Decenas de miles de personas se movilizaron este sábado en España para exigir una reducción de los alquileres, frenar los desahucios y reclamar mayor regulación del mercado inmobiliario. Las protestas se intensificaron después de que el Congreso rechazara dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez. El conflicto, que tomó fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, también abrió interrogantes sobre la continuidad de la legislatura y un posible adelanto electoral.
Protestas por la vivienda en decenas de ciudades
La crisis de la vivienda volvió a ocupar las calles de España. Este sábado se realizaron movilizaciones en alrededor de 50 ciudades, con Madrid como principal escenario de las protestas. Reuters estimó en unas 70.000 personas la participación en la capital española.
Las manifestaciones alcanzaron también a otras ciudades del país. Entre las convocatorias figuraron Valencia, Málaga, Alicante, Santander, Santiago de Compostela y Coruña, además de otras localidades.
Uno de los principales focos del conflicto se encuentra en la Puerta del Sol de Madrid, donde las protestas se mantienen desde hace varios días. El movimiento reclama medidas que permitan reducir el precio de los alquileres y aumentar la estabilidad de los contratos.
Entre las demandas aparecen también la paralización de desahucios de personas vulnerables y medidas contra la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios y fondos de inversión.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convocó la movilización bajo la consigna de avanzar hacia una huelga general por la vivienda. Entre sus reivindicaciones planteó una reducción del 50% de los alquileres y medidas sobre las propiedades de los denominados fondos buitre.
Según Reuters, representantes del movimiento informaron que ya comenzaron contactos con organizaciones sindicales para evaluar futuras acciones.
El caso de Maricarmen que encendió las protestas
El conflicto tuvo un punto de inflexión con el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía desde hacía más de siete décadas en un departamento del distrito madrileño de Retiro.
Su padre había firmado en 1956 un contrato bajo el antiguo régimen de alquiler de “renta antigua”. Después de sucesivas subrogaciones familiares, el contrato quedó en manos de Maricarmen.
La disputa no se originó en una deuda por falta de pago. El problema fue la continuidad legal de aquel contrato histórico. La Justicia consideró que había quedado extinguido y el conflicto terminó llegando hasta el Tribunal Supremo.
El 23 de septiembre se ejecutó finalmente el desahucio. Maricarmen, que tiene problemas de movilidad, abandonó la vivienda en una camilla mientras cientos de personas intentaban impedir el procedimiento. Luego fue trasladada al hospital Gregorio Marañón.
Las imágenes provocaron una fuerte reacción pública y el caso se convirtió en símbolo de un problema mucho más amplio: las dificultades para acceder a una vivienda y sostener el pago de los alquileres.
Un acuerdo permitirá que Maricarmen vuelva a su vivienda
La presión social tuvo consecuencias sobre su situación particular.
Maricarmen alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria que le permitirá regresar al departamento después de recibir el alta hospitalaria. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y el alquiler no podrá superar el 30% de sus ingresos netos.
Sin embargo, la solución individual no frenó las movilizaciones. Las organizaciones de inquilinos sostienen que el problema excede ampliamente el caso de la jubilada madrileña.
Los indicadores incluidos en las normas impulsadas por el Gobierno muestran la dimensión del conflicto. En 2025, el 26,8% de los hogares españoles que alquilaban a precios de mercado destinaba más del 40% de sus ingresos al alquiler, frente al 18,6% de promedio de la Unión Europea. Además, el precio de la vivienda registró un incremento interanual del 12,9% en el cuarto trimestre de 2025.
El Gobierno respondió con dos decretos de emergencia
La presión de las movilizaciones llevó al Gobierno de coalición encabezado por Sánchez a aprobar el 29 de septiembre un paquete extraordinario de medidas.
Una de las normas, el Real Decreto-ley 26/2026, establecía nuevas protecciones para los inquilinos. Entre otras disposiciones, contemplaba una prórroga extraordinaria de determinados contratos y restricciones a la actualización de los alquileres hasta finales de 2027.
Cuando el alquiler ya se encontrara por encima del índice oficial de referencia, no podría actualizarse. En los restantes casos, el aumento quedaría limitado al 2% si las partes no alcanzaban otro acuerdo.
La normativa también buscaba regular los alquileres temporales y por habitaciones. Para considerar temporal un contrato debía existir una causa real y acreditada. Además, la suma del alquiler de las habitaciones no podría superar el valor correspondiente al alquiler de la vivienda completa.
Un segundo decreto avanzaba sobre la duración y renovación de los contratos, con el objetivo de otorgar mayor estabilidad a los inquilinos.
El Congreso rechazó los decretos
Las medidas tuvieron una vida muy breve.
El Congreso rechazó este viernes los dos decretos impulsados por el Ejecutivo. El primero cayó por 178 votos contra 172, mientras que el segundo fue rechazado por 184 votos contra 166.
Junts, el partido encabezado por Carles Puigdemont, resultó decisivo al sumar sus votos a los del Partido Popular, Vox y otras fuerzas contrarias a las normas.
Junts argumentó que algunas disposiciones podían reducir la oferta de viviendas disponibles para alquiler y provocar un aumento de los precios. El Gobierno decidió mantener los textos y llevarlos igualmente a votación.
La derrota parlamentaria hizo decaer medidas que habían entrado en vigor pocos días antes.
De la crisis de vivienda a la crisis política
El revés legislativo tuvo consecuencias que superan el debate inmobiliario.
El Gobierno de Sánchez carece de mayoría propia y necesita acuerdos con distintas fuerzas para aprobar sus principales iniciativas. La votación volvió a mostrar las dificultades del Ejecutivo para mantener una mayoría parlamentaria estable. Texto pegado
La situación alimentó las versiones sobre un eventual adelanto de las elecciones generales, actualmente previstas para 2027. Sánchez analiza sus próximos pasos después de la derrota parlamentaria, aunque hasta ahora no existe una convocatoria electoral confirmada.
La movilización social agrega presión a ese escenario. El conflicto que comenzó con el desahucio de una jubilada madrileña terminó colocando en discusión simultáneamente el precio de los alquileres, la protección de los inquilinos y la capacidad del Gobierno para conseguir respaldo parlamentario.
Una crisis que continúa abierta
El acuerdo alcanzado permitirá que Maricarmen vuelva a la vivienda en la que pasó prácticamente toda su vida. Sin embargo, el problema que convirtió su historia en un símbolo permanece sin resolver.
La caída de los decretos devolvió al centro del debate las dificultades para regular un mercado marcado por el aumento de los precios, el déficit de vivienda y la elevada proporción de ingresos que muchos hogares destinan al alquiler.
Las movilizaciones de este sábado muestran que el conflicto ya no se limita al Parlamento. La posibilidad de una huelga general por la vivienda y la incertidumbre sobre el futuro político de Sánchez abren ahora una nueva etapa de una crisis que combina demandas sociales, disputas legislativas y fragilidad parlamentaria.
