La investigadora Virginia Aparicio presentó en Balcarce los resultados del proyecto internacional SPRINT, que detectó múltiples residuos de plaguicidas en viviendas rurales, cursos de agua y muestras biológicas humanas. El estudio expuso diferencias con los parámetros europeos y abrió interrogantes sobre los controles ambientales y sanitarios en Argentina. Mientras tanto, el INTA se desvinculó institucionalmente de la investigación y avanza una controversia disciplinaria que podría terminar con la exoneración de la científica.
Una investigación sobre plaguicidas que desató una controversia científica e institucional
La presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo de personas expuestas a la actividad agropecuaria volvió al centro del debate público después de que la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), presentara en Balcarce los resultados del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea.
Los resultados revelaron la presencia simultánea de numerosos residuos de plaguicidas en viviendas rurales, aguas superficiales y muestras biológicas. También identificaron diferencias entre los niveles registrados en Argentina y los correspondientes a los sitios europeos incluidos en la investigación.
Sin embargo, la difusión de estos datos se produjo en medio de un conflicto institucional. El INTA, que había autorizado su participación en el proyecto en 2020, resolvió desvincularse en diciembre de 2023 y posteriormente cuestionó distintos procedimientos relacionados con el tratamiento de muestras humanas.
La controversia se profundizó con la información sobre un procedimiento disciplinario que podría concluir con la exoneración de Aparicio, una medida cuya situación administrativa definitiva no queda acreditada en los antecedentes disponibles.
Proyecto SPRINT: qué investigó la científica Virginia Aparicio
El proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition) fue una iniciativa internacional financiada por la Comisión Europea para estudiar la exposición a productos fitosanitarios y desarrollar herramientas que permitieran evaluar sus posibles efectos sobre los ecosistemas, los animales, las plantas y las personas.
La participación argentina comenzó a gestarse en 2018, cuando investigadores vinculados con Labintex Europa, una iniciativa del INTA en el exterior, promovieron el contacto entre Aparicio y Violette Geissen, especialista en suelos de la Universidad de Wageningen, en Países Bajos.
En 2020 se formalizó la incorporación de Argentina, el único país no europeo participante, en consideración a su importancia como exportador de soja destinada a la alimentación animal.
El estudio argentino se desarrolló en diez partidos del sudeste bonaerense: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.
Durante la primavera de 2021 participaron más de 70 voluntarios, entre productores convencionales, agricultores agroecológicos y familias residentes en áreas próximas a cultivos.
La investigación contempló el análisis de más de 200 plaguicidas y comprendió muestras de suelo, agua superficial, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos.
En el caso de las personas, se recolectaron muestras de sangre, orina y materia fecal. También se utilizaron pulseras de silicona durante siete días para registrar la exposición a sustancias presentes en el entorno.
Según explicó Aparicio, los procedimientos de muestreo y análisis siguieron protocolos armonizados con los equipos europeos, con el propósito de permitir comparaciones entre los distintos países participantes.
Detectaron hasta 121 sustancias diferentes en el polvo de viviendas rurales
Uno de los resultados más relevantes de la investigación fue la detección simultánea de múltiples sustancias en las muestras ambientales.
En el polvo recolectado dentro de viviendas rurales, los análisis registraron una mediana de 75 sustancias diferentes por muestra, con valores que oscilaron entre 25 y 121.
En las muestras de agua superficial provenientes de arroyos y lagunas, el valor típico fue de 20 residuos por muestra. Ninguna de las muestras de ese conjunto estuvo libre de residuos y también se identificaron sustancias cuyo uso no está permitido.
La investigadora advirtió que una de las limitaciones de las evaluaciones tradicionales es que suelen estudiar los efectos de cada producto de manera individual, mientras que en condiciones reales las personas y los organismos pueden entrar en contacto con distintas sustancias simultáneamente.
Los ensayos experimentales aportaron información sobre este fenómeno.
En lombrices, determinadas combinaciones de productos produjeron efectos mayores que los observados cuando las sustancias fueron evaluadas por separado. En plantas se registró una reducción del crecimiento de las raíces, mientras que en los colémbolos estudiados no se observaron efectos bajo las condiciones del ensayo.
Aparicio aclaró que estos resultados no pueden generalizarse automáticamente, ya que las respuestas dependen del organismo, las sustancias y las concentraciones analizadas.
La detección de residuos, por sí sola, tampoco permite establecer que todas las muestras representen un mismo nivel de riesgo sanitario o ambiental.
Plaguicidas en el agua: muestras que superaron los parámetros europeos
La calidad del agua destinada al consumo humano constituyó otro de los ejes centrales de la presentación.
