La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció que AySA no acredita el cumplimiento de una medida cautelar vigente. Mientras avanza la privatización, crecen los reclamos por obras pendientes, inversiones, tarifas y garantías para millones de usuarios.
La privatización de AySA avanza mientras continúa vigente una medida cautelar que protege las obligaciones de la empresa. La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció ante la Justicia la falta de información sobre su cumplimiento. También reclamó medidas urgentes para garantizar el acceso al agua potable, el saneamiento y la continuidad de las inversiones.
El organismo que conduce Guido Lorenzino advirtió que el proceso licitatorio sigue adelante sin garantías suficientes sobre las obras y los estándares sanitarios. La preocupación alcanza a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La disputa judicial se desarrolla mientras el Gobierno nacional evalúa las ofertas económicas para transferir el 90% de las acciones de la compañía.
La Defensoría denuncia incumplimientos en la privatización de AySA
El pasado 16 de octubre, la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un nuevo reclamo judicial. Solicitó que se intime a AySA a demostrar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
La resolución fue dictada en junio por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata. Posteriormente, la Sala II de la Cámara de La Plata rechazó la apelación presentada por la empresa.
La cautelar establece que AySA debe preservar sus obligaciones de prestación del servicio. Esto incluye mantener las inversiones, ampliar las redes de agua y cloacas y garantizar el tratamiento de efluentes.
También comprende el saneamiento, la remediación de pasivos ambientales y el cumplimiento de los estándares de calidad.
La medida no declara inconstitucional la privatización ni anula la Ley Bases. Sin embargo, impide que la empresa reduzca, suspenda o desnaturalice sus obligaciones mientras continúa el proceso judicial.
La Cámara también dispuso que el litigio prosiga en el fuero federal.
“No se puede avanzar con la transferencia de AySA y averiguar después si están protegidos los derechos de las y los bonaerenses”, sostuvo Lorenzino.
El defensor del Pueblo reclamó garantías antes de que la operación se vuelva irreversible.
Dos consorcios compiten por el 90% de AySA
El Gobierno nacional mantiene el cronograma administrativo de la privatización de AySA.
El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó la oferta económica más elevada. Su propuesta alcanza los 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones.
La segunda oferta corresponde al grupo encabezado por Roggio, que propuso 285 millones de dólares.
Aunque distintos medios anticiparon un resultado favorable al primer consorcio, la adjudicación formal todavía no estaba confirmada al día de hoy.
El Gobierno sostiene que puede continuar con las etapas licitatorias mientras no concrete una transferencia contraria a la medida judicial.
El 10% restante de las acciones permanecería en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Reclaman conocer la tasación oficial de la empresa
A la controversia se suma otro recurso judicial presentado por cuatro legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
Los parlamentarios reclaman acceder a la tasación oficial de AySA, declarada reservada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
La falta de acceso a esa información incorpora un nuevo cuestionamiento sobre la transparencia del procedimiento.
Obras e inversiones por más de 2.000 millones de dólares
El Gobierno informó que el futuro operador deberá afrontar inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares.
Ese monto comprende obras, mantenimiento, mejoras operativas y expansión de los sistemas de agua potable y saneamiento.
Para la Defensoría, esta exigencia refuerza la necesidad de conocer las garantías económicas y técnicas del futuro concesionario.
El organismo reclama precisiones sobre las obras comprometidas, los proyectos pendientes y los pasivos ambientales existentes.
También exige determinar quién asumirá las obligaciones actualmente protegidas por la Justicia.
“La discusión no es privatización sí o privatización no. Hay una orden judicial vigente y hay derechos que deben ser protegidos”, afirmó Lorenzino.
El funcionario advirtió que el acceso al agua, la salud y el ambiente no pueden quedar sujetos a hechos consumados.
AySA perdió casi una cuarta parte de sus trabajadores
La privatización también genera incertidumbre sobre el futuro laboral de los empleados de la compañía.
Según los datos difundidos, AySA contaba con 5.933 trabajadores en agosto de 2026. Esa dotación representa una reducción cercana al 24% respecto de noviembre de 2023.
El Sindicato de Obras Sanitarias, conducido por José Luis Lingeri, anunció consultas con abogados constitucionalistas para evaluar una presentación judicial.
Entre las preocupaciones aparecen la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y las obligaciones que asumirá el futuro operador.
La eventual transferencia a manos privadas abre interrogantes sobre la organización del servicio y la continuidad de los puestos de trabajo.
Tarifas de AySA: aumentos superiores al 500%
El gobierno bonaerense también profundizó sus cuestionamientos al proceso de privatización.
La administración provincial anticipó su participación en la audiencia pública convocada para el 26 de octubre.
Allí planteará objeciones a los aumentos tarifarios y exigirá el cumplimiento de los compromisos de inversión.
Según los datos presentados por la Provincia, las tarifas acumulan incrementos superiores al 500%. En el mismo período, la inflación se ubicó cerca del 300%.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, expuso además la magnitud de las necesidades sanitarias pendientes.
De acuerdo con sus declaraciones, más de tres millones de personas carecen de acceso al agua potable y alrededor de cinco millones no tienen cloacas en la región bonaerense.
Estas cifras reflejan la importancia de sostener y ampliar la infraestructura sanitaria.
Riesgos ambientales y obras pendientes en el sistema Riachuelo
Las organizaciones ambientales también expresaron preocupaciones por las consecuencias de la privatización de AySA.
Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió sobre la falta de precisiones respecto de las obras del sistema Riachuelo.
Se trata de infraestructura interjurisdiccional vinculada al cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Nápoli cuestionó además la incertidumbre sobre los mecanismos de control de la provisión de cloro. Uno de los integrantes del consorcio que presentó la mayor oferta participa de ese sector.
Otro punto controvertido es la facultad de interrumpir el servicio por falta de pago, contemplada en el DNU 493/2025.
El representante de FARN consideró que esa posibilidad resulta incompatible con el derecho humano al agua.
La inversión pública cayó un 75% en términos reales
Según el Instituto Argentina Grande, el gasto de capital de AySA registró una caída real del 75% desde diciembre de 2023.
La reducción se produjo en el marco del ajuste del gasto público aplicado por el Gobierno de Javier Milei.
Este escenario plantea interrogantes sobre el estado de la infraestructura que recibiría el futuro operador privado.
También abre una discusión sobre la financiación de las obras necesarias para ampliar la cobertura del servicio.
Una privatización bajo disputa judicial
La privatización de AySA continúa en una etapa decisiva, pero enfrenta cuestionamientos judiciales, laborales y ambientales.
La Defensoría del Pueblo bonaerense exige que la empresa demuestre el cumplimiento de la medida cautelar antes de concretar cualquier transferencia.
Mientras tanto, siguen pendientes las definiciones sobre las inversiones, las obras sanitarias y las garantías del futuro operador.
El resultado del proceso no solo determinará quién administrará AySA. También establecerá las condiciones de prestación de un servicio esencial para millones de habitantes del AMBA.
El principal interrogante es cómo se garantizarán el acceso al agua potable, el saneamiento y la expansión de las redes bajo la nueva administración.
