La Redacción
Hoy comenzaron ceses de actividades con presencia en los lugares de trabajo y un apagón informático. Los gremios del sector denuncian que la decisión del gobierno de Milei se enmarca en un vaciamiento del Estado.
La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato Único del Personal Aduanero (SUPARA) iniciaron un plan de lucha conjunto para repudiar el anuncio de disolución de la AFIP por parte del gobierno nacional.
En una primera etapa las medidas de fuerza serán paros parciales, apagón informático y asambleas en lugares de trabajo. Los trabajadores realizaron un paro de actividades hoy de 10 a 12 con presencia en los lugares de trabajo y se repetirá este jueves 24 y el viernes 25.
La decisión de la AEFIP que conduce Pablo Flores y el SUPARA que lidera Carlos Sueiro, recibió un amplio acompañamiento de los trabajadores que se acercaron de manera masiva a cada una de las asambleas.
Pablo Flores, ante la multitudinaria asamblea, dijo que “no vamos a tolerar, que jueguen con los trabajadores, que jueguen con la destrucción de 3000 puestos de trabajo”. Flores, que integra el Consejo Directivo de CGT, aseguró que “es falso el argumento esgrimido por el gobierno sobre la irregularidad de los ingresos de trabajadores durante la anterior gestión”.
Por su parte, el titular del SUPARA vaticinó “una pelea de largo aliento, difícil y dura” y afirmó que “seguramente vamos a realizar muchas medidas para torcer estas decisiones alocadas”.
La disolución de la AFIP implica su reemplazo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una reducción significativa de cargos.
“Favorecen a los grandes grupos económicos”
En el marco de las asambleas, los trabajadores de AFIP y de Aduana exigieron un paro general y denunciaron que hay un “vaciamiento del Estado” y una política tributaria en favor de grandes grupos económicos.
La AEFIP expresó en un comunicado que “el gobierno anunció la disolución de la AFIP y el despido de miles de trabajadores de planta permanente. Sustenta dicha desvinculación en un falso planteo de ingresos irregulares. En ningún momento plantea razones funcionales, solo esgrime el pase a disponibilidad en una estigmatización y persecución política”.
Agrega que “la Constitución nacional y nuestro convenio colectivo son sostén de la estabilidad del empleo público ante los despidos arbitrarios. En todos los periodos de gobierno hubo ingresos de personal, sin excepción, sencillamente porque la planta se reduce vegetativamente por cuestiones naturales. Tanto es así que nuestro organismo tiene la misma cantidad de personas desde su creación y hoy son menos que en el 2019″.
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