Milei profundiza el ajuste en la CNEA: reduce un 58% la estructura del organismo nuclear tras los despidos

Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica protestan tras el recorte del 58% de la estructura de la CNEA oficializado por el Gobierno mediante el Decreto 655/2026.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que implica una reducción cercana al 58% de su estructura organizativa.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 655/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida llega apenas semanas después de los despidos registrados en el organismo y profundiza el proceso de reorganización impulsado por la administración libertaria. Mientras el Ejecutivo sostiene que busca eliminar el “sobredimensionamiento” de la estructura estatal, trabajadores, gremios y sectores de la oposición advierten sobre un proceso de vaciamiento que podría afectar proyectos estratégicos para la salud, la industria y la soberanía tecnológica argentina.

Un recorte histórico en la estructura de la CNEA

El decreto modifica la organización interna de la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo dependiente de la Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía.

Según los propios fundamentos oficiales, la estructura vigente contaba con 645 unidades organizativas, distribuidas entre autoridades políticas, gerencias, subgerencias, departamentos y divisiones.

Con la nueva normativa, el máximo permitido pasa a 272 unidades, lo que representa una reducción del 57,83%, porcentaje celebrado por el vocero presidencial Adrián Ravier, quien destacó el recorte como parte del proceso de reducción del Estado impulsado por el Gobierno.

Hasta ahora, la estructura incluía:

  • 2 autoridades políticas.
  • 11 gerencias de área.
  • 45 gerencias de segundo nivel.
  • 49 subgerencias.
  • 240 departamentos.
  • 283 divisiones.

A partir del Decreto 655/2026, el nuevo esquema establece como máximo:

  • 32 gerencias de segundo nivel operativo.
  • 48 subgerencias.
  • 168 departamentos.
  • 7 divisiones.
  • 1 Auditoría Interna Adjunta.
  • 4 Supervisiones de Auditoría.

La reducción más significativa se concentra en las divisiones, que pasan de 283 a apenas 7, mientras también disminuyen de manera importante los departamentos y gerencias operativas.

Cómo quedará organizado el organismo nuclear

La nueva estructura mantiene la Presidencia y Vicepresidencia de la CNEA como máxima conducción, acompañadas por la Unidad de Auditoría Interna, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de Coordinación General.

Debajo de esa conducción funcionarán siete gerencias principales:

  • Energía Nuclear.
  • Investigación y Desarrollo de Grandes Proyectos.
  • Aplicaciones Nucleares a la Salud.
  • Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación.
  • Seguridad Nuclear y Ambiente.
  • Articulación Institucional.
  • Administración y Gestión.

Entre las áreas estratégicas que continuarán funcionando se encuentran el desarrollo del reactor modular CAREM, la operación del reactor RA-3, la producción de radioisótopos para uso médico y la conducción del Plan Nacional de Medicina Nuclear NUCLEOVIDA.

Las autoridades disponen ahora de 60 días para presentar el proyecto definitivo de organización de los niveles inferiores, que deberá ser aprobado por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

La reestructuración llega después de los despidos

El nuevo organigrama se conoce pocas semanas después del conflicto generado por las desvinculaciones dentro de la CNEA.

El Gobierno confirmó oficialmente 61 despidos, principalmente en áreas administrativas, aunque la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostuvo que las cesantías alcanzaron entre 100 y 170 trabajadores, incluyendo personal altamente especializado.

Las protestas realizadas en distintas sedes del organismo incluyeron permanencias, movilizaciones y cortes parciales bajo consignas como “No al vaciamiento, no a la entrega”, en defensa de proyectos considerados estratégicos para el desarrollo nuclear argentino, entre ellos los reactores CAREM y RA-10.

Durante algunas de esas manifestaciones también se registró la intervención de efectivos de Gendarmería Nacional.

Preocupación por el impacto en la ciencia, la salud y la soberanía tecnológica

Desde la comunidad científica crecen las críticas al ajuste.

Ignacio Cortés, integrante del grupo de Física, Estadística e Interdisciplina de la CNEA, cuestionó públicamente la orientación del Gobierno al sostener que las reestructuraciones y privatizaciones “no fortalecen el desarrollo nuclear sino que debilitan la capacidad tecnológica del país”.

Los gremios ATE y APCNEAN también alertaron que la reducción de la estructura podría afectar la producción de radioisótopos utilizados en tratamientos oncológicos, además de acelerar la salida de profesionales altamente capacitados formados durante décadas por el Estado argentino.

En paralelo, trabajadores de la CNEA y del CONICET fueron recibidos por diputados de Unión por la Patria, donde denunciaron un supuesto “cientificidio” y reclamaron el acompañamiento político frente al proceso de ajuste.

Algunos dirigentes incluso sostienen que el desmantelamiento del organismo podría facilitar la transferencia de conocimientos estratégicos vinculados al reactor CAREM hacia empresas estadounidenses, una acusación que hasta el momento no ha sido respaldada con pruebas públicas.

Un debate abierto sobre el futuro del desarrollo nuclear argentino

Mientras la Secretaría de Asuntos Nucleares sostiene que la reforma permitirá optimizar recursos y corregir el sobredimensionamiento administrativo, trabajadores e investigadores afirman que el proceso implica un debilitamiento de uno de los organismos científicos más importantes del país.

La continuidad de proyectos vinculados a la medicina nuclear, la producción de radioisótopos, el desarrollo de reactores y la investigación tecnológica aparece ahora como uno de los principales focos del debate sobre el futuro de la política científica argentina, en un contexto de reducción del gasto público y creciente conflictividad dentro del sistema nacional de ciencia y tecnología.

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