La redacción
La Fundación Camino, socia de la asociación CONIN, era la encargada de hacer el reparto que nunca fue.
Organizaciones sociales indicaron que llegaron a esa ciudad 10 mil kilos de leche por orden de la justicia, pero la Fundación Caminos no abrió sus puertas.
La justicia ordenó que el Ministerio de Capital Humano distribuyera los alimentos que tenía almacenados y que no llegaban a los comedores sociales por decisión del gobierno nacional.
Sin embargo, la administración de Javier Milei designó a sus propios intermediarios para que se encarguen de esa tarea: la asociación CONIN, referenciada en el médico Abel Albino.
En Rosario ocurrió una situación llamativa. El reparto quedó en manos de la Fundación Camino, que preside Cecilia Rouillón, esposa del diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe, Nicolás Mayoraz.
La Fundación Camino es una institución civil sin fines de lucro y, en asociación con CONIN, sostienen tres Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil en Rosario, además de apadrinar distintos comedores de la ciudad.
A partir del convenio que el gobierno nacional firmó con CONIN para el reparto de la mercadería, la Directora Ejecutiva de la Fundación Camino, María Eugenia Correa Uriburu, informó que repartirían la leche dentro de la infraestructura que maneja la organización.
Ante la noticia de la llegada de un cargamento de 10 mil kilos de leche en polvo a la ciudad, organizaciones sociales, referentes de comedores, y vecinos se acercaron a las tres sucursales de la Fundación Camino para conocer cómo se haría la distribución, pero todos los lugares estaban cerrados.
La concentración
La concentración frente a los centros CONIN se convocó desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Hernán Sorrequieta, del Movimiento Evita, explicó que la intención era generar un diálogo con las autoridades de la Fundación Camino y conocer cómo se estaba planificando la distribución de los alimentos, pero se mostró sorprendido de que el lugar permaneciera con las persianas bajas todo el día.
“Al final los comedores fantasmas que denuncia el gobierno son estos, porque anunciaron que distribuían los alimentos, pero está todo cerrado”, sostuvo Sorrequieta.
Por su parte, Eduardo Delmonte, coordinador de los desocupados y precarizados de la CCC de Rosario, explicó que “al conocerse que llegaba una partida de leche se decidió presentarse en los centros de la Fundación Caminos para plantear el acceso a ese alimento y que no haya discriminación para nadie”. También añadió que, “el gobierno de Milei tiene que presentar un plan de distribución de los alimentos como le pidió la justicia”.
Delmonte enfatizó que “en todo el país hay 45.000 ollas populares, en Rosario son 500 y la CCC tiene 110 comedores y merenderos. Decimos esto porque queremos poner en evidencia que, en la ciudad donde pasa el 80% de la cosecha que se exporta y en un país que produce 400 millones de toneladas de alimentos, hay personas que tienen hambre”.
En ese marco, señaló que “queremos seguir en una pelea que debe ser multisectorial y también salir a repudiar masivamente la Ley Bases”. Luego, añadió que “hay que impedir que se sancione en el Senado porque de lo contrario se le dará a Milei un instrumento para que tenga las manos libres para seguir ajustando al pueblo argentino”.
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