La gestión de los recursos hídricos se ha convertido en uno de los ejes geopolíticos más sensibles de la actualidad. En este escenario, la empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, ha consolidado su expansión internacional, despertando intensos debates globales.
Las polémicas de Mekorot reflejan una profunda tensión entre la modernización técnica del suministro y las denuncias de movimientos sociales que alertan sobre la mercantilización del agua y la vulneración de derechos humanos.
La presencia de la compañía estatal israelí en América Latina ha experimentado un crecimiento notable, particularmente en Argentina. A través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), más de doce provincias argentinas, incluyendo Mendoza, San Juan, La Rioja, Río Negro y Catamarca, firmaron convenios para el desarrollo de planes maestros hídricos destinados a proyectar la disponibilidad del recurso.
La principal controversia en torno a estos contratos radica en la falta de transparencia. Diversas asambleas socioambientales y comunidades originarias denuncian que los acuerdos se gestionaron bajo un esquema de contratación directa, omitiendo las instancias de consulta pública que exige el Acuerdo de Escazú.
Los sectores críticos señalan que estos planes técnicos tienden a priorizar el abastecimiento de agua para actividades extractivas, como la megaminería y el negocio agroexportador, postergando el consumo residencial de las poblaciones locales.
El escenario de resistencia civil también se replicó en la República Dominicana. En este país, un acuerdo de asesoría para el diseño de un plan hídrico nacional terminó anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas debido a cuestionamientos vinculados con la afectación de la soberanía hídrica y la ausencia de licitaciones internacionales abiertas.
Denuncias internacionales y el control de recursos en Palestina
A nivel global, la corporación enfrenta persistentes objeciones por parte de organizaciones como Amnistía Internacional y relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas. Los cuestionamientos se centran en el rol de la empresa en la administración de los acuíferos en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Los informes internacionales detallan una marcada disparidad en la distribución del suministro. Mientras los asentamientos israelíes acceden de forma continua al recurso, las poblaciones palestinas sufren restricciones severas, cuotas limitadas y costos elevados por metro cúbico.
El modelo de gestión hídrica bajo la lupa
El núcleo del debate que acompaña a la operadora hídrica gira en torno a su modelo de sustentabilidad financiera. La estrategia técnica de la firma concibe el agua como un bien económico de valor mensurable, cuyo precio debe cubrir los costos operativos y las inversiones en infraestructura de desalinización y reutilización de efluentes.
Para las redes ambientales del Sur Global, este enfoque mercantilista colisiona con la perspectiva del agua como un derecho humano fundamental e inalienable.
La resistencia comunitaria argumenta que la implementación de tarifas indexadas y la privatización encubierta del asesoramiento desplazan a los organismos científicos y universidades locales, que poseen el conocimiento territorial necesario para abordar la escasez hídrica sin subordinar el recurso a las lógicas del mercado transnacional.
Esta política de distribución desigual, descrita por diversas ONG como un sistema de exclusión hídrica, se agravó durante las escaladas bélicas en la región, cuando los cortes en las principales líneas de conducción redujeron el suministro disponible a niveles críticos de emergencia humanitaria.
Fuente: mundoenconflicto.net