Aparicio expuso resultados de un relevamiento de 154 muestras de agua de la región pampeana, recolectadas entre 2019 y 2022.
Entre las sustancias detectadas recurrentemente figuraron atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid.
Al comparar los resultados con un umbral de referencia utilizado por la Unión Europea, la investigación identificó que:
- El 9% de las muestras de agua de red superaba ese parámetro.
- El 18% de las muestras provenientes de pozos rurales también lo superaba.
Estos porcentajes corresponden a los conjuntos de muestras analizados y no deben interpretarse como una estimación de toda el agua distribuida en Argentina.
La investigadora explicó que superar un umbral de referencia no demuestra automáticamente que el agua provoque daños a la salud. Para determinar riesgos concretos es necesario considerar cada sustancia, su concentración, la duración de la exposición y los criterios regulatorios correspondientes.
No obstante, señaló que los controles argentinos presentan limitaciones porque determinadas sustancias utilizadas actualmente no están contempladas adecuadamente en los parámetros vigentes.
Esto significa que un análisis de agua puede cumplir con las exigencias normativas sin haber evaluado todos los compuestos que se utilizan en la producción agropecuaria.
En cuanto a los cursos de agua superficiales, Aparicio sostuvo que las concentraciones registradas en las muestras argentinas fueron superiores a las de los sitios europeos comprendidos en el proyecto.
Por ese motivo, propuso ampliar el monitoreo de arroyos y lagunas, construir bases de datos actualizadas y profundizar los estudios sobre el origen de los residuos.
Producción convencional y agroecología: diferencias en la exposición
La investigación también permitió comparar la presencia de residuos en viviendas vinculadas con distintos modelos de producción agropecuaria.
Según los resultados presentados, las muestras de polvo correspondientes a productores convencionales contenían una mayor cantidad y concentración de plaguicidas que las obtenidas en viviendas relacionadas con prácticas agroecológicas.
Aparicio mencionó, además, una experiencia desarrollada en España en la que un grupo de voluntarios consumió exclusivamente alimentos orgánicos durante seis días.
En ese período, determinados indicadores urinarios relacionados con la exposición a insecticidas descendieron entre un 57% y un 87%.
La investigadora consideró que estos resultados aportan evidencia sobre la posibilidad de reducir ciertas exposiciones mediante modificaciones en las prácticas productivas y los hábitos de consumo.
Sin embargo, las conclusiones de esa experiencia no pueden trasladarse automáticamente a todas las sustancias, poblaciones o condiciones ambientales.
Otro aspecto señalado fue la existencia de diferencias entre las dosis recomendadas en las etiquetas de los productos y las cantidades efectivamente aplicadas en algunos establecimientos.
Según los relevamientos mencionados durante la exposición, se registraron casos en los que las dosis utilizadas alcanzaron hasta 20 veces las indicadas.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, advirtió Aparicio al referirse a la dispersión de estas sustancias y a la necesidad de fortalecer los controles.
El INTA se desvinculó del proyecto antes de la asunción de Milei
La controversia institucional comenzó antes del actual gobierno nacional.
El 7 de diciembre de 2023, tres días antes de la asunción presidencial de Javier Milei, el Consejo Directivo del INTA aprobó la Resolución 1081/2023, mediante la cual dispuso finalizar su participación en el proyecto SPRINT.
La decisión fue adoptada durante la presidencia de Mariano Garmendia y se fundamentó en observaciones sobre determinadas actividades desarrolladas durante la investigación.
Según los antecedentes de la resolución, el organismo consideró que algunos procedimientos vinculados con la obtención y el análisis de muestras humanas excedían sus competencias técnicas y requerían la intervención de especialistas en salud y toxicología.
También formuló cuestionamientos relacionados con el envío de muestras biológicas al exterior, la intervención del comité de ética y el acceso a información correspondiente a los participantes.
Sin embargo, la misma resolución estableció una distinción importante: el INTA no formuló las mismas observaciones sobre los análisis realizados en animales, suelos y aguas, por considerar que esas actividades estaban comprendidas dentro de sus atribuciones institucionales.
Aparicio y su defensa rechazaron las imputaciones. La investigadora sostuvo que la información personal de los voluntarios debía permanecer protegida por criterios de confidencialidad, que el envío de muestras al exterior respondía al protocolo internacional y que no había realizado los análisis toxicológicos que se le atribuían.
Las posiciones reflejan una controversia sobre los procedimientos y las responsabilidades institucionales que no equivale, por sí misma, a una refutación científica de todos los resultados del proyecto.
El INTA tomó distancia de la presentación en Balcarce
La presentación pública de los resultados en el Concejo Deliberante de Balcarce reactivó el conflicto.
