Un operativo de desalojo se realizó este miércoles en los territorios de las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, ubicados en inmediaciones de Villa La Angostura, sobre la Ruta Nacional 40.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad.
El sector involucrado se encuentra a la altura de los kilómetros 2082 y 2083 de la Ruta 40, en la zona de Paso Coihue.
Las comunidades habían denunciado que el operativo, previsto inicialmente para el jueves, había sido adelantado.
Un conflicto que lleva 15 años
El procedimiento se enmarca en un conflicto territorial que se encuentra judicializado desde hace más de una década y que involucra al denominado Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, un predio de aproximadamente 625 hectáreas ubicado en la zona de Paso Coihue.
La disputa comenzó en 2011 y atravesó distintas instancias judiciales.
Desde las comunidades sostienen que mantienen una ocupación territorial de carácter ancestral y cuestionan la legitimidad de los títulos de propiedad que dieron origen al litigio.
Amancay Quintriqueo, autoridad de la Lof Kinxikew, afirmó que las comunidades permanecen en el lugar desde hace años y cuestionó las sucesivas órdenes de desalojo.
También señaló que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido mediante la Resolución 332/23 el relevamiento territorial de la Lof Kinxikew.
Sin embargo, para la Justicia neuquina ese relevamiento no constituye un motivo suficiente para suspender la orden judicial de desalojo.
Fuerte repudio contra la medida
La Confederación Mapuche de Neuquén cuestionó el procedimiento y responsabilizó al gobierno provincial por el despliegue de las fuerzas de seguridad.
La organización sostuvo que el conflicto debería ser abordado mediante mecanismos institucionales y reclamó que se contemplen los derechos territoriales que reivindican las comunidades.
Organismos de derechos humanos, sindicatos y comunidades originarias cuestionaron el accionar de la Justicia y el despliegue de seguridad, argumentando que se avanza sobre derechos reconocidos sin atender las vías de resolución pacífica y diálogo institucional.
Pronunciamiento de la Pastoral Aborigen
El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) difundió una declaración en la que manifestó su preocupación por la orden de desalojo y reclamó que sea suspendida.
La organización religiosa sostuvo que recibió con preocupación la noticia de la medida y puso el foco especialmente en las personas que habitan el territorio.
En su pronunciamiento, EDIPA afirmó que para las comunidades indígenas “la tierra no es una mera mercancía u objeto de especulación”, sino que representa el espacio donde se desarrolla su vida, su cultura, su memoria y su futuro.
Desde la organización también advirtieron que una intervención de fuerza podría profundizar el conflicto y afectar la convivencia social en la región.
Desde el Siglo XVII habitan los pueblos originarios
Las comunidades Kinxikew y Melo habitan territorios ubicados en el paraje Coihue-Brazo Huemul, en el departamento Los Lagos de la provincia de Neuquén.
Su presencia en la zona data del siglo XVII, muy anterior a la conformación de Villa La Angostura y del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La historia de este conflicto territorial se remonta al desplazamiento de las comunidades mapuche producido durante la llamada Campaña del Desierto.
A pesar de ese proceso, integrantes de las comunidades sostuvieron la ocupación histórica de territorios sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Recién décadas más tarde comenzaron algunos reconocimientos estatales.
En 2004, el Plan de Gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció la preexistencia de la Lof Kinxikew y su asentamiento en la zona desde antes de 1902. En 2006, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inscribió su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
Sin embargo, entre 2011 y 2016 actores privados iniciaron tres causas judiciales para desalojar a la comunidad.
En 2022, la Lof Kinxikew solicitó el relevamiento técnico, jurídico y catastral establecido por la ley 26.160.
Como resultado de ese procedimiento, el INAI dictó en 2023 la Resolución 332, que reconoció oficialmente la “ocupación actual, tradicional y pública” de la comunidad sobre el territorio relevado. Sin embargo, ese reconocimiento no se tradujo en la entrega del título de propiedad comunitaria que establece la Constitución Nacional.
Al no garantizar su titulación, el Estado deja a las comunidades expuestas a reclamos de particulares y a sucesivas órdenes de desalojo.
Un territorio ancestral y de organización comunitaria
En esas tierras las comunidades crían animales para el consumo y el trabajo comunitario y desarrollan actividades de subsistencia. Pero la relación con el territorio excede ampliamente su dimensión económica: allí se encuentran también espacios sagrados y lugares donde fueron enterrados sus ancestros. Las comunidades Kinxikew y Melo reúnen a más de 130 personas, entre ellas 35 niñas y niños y 17 personas adultas mayores.
Expulsar a las comunidades no implica simplemente desplazar a un grupo de personas de un inmueble. El territorio es el sustento de su supervivencia material, pero también de su identidad, su cultura, su espiritualidad y su organización comunitaria. Un desalojo forzoso puede producir la ruptura del tejido social, la fragmentación de la comunidad y un daño irreparable sobre su identidad cultural.
Con Milei la soberanía está en peligro
Nada de esto es ajeno al contexto político actual. La propia CIDH advirtió en diciembre de 2024 sobre los retrocesos en el reconocimiento de los territorios indígenas en Argentina y sobre desalojos forzosos acompañados por violencia institucional y estigmatización.
También señaló que la derogación de la ley 26.160 constituyó un retroceso normativo.
Hace una semana, la Cámara de Senadores le dio media sanción a Ley de Inviolabilidad Privada, que si bien se quedó sin sus capítulo de extranjerización de la tierra e incentivo a la especulación inmobiliaria en tierras incendiadas, sostuvo el impulso a los desalojos exprés.
Incluso sin sanción de la ley (que todavía no llega a la Cámara de Diputados) avanzaron en un desalojo sobre comunidades indígenas relevadas y reconocidas por el INAI, sin consulta previa e informada como corresponde.
Se trata de un proceso completamente viciado que todos y todas los que luchan por la soberanía de los pueblos deben repudiar.
