
La Redacción
Al cierre de esta edición, la jueza María Servini ordenó la liberación de 11 detenidos más, tras la brutal represión en Congreso. Todavía permanecen 5 detenidos, que quedarían con prisión preventiva.
Marcha a Plaza de Mayo luego de la represión en el Congreso
En una marcha a Plaza de Mayo se denunció la criminalización de la protesta. La CGT alertó por “la escalada represiva” lanzada por el gobierno, mientras que La Comisión Provincial por la Memoria alertó que “peligra la calidad de la democracia”.
Organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, sociales y políticas se movilizaron a Plaza de Mayo bajo el lema “presos políticos, nunca más” para reclamar la inmediata libertad de todas y todos los detenidos en la masiva movilización contra la Ley Bases.
La situación es de extrema gravedad, ya que se están violando flagrantemente los derechos y garantías constitucionales de las personas que permanecen detenidas.
Hay que recordar que 17 de los liberados pueden ser arrestados nuevamente en cualquier momento, porque el fiscal Carlos Stornelli apeló la decisión y los acusa de cargos gravísimos que no cometieron.
Los organizadores de la marcha dieron a conocer un documento donde se señala que “reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada ‘’Ley Bases, ejerciendo su derecho democrático y constitucional a la protesta”.
Denuncian una represión salvaje y maltratos a los detenidos.
Por su parte, Juan Martín Cobacho, uno de los primos de la detenida María de la Paz Cerruti dijo que “las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos«.
«Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en ‘terroristas’ que actuaron en un intento de golpe de Estado, imputaciones totalmente absurdas e infundadas”, continuó.
Otros allegados de detenidos también criticaron el modo en el que sus conocidos terminaron bajo un proceso judicial, tras una represión a la que calificaron de “salvaje”.
Las personas involucradas pasaron muchas horas esposadas, sin agua ni comida y sin posibilidad de ir al baño.
Muchas durmieron en los camiones de las fuerzas de seguridad a los que arribaron en la jornada del miércoles pasado y al día siguiente, pasaron la noche en pasillos de las comisarías.
Asimismo, se denunció que la Justicia colocó trabas para que los abogados puedan asumir la defensa de los detenidos.
Eso se dio luego de que el fiscal Stornelli hiciera un pedido de prisión preventiva, incluyendo múltiples imputaciones.
A su vez, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, se presentó como querellante en la causa, detallaron los familiares.
Agregaron que “quienes se encuentran detenidos no estaban cometiendo ningún delito, sino que, como se puede ver en todos los registros de video, se trata de vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso”.
«La democracia está en peligro»
El titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano, advirtió en una conferencia de prensa realizada en La Plata, junto a distintas organizaciones, que “peligra la calidad de la democracia” Afirmó que a los detenidos en manifestaciones se “les imputaba un delito menor”, pero ahora se los acusa de “terroristas” con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Cipriano agregó que “estamos ante situaciones de tortura y maltratos que el Estado no puede ejecutar. Las detenciones fueron muy violentas” y señaló que hay una “decisión política de llevarlos a los penales” y “generar en la población el efecto de miedo para evitar la participación en futuras marchas”.
Sostuvo que las detenciones y el tratamiento que han recibido esas personas constituyen “graves violaciones de los derechos humanos que “ponen en peligro la democracia. Inventan hoy el terrorismo y mañana darán de baja al Congreso”.

Comunicado de la CGT
La Confederación General del Trabajo (CGT) reivindicó el derecho a la protesta que “se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos», y alertó por una «escalada represiva» luego de la violencia que desataron las fuerzas de seguridad durante la movilización contra la Ley Bases en el Congreso.
Además, pidió la «inmediata» liberación de las 16 personas que aún se encuentran detenidas tras la movilización y denunció que los hechos de violencia fueron “armados por personal profesional infiltrado en la concentración utilizando material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa”.
Denuncia de Unión por la Patria
El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, informó que presentaron una demanda contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguró que lo ocurrido la semana pasada durante la represión en el marco de la votación de la Ley Bases es parte de «un plan represivo para establecer en la Argentina un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales».
Martínez agregó que la agresión sufrida por diputados y diputadas de ese bloque fue «planificada y dirigida»; y reclamó por la liberación de los detenidos.
La demanda contra la ministra de Seguridad; el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro; y al titular de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo José Giménez Pérez, es por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos.

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