La crisis de Granja Tres Arroyos se profundiza con nuevos pedidos judiciales de quiebra, una deuda estimada en 350 millones de dólares y miles de cheques rechazados. Mientras los acreedores reclaman la liquidación de la empresa avícola, los trabajadores despedidos denuncian cuatro meses de salarios impagos, aguinaldos e indemnizaciones pendientes. En la planta de Pilar, un operativo policial puso fin al bloqueo de los accesos, pero el conflicto laboral continúa sin una solución anunciada.
Granja Tres Arroyos enfrenta nuevos pedidos de quiebra por sus deudas
La crisis financiera y laboral de Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas de la Argentina, atraviesa una nueva etapa de incertidumbre. A los despidos, los salarios impagos y la reducción de la producción se suman nuevas presentaciones judiciales de acreedores que solicitan la quiebra de la compañía y la liquidación de sus bienes.
La firma intenta avanzar en una negociación para reestructurar una deuda estimada en 350 millones de dólares, mientras proveedores, aseguradoras y prestadores de servicios reclaman el cumplimiento de obligaciones pendientes.
Entre las presentaciones judiciales se encuentra la de una proveedora de insumos para la industria alimenticia, que exige más de 133 millones de pesos correspondientes a cheques electrónicos rechazados por falta de fondos.
Por su parte, Prevención ART, aseguradora de riesgos del trabajo de la compañía, reclama más de 4.200 millones de pesos por cuotas adeudadas correspondientes al período comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, además de los intereses por mora.
También se registran reclamos de proveedores de indumentaria, elementos de seguridad industrial, servicios logísticos y almacenamiento frigorífico.
La acumulación de estas demandas incrementa la presión judicial sobre la empresa y plantea interrogantes sobre su capacidad para sostener las operaciones.
Miles de cheques rechazados reflejan el deterioro financiero
Los datos atribuidos al Banco Central de la República Argentina muestran la magnitud de las dificultades financieras.
Según la información disponible, Granja Tres Arroyos acumula más de 3.200 cheques rechazados por un monto superior a los 54.300 millones de pesos.
A esa cifra se suman centenares de documentos sin fondos emitidos por sociedades vinculadas al grupo empresario.
Aunque uno de los informes menciona más de 3.500 cheques rechazados, el detalle disponible identifica más de 3.200 correspondientes a la compañía. La diferencia podría estar relacionada con la inclusión de empresas vinculadas, pero no es posible establecerlo con precisión a partir de los datos aportados.
El crecimiento de los incumplimientos financieros coincide con una reducción de la actividad industrial y un conflicto laboral que afecta a distintas instalaciones de la empresa.
Despidos en Granja Tres Arroyos: trabajadores reclaman cuatro meses de salarios
La situación económica de la compañía tiene consecuencias directas sobre sus trabajadores.
De acuerdo con los informes disponibles, cerca de 7.000 personas dependen de la actividad de Granja Tres Arroyos, mientras distintas plantas atraviesan despidos, suspensiones de tareas y dificultades para cobrar sus remuneraciones.
En septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense informó que el conflicto alcanzaba a 1.200 trabajadores distribuidos entre tres establecimientos:
- 700 trabajadores en Capitán Sarmiento.
- 50 trabajadores en Pilar.
- 450 trabajadores en Esteban Echeverría.
Posteriormente, otra de las informaciones difundidas elevó a 1.250 la cantidad de despidos en las tres plantas. Sin embargo, los textos disponibles no permiten confirmar si esa cifra representa una actualización definitiva de las desvinculaciones.
En la planta de Pilar, otro informe menciona 80 despidos y cerca de 200 trabajadores cuyo futuro laboral permanece incierto.
Estas diferencias muestran que no existe, en la documentación aportada, un registro actualizado y unificado de la cantidad total de trabajadores despedidos.
Salarios, aguinaldos e indemnizaciones sin pagar
Los trabajadores despedidos de la planta de La Lonja, en el partido bonaerense de Pilar, denuncian que la empresa mantiene deudas correspondientes a cuatro meses de salarios, el aguinaldo y las indemnizaciones.
Fernando Bordón, uno de los empleados cesanteados, explicó que el conflicto se prolonga desde hace varias semanas sin que los afectados reciban una propuesta satisfactoria.
“Estamos en el acampe desde hace varias semanas porque venimos a reclamar la deuda que ellos mantienen con nosotros, que son cuatro meses de sueldo más aguinaldo, sin contar lo que es indemnizaciones”, sostuvo.
El trabajador también cuestionó la ausencia de representantes empresariales con capacidad para ofrecer una solución.
“No se quieren hacer cargo de la deuda, nadie aparece y dice: ‘Gente, levanten esto, vamos a arreglar de alguna manera con alguna plata y llegar a buenos términos’”, manifestó.
Los despedidos sostienen que la falta de ingresos afecta directamente la economía de sus familias y reclaman un compromiso concreto que establezca los montos y los plazos de pago.
Un operativo policial puso fin al bloqueo de la planta de Pilar
El conflicto alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando aproximadamente 50 trabajadores despedidos retomaron el bloqueo de los accesos a la planta de La Lonja.
La medida impedía el ingreso y la salida de camiones y buscaba presionar a la empresa para que respondiera a los reclamos salariales.
La protesta fue levantada después de un despliegue policial que permitió restablecer la circulación de vehículos y reanudar el ingreso de camiones al establecimiento.
Sin embargo, el levantamiento del bloqueo no estuvo acompañado por el anuncio de un acuerdo para cancelar las deudas laborales.
