El Gobierno nacional quedó en el centro de una nueva controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas tras publicar el Decreto 590/26, que instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar un permiso de exploración de hidrocarburos offshore en el área CAN 200. La convocatoria se realizará a partir de una manifestación de interés presentada por la empresa británica Challenger Energy Group PLC, una decisión que despertó fuertes cuestionamientos de especialistas en derecho energético.
La medida se conoce mientras continúa el debate político sobre la relación del presidente Javier Milei con el Reino Unido y las reiteradas discusiones en torno a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Una empresa británica impulsa la exploración offshore
El primero en advertir sobre el alcance del decreto fue Juan José Carbajales, doctor en Derecho por la UBA, docente universitario, director del Instituto del Gas y del Petróleo (IGPUBA) y titular de la consultora Paspartú, especializada en energía y minería.
Según explicó, el Decreto 590/26 instruye a la Secretaría de Energía a abrir un concurso internacional para explorar hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
“Ello, sobre la base de la manifestación de interés formulada por… ¡Una empresa británica! llamada Challenger Energy Group PLC”, señaló Carbajales.
El especialista también advirtió otro aspecto que considera especialmente sensible.
“El Presidente resolvió, por un simple decreto, incluir en el permiso de exploración una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero.”
Según Carbajales, esa cláusula implicaría que eventuales controversias no serían resueltas por la Justicia argentina sino mediante arbitrajes internacionales, una decisión que considera un nuevo condicionamiento sobre la soberanía nacional.
Las tres advertencias sobre la soberanía
El especialista resumió tres puntos centrales sobre el impacto de la medida.
En primer lugar, sostuvo que el desarrollo hidrocarburífero de la Plataforma Continental constituye uno de los activos estratégicos más importantes para fortalecer el reclamo argentino sobre Malvinas y la integridad territorial vulnerada desde la ocupación británica de 1833.
En segundo término, consideró que resulta una “extraña y saludable paradoja” que una empresa inglesa impulse un proyecto de exploración en aguas bajo jurisdicción argentina, diferenciándolo del proyecto Sea Lion, desarrollado sobre el área ocupada alrededor de las Islas Malvinas por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Finalmente, planteó la necesidad de impulsar un proyecto de exploración offshore liderado por YPF.
“¿Tendremos un proyecto RIGI para el offshore por parte de YPF? Sería óptimo para agregarle al fervor por el upstream de Vaca Muerta una contribución al reclamo histórico de nuestro país”, expresó.
El antecedente de Sea Lion en Malvinas
El nuevo decreto vuelve a poner el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion, uno de los principales desarrollos hidrocarburíferos impulsados en aguas que Argentina considera parte de su territorio.
Durante los últimos dos años y medio, la posición oficial del Gobierno sobre Malvinas fue modificándose. En distintos momentos se registraron declaraciones que parecían aceptar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, mientras que posteriormente la Cancillería endureció el discurso contra las compañías que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas en el archipiélago.
En ese marco, el canciller Pablo Quirno sostuvo recientemente:
“Una de las manifestaciones más evidentes del incumplimiento de ese mandato internacional se observa en el proyecto Sea Lion.”
El funcionario cuestionó la decisión de inversión anunciada en diciembre de 2025 por Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited, aunque sin mencionar que Rockhopper es una empresa británica y Navitas una compañía israelí.
Un proyecto millonario para explotar petróleo en Malvinas
En abril, ambas compañías confirmaron una inversión inicial de 1.800 millones de dólares destinada al desarrollo del yacimiento Sea Lion.
El proyecto prevé comenzar la extracción comercial durante 2028, con una producción estimada de 55.000 barriles diarios.
Posteriormente, en mayo, informaron a sus inversores un plan de expansión que permitiría elevar la producción hasta 180.000 barriles por día, volumen equivalente a aproximadamente una cuarta parte de toda la producción petrolera argentina.
Según el cronograma difundido por Navitas Petroleum, las tareas de perforación comenzarán a principios de 2027.
Un nuevo debate sobre energía y soberanía
La publicación del Decreto 590/26 reabre una discusión que combina política energética, inversiones extranjeras y soberanía nacional.
Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de atraer capitales para desarrollar el potencial hidrocarburífero offshore argentino, especialistas advierten que la participación de empresas británicas y la cesión de jurisdicción a tribunales internacionales podrían debilitar la posición argentina en un escenario donde el reclamo sobre las Islas Malvinas continúa siendo uno de los principales ejes de la política exterior del país.
