La diputada rionegrina Magdalena Odarda advirtió sobre el cambio de titularidad del aeropuerto privado de Puerto Lobos, construido por el empresario británico Joe Lewis cerca de Sierra Grande. Según la legisladora, la propiedad quedó vinculada a inversores de Emiratos Árabes Unidos mediante la empresa Manzil S.A. La ubicación de la pista, la falta de controles denunciada y su proximidad a proyectos energéticos reabren el debate sobre la soberanía territorial, la extranjerización de tierras y la seguridad en la Patagonia.
El aeropuerto de Joe Lewis y el cambio de propietarios
El aeropuerto privado construido por el empresario británico Joseph Lewis en Puerto Lobos, provincia de Río Negro, volvió al centro de la controversia pública tras las denuncias de la diputada provincial Magdalena Odarda sobre su presunto traspaso a inversores vinculados con Emiratos Árabes Unidos.
La instalación está ubicada aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Sierra Grande, a unos 1.000 metros de la costa atlántica, en una zona considerada estratégica por su proximidad al Golfo de San Matías y a los principales proyectos de infraestructura energética previstos para la región.
Según Odarda, el aeropuerto dejó de pertenecer directamente a Lewis y pasó a manos de Manzil S.A., una sociedad constituida en Argentina que estaría vinculada con capitales provenientes de Emiratos Árabes Unidos.
La legisladora sostuvo que la operación comprende también unas 30.000 hectáreas en una zona de seguridad de fronteras, aunque los textos consultados no incluyen documentación registral que permita establecer de manera independiente los alcances de esa transferencia.
La controversia se extiende más allá de la titularidad de las tierras: comprende la fiscalización de las operaciones aéreas, la identidad de los beneficiarios finales de las sociedades propietarias y las condiciones de explotación de recursos naturales en territorio patagónico.
Una pista de 2.200 metros y denuncias por falta de controles
El aeropuerto de Puerto Lobos cuenta, según la información difundida, con una pista de aproximadamente 2.200 metros de longitud y 30 metros de ancho, dimensiones que permiten operar aeronaves de considerable porte.
El complejo incluiría un hangar con capacidad para varias aeronaves, instalaciones de alojamiento cercanas al mar y un sistema privado de seguridad.
Odarda recordó que las primeras denuncias sobre la instalación comenzaron en 2008 y cuestionó la ausencia de controles permanentes por parte de las autoridades nacionales.
La diputada afirmó que el establecimiento continúa sin presencia de efectivos de Gendarmería Nacional que fiscalicen los movimientos de aeronaves.
Sin embargo, la ausencia de gendarmes en el lugar no demuestra por sí sola la inexistencia de toda fiscalización aeronáutica. Para establecer esa situación sería necesario conocer los registros de vuelos, las autorizaciones de operación y las actuaciones de los organismos nacionales competentes.
La proximidad con las Islas Malvinas
Uno de los aspectos destacados por Odarda es la ubicación geográfica del aeropuerto, en el paralelo 42 y relativamente próximo al Atlántico Sur.
La legisladora señaló que desde Puerto Lobos sería posible alcanzar las Islas Malvinas en aproximadamente dos horas de vuelo y expresó preocupación por la cercanía relativa con la base militar británica de Monte Agradable.
La instalación militar británica constituye un elemento central del dispositivo de defensa del Reino Unido en las islas, cuya soberanía es objeto de una disputa con Argentina.
No obstante, la proximidad geográfica entre ambos puntos no constituye evidencia de una vinculación operativa o militar entre el aeropuerto privado de Río Negro y las instalaciones británicas en Malvinas.
La denuncia plantea, en cambio, la necesidad de establecer qué mecanismos de supervisión existen sobre una infraestructura aeronáutica privada situada en una región de relevancia estratégica.
Manzil S.A. y los inversores de Emiratos Árabes Unidos
De acuerdo con las declaraciones de Odarda recogidas en los textos, la titularidad del aeropuerto corresponde a Manzil Sociedad Anónima.
La legisladora identificó a Ignacio Petrocchi Massuh como propietario del 95% del paquete accionario y a Daniel Ortiz como titular del 5% restante.
También mencionó investigaciones de la periodista Susana Lara, publicadas en el sitio Tramas, que vinculan a Petrocchi Massuh con operaciones inmobiliarias relacionadas con inversores de Emiratos Árabes Unidos.
Entre los nombres señalados aparecen Osama Hussein Saleh Hussein Alahdal, Faris Suhail Al Ybhouni Aldhaheri y Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri.
Según esa reconstrucción, Manzil S.A. actuaría como vehículo societario para canalizar inversiones de capitales extranjeros en propiedades rurales de la Patagonia.
Se trata de una hipótesis atribuida a la legisladora y a las investigaciones periodísticas mencionadas. Los materiales proporcionados no contienen documentación societaria actualizada que permita confirmar quiénes son los beneficiarios finales de la empresa.
El cuestionamiento por los impuestos inmobiliarios
Odarda también puso en discusión la carga tributaria correspondiente a las propiedades vinculadas con el aeropuerto.
Según afirmó, Manzil S.A. abonaría aproximadamente 129.000 pesos mensuales en concepto de impuesto inmobiliario.
La diputada cuestionó que esa suma corresponda a un establecimiento de semejantes características y sostuvo que la tributación estaría asociada al campo, sin una imposición específica sobre la infraestructura aeroportuaria.
El monto corresponde a la denuncia citada y no puede considerarse una liquidación tributaria actual verificada. Tampoco se dispone de información oficial que permita establecer si existen otros tributos, tasas o contribuciones aplicables al establecimiento.
