La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y confirmó la realización de un paro universitario en todo el país entre el 16 y el 20 de junio. La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario de la organización, donde una amplia mayoría de delegados votó en contra de la oferta oficial.
La medida profundiza el conflicto que atraviesa el sistema universitario argentino y mantiene abierto el reclamo por salarios, presupuesto educativo y la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La propuesta salarial que generó el rechazo
La oferta presentada por el Ministerio de Capital Humano contempla una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en un 21,33% a aplicarse en junio y un 3,3% adicional en octubre.
Además, la propuesta oficial incluye un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, fondos adicionales para hospitales universitarios y recursos destinados a gastos de funcionamiento. No obstante, desde la organización remarcan que esas medidas no resuelven el problema estructural del financiamiento universitario.
Sin embargo, desde CONADU Histórica sostienen que la propuesta resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo registrada desde diciembre de 2023. Según la federación, los salarios universitarios sufrieron una caída cercana al 44%, por lo que el aumento ofrecido cubriría apenas una parte del deterioro sufrido por docentes e investigadores.
Una votación marcada por el debate y la desconfianza
La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, explicó que la decisión fue el resultado de un amplio proceso de consulta en las asociaciones de base de todo el país.
Según detalló, el Congreso contó con la participación de 100 congresales y culminó con 64 votos a favor del rechazo y 36 por la aceptación de la propuesta.
Staiti destacó que uno de los elementos centrales del debate fue “la desconfianza hacia el Gobierno nacional”. Entre las preocupaciones expresadas por los docentes aparecieron dudas sobre el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos, el futuro de las negociaciones paritarias y el impacto que tendría la aceptación del acuerdo sobre las acciones judiciales impulsadas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La dirigente afirmó que una parte importante de la docencia considera que aceptar la propuesta podría interpretarse como una renuncia a la lucha que vienen sosteniendo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
“En el Congreso hubo mucho debate, mucho compartir lo que se discutió en la asamblea. Hay mucha desconfianza en los compañeros, de que el gobierno cumpla con los términos que aparecen en la convocatoria o en la propuesta. Dudas de por qué ahora sale tan rápidamente una necesidad de negociación. También si esto significaba que se retiraba la cautelar”. El planteo es que estamos en un momento en el que tenemos que seguir empujando para que la ley se cumpla en lo salarial, pero también en todos los otros puntos”.
Salarios universitarios por debajo de la canasta básica
Durante sus declaraciones, Staiti también describió la situación salarial que atraviesan los trabajadores universitarios.
Para la dirigencia, la crisis salarial afecta especialmente a los docentes de categorías iniciales, quienes representan una parte fundamental del funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.
El voto mayoritario fue por el rechazo porque aparte hay mucho enojo, hay mucho enojo con el gobierno”. “Por eso en la asamblea se votó desde las entrañas. Desde las vísceras de ya no se puede más. Y creo que hubo varios componentes que hicieron que finalmente, por esta mayoría que te digo que es importante, pero que también hay que tener en cuenta que hay un sector que aceptaba la propuesta”, remarcó Staiti.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
Uno de los principales ejes del conflicto continúa siendo la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
Desde CONADU Histórica sostienen que el cumplimiento de esa norma es indispensable para garantizar recursos estables para salarios, investigación, becas estudiantiles, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento.
La federación también cuestionó la falta de actualización de las becas Progresar, cuyo monto permanece congelado en 35 mil pesos, una cifra que consideran insuficiente para acompañar la permanencia de estudiantes en el sistema universitario.
Al respecto, Staiti afirmó que “las becas del Plan Progresar para estudiantes universitarios dependen ahora de Capital Humano, que es quien tiene en sus manos la administración de las mismas. Las becas Progresar son fundamentales para el sostenimiento de estudiantes dentro de la universidad en algún momento hasta podían llegar a cubrir buena parte de un alquiler. Hoy eso está congelado en 35 000 pesos. Si uno se pone a pensar $ 35 000 para un estudiante hoy. Ni la SUBE”.
Cómo será el paro universitario de la próxima semana
La medida de fuerza prevista para la semana del 16 al 20 de junio implicará el cese de actividades académicas en universidades de todo el país.
Según explicó Staiti, el paro afectará principalmente el dictado de clases, aunque en general no alcanzará a las mesas de examen, que podrían mantenerse o ser reprogramadas según la decisión de cada institución y sindicato de base.
Además del paro, distintas asociaciones docentes organizarán clases públicas, asambleas y actividades de visibilización junto a estudiantes y trabajadores no docentes.
Un conflicto que sigue abierto
Desde CONADU Histórica rechazan la idea de que el conflicto universitario haya quedado resuelto con la firma del acuerdo por parte de otros sectores sindicales.
La organización sostiene que la situación dependerá del cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el Gobierno y de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, el paro nacional universitario aparece como una nueva etapa de una disputa que combina reclamos salariales, demandas presupuestarias y cuestionamientos a la política educativa de la administración nacional.
Para los gremios docentes, la negociación continúa abierta y el conflicto seguirá vigente mientras no existan respuestas concretas a los reclamos de fondo que afectan al sistema universitario público argentino.
