Trabajadores del organismo aseguran que continúan las amenazas de despidos y el vaciamiento pese a una medida cautelar que ordenó frenar la reestructuración
El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sumó un nuevo capítulo luego de que trabajadores, investigadores, técnicos y profesionales denunciaran que el Gobierno nacional continúa incumpliendo una resolución judicial que ordenó frenar los despidos masivos y la eliminación de funciones dentro del organismo.
La denuncia fue realizada durante una jornada de protesta y banderazo frente a la sede central del INTI, bajo la consigna: “Para que gane Argentina hay que sacar a Adorni”, en referencia al vocero presidencial y actual funcionario nacional Manuel Adorni, a quien los trabajadores señalan como uno de los responsables del proceso de ajuste sobre organismos públicos.
Cierre de la sede central y trabajo remoto obligatorio
La tensión aumentó luego de que las autoridades del INTI dispusieran el cierre total de la sede central ubicada en el Parque Tecnológico Miguelete durante la jornada de protesta.
A través de un comunicado enviado por la Gerencia de Recursos Humanos, se informó al personal que el lunes 22 de junio debía realizar sus tareas de manera remota debido al cierre de las instalaciones.
Desde la Asamblea Multisectorial del INTI interpretaron la decisión como una maniobra destinada a impedir la movilización y visibilización del conflicto.
“Es evidente que el Gobierno dio la orden de que no se haga ningún reclamo contra Adorni”, señalaron desde el espacio que nuclea a trabajadores y profesionales del organismo.
La preocupación por 800 despidos y el futuro del organismo
Uno de los principales puntos de conflicto es la amenaza de alrededor de 800 despidos y la eliminación de unas 900 funciones técnicas y científicas, medidas que los trabajadores consideran parte de un proceso de desmantelamiento institucional.
Giselle Santana, integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI, expresó la incertidumbre que atraviesa el personal.
“No sabemos qué va a pasar. Nos cierran el organismo, impiden el ingreso a todos los trabajadores y la preocupación crece día a día”, afirmó.
La representante destacó además la relevancia estratégica que tiene el instituto para el desarrollo productivo nacional.
“El INTI nació para promover la industria argentina, brindar asistencia técnica y transferencia tecnológica, especialmente a pequeñas y medianas empresas. Además, es el Instituto Nacional de Metrología, responsable de garantizar los patrones nacionales de medida que permiten certificar procesos productivos y comerciales en todo el país”, explicó.
El fallo judicial que el Gobierno aún no cumple
La disputa también se desarrolla en el plano judicial.
El pasado 26 de mayo, la Justicia hizo lugar a una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó suspender los efectos de la Resolución 42/26, una norma considerada clave dentro del proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno.
La medida judicial dispuso:
- Frenar despidos y cesantías.
- Impedir transferencias compulsivas de personal.
- Evitar modificaciones arbitrarias de funciones.
- Garantizar la ocupación efectiva de los trabajadores.
- Mantener categorías laborales y salarios vigentes.
Sin embargo, desde la Multisectorial sostienen que gran parte de esas disposiciones aún no fueron cumplidas por las autoridades del organismo.
ATE denuncia un avance sobre el Estado
Tras conocerse el fallo, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, había celebrado la resolución judicial y cuestionado duramente la política oficial.
“No se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Este es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”, afirmó entonces.
Para los trabajadores, la situación actual demuestra que el conflicto sigue abierto y que el Gobierno mantiene su intención de avanzar con una profunda reducción de estructuras y personal dentro del INTI.
Un organismo estratégico bajo amenaza
El conflicto en el INTI se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la disputa entre el Gobierno de Javier Milei y los trabajadores de organismos científicos y tecnológicos del Estado.
Mientras la administración nacional sostiene la necesidad de reducir gastos y reorganizar estructuras públicas, los trabajadores advierten que detrás de ese proceso se encuentra el debilitamiento de capacidades técnicas fundamentales para la industria nacional, la innovación tecnológica y el control de calidad de la producción argentina.
Con una medida judicial vigente, denuncias de incumplimiento y una creciente movilización sindical, el futuro del INTI continúa envuelto en incertidumbre.