Antes de la exposición, el director del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, Horacio Berger, remitió una comunicación al presidente del cuerpo legislativo local, Agustín Cassini.
En ella aclaró que las declaraciones realizadas por agentes del organismo a título personal no representan necesariamente la posición oficial del INTA ni implican una validación institucional de sus contenidos.
La comunicación fue acompañada por la Resolución 1081/2023.
Es importante precisar que la nota no solicitó suspender ni prohibir la presentación de Aparicio. Su propósito explícito fue establecer una separación entre las manifestaciones personales de la investigadora y la posición institucional del organismo.
Durante la exposición, Aparicio aclaró que intervenía a título personal y que no representaba oficialmente al INTA ni al CONICET.
La científica explicó que había decidido compartir los resultados para facilitar el acceso público a la información y responder las inquietudes surgidas alrededor del estudio.
“Con la finalidad de honrar la ética y la moral que tenemos para desarrollar ciencia, es que estoy con ustedes para que me pregunten después lo que necesiten saber, pero que la información que hemos generado sea clara y concreta para cada uno de ustedes”, expresó.
El proceso de exoneración contra Virginia Aparicio
El conflicto adquirió una dimensión adicional con la información sobre un procedimiento disciplinario que podría concluir con la exoneración de la investigadora.
Según los antecedentes periodísticos aportados, las autoridades del INTA avanzaron en esa dirección, mientras que la eventual repercusión sobre su vinculación con el CONICET también fue mencionada en las publicaciones.
No obstante, los textos no incluyen una resolución administrativa definitiva de exoneración ni documentación que permita establecer con certeza sus consecuencias laborales sobre ambos organismos.
Por ese motivo, corresponde distinguir entre la existencia de cuestionamientos y actuaciones disciplinarias, las informaciones sobre una posible sanción y la efectiva aplicación de una medida de expulsión.
La controversia plantea interrogantes sobre la relación entre las responsabilidades institucionales, el cumplimiento de los protocolos de investigación y las condiciones en las que los científicos pueden difundir resultados de interés público.
Reclamos de los vecinos: controles del agua, legislación y salud pública
La exposición en Balcarce derivó en un intercambio con vecinos y representantes locales sobre las consecuencias ambientales y sanitarias del uso de plaguicidas.
Entre las preocupaciones planteadas figuraron la calidad del agua, la presencia de residuos en alimentos, el impacto sobre las abejas y la actividad apícola, las aplicaciones en banquinas y la necesidad de revisar la legislación vigente.
También se reclamó ampliar las investigaciones a otros sistemas productivos y fortalecer el acceso público a los resultados de los controles.
Durante el encuentro, el concejal Gabriel Petruccelli explicó que el Concejo Deliberante no dispone de facultades ejecutivas para realizar por sí mismo todas las inspecciones, aunque puede promover proyectos, solicitar información y gestionar medidas ante los organismos competentes.
Aparicio insistió en que el objetivo de la investigación científica es aportar información que permita fundamentar decisiones públicas.
La investigadora también aclaró que el proyecto no determinó enfermedades en las personas participantes ni permitió identificar con exactitud el origen de cada residuo encontrado.
Al finalizar, sintetizó su posición: “Esto solamente se corrige con más ciencia, con más investigación y con más prevención”.
Ciencia, producción y salud: el debate que deja la investigación
Los resultados del proyecto SPRINT vuelven a colocar en discusión la exposición a plaguicidas en Argentina y la capacidad de los sistemas de control para detectar las sustancias utilizadas actualmente en la producción agropecuaria.
La investigación presentó evidencia sobre la presencia de múltiples residuos en componentes ambientales y muestras biológicas, además de diferencias entre prácticas productivas y posibles efectos de determinadas combinaciones sobre organismos estudiados en laboratorio.
Al mismo tiempo, sus resultados requieren una interpretación cuidadosa. La presencia de una sustancia no demuestra por sí sola la existencia de una enfermedad, ni permite establecer automáticamente el riesgo de una exposición sin conocer las concentraciones y demás condiciones relevantes.
La controversia institucional tampoco puede resolverse únicamente a partir de las posiciones enfrentadas. Los cuestionamientos administrativos deben distinguirse de la evaluación científica de los resultados y de las garantías que corresponden a cualquier procedimiento disciplinario.
El desafío para las autoridades, los organismos científicos y el sector productivo consiste en avanzar hacia sistemas de monitoreo más amplios, normas actualizadas y mecanismos transparentes de acceso a la información.
La discusión de fondo ya no se limita a los resultados de una investigación o al futuro laboral de una científica: también involucra qué información ambiental produce el Estado, cómo la evalúa y de qué manera la utiliza para proteger la salud pública y orientar las políticas agropecuarias.
