello le negó a Pollicita que los hiciera porque no tenían nada para justificarlos”.
“Nostros no apretamos»
Por su parte, el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, en declaraciones a Radio Mitre, señaló que “todo esto es un show mediático, un cachivache montado por las ministras Patricia Bullrich y Sandra Pettovello”.
Agregó que “muchas veces nosotros mismos queremos tratar de justificar y no deberíamos de justificar ante la necesidad o desesperación que tiene·nuestro pueblo”.
Alderete dijo que “pueden existir cuestiones de aprovechamiento” y relató que en su organización el máximo referente de Formosa fue expulsado por haber incurrido en delitos.
Señaló que en los medios “hay un audio de una persona que dice que escuchó que en otro lado alguien dijo que yo obligo a la gente a ir a las marchas”.
“Eso es una barbaridad, no voy a permitir que me llamen extorsionador porque nosotros no apretamos, convencemos políticamente”.
Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, dijo que “todo se trata de una persecución política del gobierno” y añadió que “están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos.
Es un amedrentamiento más, «rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias, pero las organizaciones sociales hemos aprendido».
Vamos a dar la vida, no nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a dar la cara, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”.
Comunicado de la CCC
La Corriente Clasista y Combativa manifestó su “más enérgico repudio sobre lo acontecido en las últimas horas con compañeros de distintas organizaciones” y destacó que “se han llevado a cabo allanamientos con un nivel de violencia desmedida en lo que claramente constituye una persecución y estigmatización de los luchadores populares«.
Agregó que “estos allanamientos, que se originan a partir de denuncias anónimas, y que toma el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, tienen como objetivo intimidar a las organizaciones populares.
Resulta extraño que se investigue a comedores y merenderos cuando desde el ministerio de Capital Humano, a cargo de la Ministra Sandra Pettovello, no se ha destinado ni un solo paquete de fideos para los mismos”.
En un contexto donde las necesidades se profundizan en los barrios más vulnerables, el Estado brilla por su ausencia.
Gracias a la organización popular es que se puede afrontar la grave crisis que padecen millones de personas. Esto como consecuencia de las decisiones políticas de este gobierno”.
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