El país del altiplano lleva 16 días de una creciente conflictividad social, con al menos 25 puntos de bloqueo activos en rutas clave, y un saldo de cuatro muertos desde el inicio de las protestas contra el gobierno del presidente derechista Rodrigo Paz.
Las calles del centro de La Paz fueron escenario este lunes durante tres horas de violentos enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes, entre ellos seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que llegaron de la zona cocalera del Chapare.
Los manifestantes intentaron romper un cerco policial para ingresar a las sedes del gobierno y del Poder Legislativo, que tuvieron que abandonar funcionarios y legisladores en medio de fuertes medidas de seguridad.
En tanto, la Fiscalía ordenó la captura de uno de los líderes de las protestas, Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB).
Fue denunciado por los presuntos delitos de “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”, dijo el fiscal general, Roger Mariaca, quien agregó que hay 90 detenidos.
En respuesta, la COB convocó a un paro por 48 horas en repudio a la represión del gobierno.
El gobierno rechazó negociar con los seguidores de Morales
Por su parte, el gobierno rechazó negociar con los seguidores de Morales y advirtió que algunos manifestantes habrían pasado al “uso de armas”, lo que genera mucha preocupación.
Los cortes en los accesos dejaron mercados desabastecidos, escaso combustible y hospitales sin suministro en la ciudad de La Paz.
A todo esto, el vicepresidente Edmand Lara, enfrentado con Paz, dijo que “las imágenes que hoy recorren el país duelen: bolivianos enfrentados con bolivianos; unos con gases, otros con piedras”.
Acusó al presidente de “responder a la protesta social con criminalización y confrontación”.
Finalmente, Lara aseveró que “no voy a ser cómplice del silencio, por eso reitero mi pedido de convocar a un diálogo nacional serio, amplio y sin condiciones”.
Quejas empresarias
La Administradora Boliviana de Carreteras informó que los bloqueos se concentran principalmente en La Paz, con 16 cortes, seguido por Oruro y Cochabamba con cuatro cada uno, y Santa Cruz con un punto. Las restricciones afectan corredores estratégicos y agravan el desabastecimiento en varias regiones.
Según organizaciones empresariales, las protestas y paralizaciones provocan pérdidas por más de 50 millones de dólares diarios y hay unos 5000 vehículos varados en las rutas.
Más víctimas fatales
La tensión también se mantiene en la ciudad de El Alto y sus alrededores, donde continúan los bloqueos y se registraron enfrentamientos en el marco del operativo oficial denominado “corredor humanitario”, destinado a garantizar el paso de combustible y suministros esenciales.
El Gobierno negó el uso de armamento letal y calificó como “absolutamente falsas” las denuncias de nuevas muertes en ese contexto.
No obstante, se confirmó el fallecimiento de un dirigente campesino, Alberto Cruz Chinche, lo que eleva a cuatro el número de víctimas fatales desde el inicio de la crisis.
Según el gobierno, el hombre murió tras caer en una zanja durante una corrida en medio de los bloqueos, sin intervención de fuerzas de seguridad.
Las otras víctimas son Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años que falleció en Desaguadero tras no poder ser trasladada a tiempo a un hospital, y Nelly Villanueva, quien murió en circunstancias similares al no lograr atravesar los bloqueos para recibir atención médica. A ellas se suma una joven de 20 años en El Alto.
En tanto, la Federación de Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, denunció dos muertes en los municipios Ingavi y El Alto por la operación de desbloqueo, pero las autoridades lo niegan.
La derecha contraataca
En simultáneo al conflicto y los bloqueos que afectan principalmente al occidente del país, sectores cívicos del Departamento de Santa Cruz avanzan en la organización de una contramarcha en defensa de la democracia y en rechazo a las medidas de presión.
La Asamblea de la Cruceñidad convocó a una movilización masiva para el jueves, con el objetivo de expresar respaldo al orden constitucional y exigir el levantamiento de los cortes de ruta.
La resolución también incluye un pedido al Gobierno para aplicar un “estado de excepción sectorizado” contra quienes promuevan bloqueos.
EE.UU. y la desestabilización
El gobierno de Paz sumó respaldo de Estados Unidos y de varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, y rechazó declaraciones del presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.
El gobierno de Donald Trump denunció “acciones destinadas a desestabilizar” al gobierno de Bolivia por parte de seguidores de Evo Morales
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que “en Bolivia, los disturbios y bloqueos han generado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible”.
Por su parte, el presidente colombiano Petro afirmó que Bolivia vive una “insurrección popular” por las protestas y bloqueos, y ofreció la disposición de su Gobierno para contribuir a una salida pacífica de la crisis.
“Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica”, escribió Petro en su cuenta de X, y aseguró además que su Gobierno está dispuesto, “si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.
Acusan a Milei
El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, denunció que dos vuelos de aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que oficialmente llevaban ayuda humanitaria, habrían transportado gases lacrimógenos a Bolivia.
Contó que militares bolivianos le hicieron llegar esa información sobre la llegada del material represivo.
En el mismo sentido, el vocero de “Evo Pueblo”, Omar Ramírez, denunció que el avión Hércules que envió el gobierno de Javier Milei no habría trasladado ayuda humanitaria, sino “armamento militar, material bélico y antidisturbio” bajo “instrucción de Estados Unidos”.
La denuncia rememora la actitud del gobierno del expresidente Mauricio Macri cuando colaboró con la dictadura de Jeanine Añez al enviar pertrechos militares luego del golpe a Evo.
A todo esto, la Federación Nacional Campesina de la Argentina expresó su “solidaridad y acompañamiento a la lucha de los campesinos, pueblos originarios y obreros” bolivianos, en su “justa lucha contra el ajuste” del gobierno de Paz.
Jujuy: Apoyo al pueblo boliviano y repudio a Milei