Advierten sobre la concentración de tierras en la Patagonia
La controversia sobre Puerto Lobos se inscribe en un proceso más amplio de inversiones extranjeras en propiedades rurales de Río Negro y otras provincias patagónicas.
Odarda aseguró que aproximadamente 70.000 hectáreas estarían vinculadas con capitales de Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
La legisladora también cuestionó la falta de información pública sobre las visitas de delegaciones empresariales y representantes de las monarquías del Golfo Pérsico a la región.
Entre sus principales preocupaciones mencionó el acceso a fuentes de agua dulce, minerales, biodiversidad y otros recursos naturales.
Los textos aportados no permiten determinar la distribución exacta de esas hectáreas, identificar la totalidad de los propietarios ni establecer qué proporción corresponde a cada país.
Por otra parte, Odarda vinculó la expansión de estas inversiones con conflictos territoriales que involucrarían a comunidades indígenas en áreas del Alto Río Chubut y las cuencas de los ríos Manso y Foyel.
Las denuncias requieren diferenciar las operaciones inmobiliarias documentadas de las presuntas relaciones entre sociedades, inversores y conflictos territoriales que todavía necesitan corroboración independiente.
La Ley de Tierras y los límites a la propiedad extranjera
Otro eje del planteo de Odarda es el régimen jurídico que regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La Ley 26.737 estableció restricciones a la titularidad extranjera, entre ellas un límite general del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de topes por nacionalidad y superficie.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado durante el gobierno de Javier Milei, incluyó la derogación de esa normativa.
La legisladora advirtió que la eliminación de las restricciones podría facilitar nuevas operaciones inmobiliarias y reducir los instrumentos estatales de control sobre la concentración de tierras.
En ese contexto, la discusión sobre Puerto Lobos adquiere una dimensión que excede al aeropuerto: la capacidad del Estado para identificar a los titulares de grandes extensiones rurales, verificar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar operaciones en zonas estratégicas.
La eventual derogación de restricciones generales sobre propiedad extranjera, sin embargo, no equivale automáticamente a la eliminación de todos los controles aeronáuticos, ambientales o de seguridad de fronteras.
La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras
El escenario jurídico cambió el 29 de septiembre de 2026, cuando la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por considerar que la organización carecía de legitimación para promover esa acción judicial.
La decisión dejó vigente la derogación de la Ley 26.737, aunque el máximo tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad del decreto.
Por lo tanto, la advertencia de Odarda sobre una eventual decisión judicial que eliminara las restricciones debe actualizarse: ese escenario ya se produjo en términos de vigencia normativa, aunque la controversia constitucional no fue resuelta sobre el fondo.
El aeropuerto y los proyectos energéticos del Golfo de San Matías
La ubicación del aeropuerto de Puerto Lobos también generó interrogantes por su cercanía a los proyectos de infraestructura vinculados con Vaca Muerta y la exportación de hidrocarburos.
Entre ellos se encuentran el oleoducto Vaca Muerta Sur, las instalaciones previstas en Punta Colorada y el desarrollo de proyectos de gas natural licuado (GNL).
Odarda planteó que la pista podría adquirir importancia logística para las empresas involucradas en esas inversiones.
Sin embargo, los textos proporcionados no presentan contratos, autorizaciones ni documentación empresarial que confirme que el aeropuerto será utilizado por YPF o por sus socios para operaciones relacionadas con el GNL.
El cambio en la participación de Shell
Uno de los textos originales sostiene que YPF desarrollará la planta de GNL junto con Shell. Esa afirmación requiere una actualización.
En diciembre de 2025, Reuters informó que Shell se había retirado de una fase del proyecto Argentina LNG, mientras YPF avanzaba con la italiana Eni y XRG, vinculada al grupo energético de Abu Dhabi.
Este cambio es relevante porque impide presentar a Shell como participante confirmado de esa etapa del desarrollo energético.
La existencia de inversiones energéticas y de propiedades rurales vinculadas con capitales de Emiratos Árabes Unidos tampoco permite establecer, por sí sola, una relación societaria u operativa entre esos proyectos y el aeropuerto de Puerto Lobos.
Soberanía territorial, inversiones extranjeras y controles estatales
Las denuncias de Magdalena Odarda vuelven a poner en discusión tres cuestiones vinculadas con la Patagonia: la concentración de tierras rurales, la fiscalización de infraestructura privada estratégica y la transparencia sobre el origen de las inversiones extranjeras.
El aeropuerto construido por Joseph Lewis constituye el punto de partida de esa controversia, pero los interrogantes abarcan también la identificación de sus actuales beneficiarios económicos, las condiciones de funcionamiento de la pista y la supervisión de las operaciones que allí se desarrollan.
La reciente decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras agrega una nueva dimensión al debate, al dejar vigente la eliminación de los límites específicos a la propiedad rural extranjera establecidos por la Ley 26.737.
Para determinar el alcance efectivo de las denuncias resultan fundamentales la documentación registral de Manzil S.A., los antecedentes de las transferencias inmobiliarias, los registros aeronáuticos y la información oficial sobre los controles realizados en el establecimiento.
El interrogante central es qué capacidad de fiscalización ejerce el Estado argentino sobre una infraestructura aeroportuaria privada ubicada en una región de importancia territorial, energética y geopolítica.
La respuesta requiere información pública verificable y una delimitación precisa entre las operaciones documentadas, las denuncias políticas y las hipótesis que todavía no cuentan con pruebas suficientes.