Los manifestantes advirtieron que podrían retomar las medidas de fuerza si no obtienen respuestas.
Antes del procedimiento circuló un comunicado atribuido a los trabajadores, en el que expresaban preocupación por una eventual intervención policial contra quienes participaban del acampe y sus familias.
En ese documento responsabilizaban al gobernador bonaerense Axel Kicillof por su seguridad y cuestionaban al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, por lo que consideraban una falta de garantías para el cumplimiento de la conciliación obligatoria.
No se dispone de la orden judicial correspondiente al operativo policial, por lo que no es posible precisar sus fundamentos legales ni su alcance.
Denuncias de amenazas durante la protesta
Durante el bloqueo, los trabajadores denunciaron que un grupo de aproximadamente 15 personas se presentó en el establecimiento y los amenazó para que levantaran la medida.
Según el testimonio de Bordón, los involucrados habrían sido enviados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
“Estábamos con los compañeros hasta que vimos un grupo de 15 personas que se acercaron a amedrentarnos”, relató el exempleado.
También cuestionó la actuación de los efectivos policiales presentes en el lugar y aseguró que las personas señaladas no fueron identificadas.
Estas acusaciones corresponden exclusivamente a los testimonios de los manifestantes. No se cuenta con confirmación independiente sobre la identidad de los involucrados ni sobre una eventual participación sindical.
Tampoco se informó sobre actuaciones judiciales que permitan establecer responsabilidades por los incidentes denunciados.
Conciliación obligatoria: una negociación que no resolvió el conflicto
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires había intervenido formalmente el 4 de septiembre mediante el dictado de una conciliación obligatoria por quince días hábiles, con posibilidad de prórroga.
La medida contemplaba la reincorporación de los trabajadores despedidos y la apertura de una instancia de negociación entre representantes de las empresas y del sindicato de la alimentación.
Durante aquella audiencia se acordó un pago de dinero a cuenta de las obligaciones pendientes y la entrega de mil cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos.
No obstante, la información oficial disponible no permite determinar cuánto dinero fue efectivamente abonado ni qué montos permanecen pendientes.
Posteriormente, Bordón denunció que la empresa les habría ofrecido un cajón de pollos por trabajador como respuesta para levantar el bloqueo.
Se trata de dos referencias diferentes: una corresponde a lo anunciado durante la conciliación obligatoria y la otra a una denuncia posterior del trabajador. Los documentos aportados no permiten establecer si ambas propuestas estaban relacionadas.
La continuidad del conflicto después de la intervención provincial refleja la distancia entre las medidas anunciadas y las soluciones que siguen reclamando los trabajadores.
La crisis de Granja Tres Arroyos también afecta la producción avícola
La paralización parcial de distintas instalaciones comenzó a impactar sobre el funcionamiento de la cadena productiva.
La planta de La Lonja tiene una importancia particular para Entre Ríos porque, según la información aportada, es la única instalación de la empresa que recibe pollos vivos provenientes de Concepción del Uruguay.
Durante el bloqueo, dos camiones quedaron dentro del establecimiento, otros dos permanecieron en el exterior y un quinto debió regresar a su lugar de origen, de acuerdo con información atribuida a iProfesional.
La interrupción de las operaciones también provocó que trabajadores que permanecían en actividad fueran enviados nuevamente a sus hogares.
El conflicto se suma a la paralización de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, y a la reducción de los niveles de faena registrada en otras instalaciones.
Denuncias sobre condiciones laborales y sanitarias
Los trabajadores también denunciaron dificultades entre el personal que continúa empleado.
Según Bordón, algunos empleados estarían percibiendo alrededor de 40.000 pesos semanales y la planta funcionaría con el 35% o menos de su dotación habitual.
Estas cifras corresponden al testimonio del trabajador y no cuentan con documentación adicional que permita verificar su alcance.
Por otra parte, durante el conflicto en La Lonja, manifestantes denunciaron que parte de los pollos transportados hacia el frigorífico habría permanecido muerta durante varias horas, por lo que expresaron preocupación por las condiciones sanitarias de la mercadería.
No se aportaron resultados de inspecciones bromatológicas ni informes de organismos de control que permitan confirmar el estado de esos productos.
Por lo tanto, las advertencias deben considerarse denuncias que requieren verificación oficial y no como evidencia de una irregularidad sanitaria comprobada.
El futuro de Granja Tres Arroyos depende de las negociaciones con sus acreedores
La situación de Granja Tres Arroyos combina tres problemas que se profundizan de manera simultánea: el deterioro financiero, la reducción de la actividad industrial y la persistencia del conflicto laboral.
Los pedidos judiciales de quiebra incrementan la presión sobre una compañía que intenta reestructurar sus compromisos financieros, mientras los trabajadores reclaman salarios, aguinaldos e indemnizaciones que consideran pendientes.
La eventual declaración de quiebra no está confirmada en los textos disponibles. Su concreción dependerá de las decisiones judiciales y de la evolución de las negociaciones con los acreedores.
Mientras tanto, el levantamiento del bloqueo en Pilar permitió recuperar el acceso al establecimiento, pero no resolvió el reclamo económico que originó la protesta.
El futuro de una de las principales empresas avícolas del país permanece condicionado por su capacidad para alcanzar acuerdos financieros, recuperar la actividad productiva y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
La crisis, además, expone las consecuencias que una eventual interrupción de sus operaciones podría tener sobre miles de puestos de trabajo y sobre los distintos eslabones de la cadena avícola argentina.
