Juan Carlos Alderete desmintió que haya alimentos vencidos en locales de la CCC

El coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa dijo que en Berazategui “lo único que encontraron fue un comedor y un sitio de ayuda a familias y chicos con adicciones”. También cuestionó al juez Luis Armella.

La redacción

Inventan titulares para voltear a las organizaciones sociales

El coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, desmintió que en un local de esa organización en Berazategui se hayan encontrado alimentos vencidos durante los allanamientos dispuestos por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

Alderete señaló que “se inventan titulares porque están en la jugada para voltear a las organizaciones y desmiento de manera rotunda que haya pasado, lo que se señala en los medios pagados por Javier Milei”. Dijo que “es cierto que hubo allanamientos, pero lo único que se encontró es que se da de comer y se atiende a vecinos y chicos en el tema de las adicciones”.

Precisó que “se incautaron audios de psicólogos que van a trabajar de manera gratuita, a dar una apoyatura y esto demuestra que los ataques fenomenales a nuestra organización no tienen límites”

Las palabras de Alderete contra los encargados de los allanamientos

Alderete indicó que “el juez Armella, que lleva adelante los allanamientos, fue partícipe en el armado de la Gestapo Sindical. El fin, meter presos a dirigentes gremiales durante el gobierno de María Eugenia Vidal”.

Recordemos que el juez federal Luis Armella fue acusado de haber armado con funcionarios macristas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del gobierno bonaerense de la gestión de María Eugenia Vidal. La denominada causa de la “GESTAPRO” para enjuiciar a distintos dirigentes gremiales. Otro juez, Alejandro Esmoris, declaró nula toda la investigación por haberse demostrado la “falta de imparcialidad” de Armella.

El armado de causas fue ideado por el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. Este, que en el año 2017 había dicho que le gustaría “tener una Gestapo” para “terminar con todos los gremios”, en una reunión en el Banco Provincia en la que exhortó a empresarios a denunciar a los sindicalistas. En ese marco, la justicia comprobó que hubo llamados entre Villegas y el juez Armella, entre agosto y octubre de 2017.

Las maniobras comenzaron en mayo de 2017, en una reunión en la Casa Rosada en la que estuvieron Mauricio Macri, el entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, y Villegas.

Un juez manchado por las aguas del riachuelo

También hay que señalar que en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia resolvió separar a Armella de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza – Riachuelo y denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.

El máximo tribunal también presentó ante la Cámara Federal porteña una «denuncia penal contra todos los sospechados» por las presuntas irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca. En ese entonces, el gobierno nacional denunció a Armella y también pidió al Consejo de la Magistratura que impulse su juicio político por «mal desempeño de sus funciones».

Armella, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, fue designado por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2008 como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa por daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo, que dispuso medidas protectoras en relación con la contaminación de la cuenca.

Además, encomendó a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, (ACUMAR) mejorar la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención del daño. Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Nación dictaminó la existencia de serias irregularidades. En particular, por la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez. Esto último en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.

De acuerdo a la denuncia, el modus operandi de Armella consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras, por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación. Realizaban contrataciones directas que terminaron beneficiando a un grupo de empresas. Estas no solo estaban relacionadas entre sí, sino que también estarían vinculadas al propio magistrado.