La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta) difundió un extenso documento en defensa del INTA y cuestionó duramente una publicación de Clarín Rural titulada “La ciencia cambia, el país cambia: qué INTA necesita la Argentina”. El gremio sostuvo que detrás de las propuestas de reforma existe una mirada orientada a reducir el rol del Estado en la investigación agropecuaria.
Desde la organización señalaron que la nota fue elaborada en el ámbito del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y firmada por integrantes del Grupo CEO, al que describieron como “un espacio que históricamente ha promovido la desregulación y la reducción del Estado en la economía argentina”.
“No cuestionamos la legitimidad de ese debate, pero sí pedimos que se explicite desde qué intereses se formula”, expresaron desde Apinta.
El rol estratégico del INTA para las economías regionales
En el documento, el gremio rechazó la idea de que provincias o empresas privadas puedan reemplazar funciones estratégicas del INTA y planteó como eje central una pregunta: “¿Quién hace lo que el mercado no hace?”.
Según Apinta, el organismo cumple un papel fundamental en investigaciones vinculadas a pequeños productores y economías regionales, áreas que difícilmente reciben financiamiento privado por no garantizar rentabilidad inmediata.
Entre los ejemplos mencionados aparecen estudios sobre tabaco, caña de azúcar y yerba mate en el NOA y el NEA, además de proyectos vinculados a cultivos andinos, papa nativa, carne de llama y producciones destinadas a comunidades campesinas e indígenas.
También destacaron investigaciones sobre plantas tóxicas para el ganado caprino en la Patagonia árida, trabajos que —según remarcan— no tienen escala comercial suficiente para atraer inversiones privadas.
“El INTA lo hace. Y lo hace hoy, con equipos de investigación consolidados, con conocimiento local acumulado durante décadas y con presencia en territorios donde ningún actor privado llega porque no hay retorno de inversión en el corto plazo”, sostiene el texto difundido por el gremio.
Apinta alertó por la pérdida de trabajadores y cierre de agencias
El sindicato advirtió además sobre un proceso de “desmantelamiento” dentro del organismo. Según los datos difundidos, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 24 de abril de 2026 el INTA perdió 1.145 trabajadores entre retiros voluntarios, renuncias, jubilaciones y licencias sin goce de sueldo.
“Cada baja representa conocimiento acumulado, experiencia territorial y vínculos con el sector productivo que no se reemplazan fácilmente”, afirmaron.
El documento también denunció el cierre de agencias de extensión rural y estructuras territoriales en distintos puntos del país, incluyendo sedes en Buenos Aires, Córdoba y Chaco. En Balcarce, señalaron que la estructura pasó “de 10 agencias a apenas 3”.
El modelo estadounidense y la inversión estatal en ciencia agropecuaria
Otro de los puntos abordados por Apinta fue la comparación con el sistema estadounidense de investigación agropecuaria. El gremio cuestionó a quienes proponen “repensar” el INTA tomando como referencia el modelo de universidades Land Grant y el USDA.
Según sostuvieron, se omite que ese esquema funciona con fuerte financiamiento estatal y una presencia territorial consolidada.
“El Estado norteamericano no se retiró de la investigación agropecuaria: la financia masivamente y la sostiene con presencia territorial en todo el país”, remarcaron.
“El INTA necesita más inversión, no menos”
Finalmente, Apinta sostuvo que el organismo requiere “más inversión, no menos” y reclamó fortalecer sus capacidades técnicas, infraestructura y recursos humanos sin modificar “su misión pública”.
“El verdadero riesgo para la Argentina no es tener un INTA del siglo XX: es perder la única institución capaz de garantizar soberanía tecnológica agroalimentaria en todo el territorio nacional”, concluye el documento.
