La redacción
El uso de la fuerza pública para reprimir y crear operaciones políticas
La brutal represión policial y de fuerzas de seguridad contra miles de personas que se movilizaron para repudiar el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, que fueron aprobados por el Senado de la Nación, ha abierto un debate en torno al uso de la fuerza pública por parte del gobierno de Javier Milei, y en especial, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los sucesos ocurridos en la Plaza del Congreso y alrededores, transmitidos por canales de televisión, redes sociales y otros medios, arrojan un desmesurado uso de la fuerza. Inclusive, el accionar de desconocidos provocando desmanes frente a los efectivos de seguridad sin que sean advertidos y ni siquiera detenidos.
Desde distintos sectores políticos, sociales y gremiales se alertó que el despliegue puede
ser una puesta en escena de un operativo de amedrentamiento para quienes quieran salir a las calles para enfrentar las políticas de entrega del gobierno de Javier Milei.
En este marco, la Confederación General del Trabajo (CGT), a través de su secretaría de Derechos Humanos, afirmó que las fuerzas de seguridad “se dedicaron a provocar a los grupos que se acercaban” y denunciaron que “desataron una brutal represión con el único fin de generar la reacción de los manifestantes”.
En esa línea, remarcaron que las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta, balas de goma, carros hidrantes y motos, “que golpeaban salvajemente a quien se cruzara, con la clara intención de generar terror”.
La CGT alertó por el uso de “infiltrados” para agitar la protesta y destacó que “los trabajadores organizados no respondieron a las provocaciones.
Sospechoso ataque a un móvil de cadena 3 durante la represión
En ese marco, se produce el sospechoso ataque a un móvil de Cadena 3 por un grupo reducido de encapuchados que inmediatamente se dieron a la fuga, sin que las fuerzas de seguridad hicieran nada”.
La central obrera sostuvo que la represión “fue planificada con el objeto de despejar la zona al momento de la votación”, y “luego extenderse y reprimir los cacerolazos que se multiplicaban en el Congreso y en otros puntos de la ciudad”.
Por otra parte, la CGT señaló que durante la protesta se llevaron a cabo detenciones arbitrarias de “numerosos transeúntes”. Esto último con en el afán del gobierno de justificar la represión.
Con este marco, la central obrera comparó lo acontecido en el Congreso con el escándalo de corrupción de la Ley Banelco en el año 2000. Esta generó el inicio de la caída del gobierno de Fernando De La Rúa. “Estamos en un escenario similar: compra de votos en el interior del Congreso y represión feroz afuera. La misma falta de legitimidad y consenso”.
La CGT realizó un “llamado a la cordura” y afirmó que “la represión nunca podrá acallar la voz del pueblo. Ni la dictadura genocida logró imponer ajustes brutales con represión. Tarde o temprano será justicia”.
El accionar de la justicia
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría rechazó el pedido de excarcelación de organismos de derechos humanos. También dio lugar al pedido del fiscal Carlos Stornelli de ordenar la prisión preventiva para los detenidos durante las protestas contra la aprobación de la Ley Bases, por “posible alzamiento en contra del orden institucional”.
Hay 35 personas detenidas y se indagó a 13 de ellas, que ya empezaron a ser trasladadas a cárceles federales.
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la prisión preventiva para todos los detenidos por la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales. Ambas están dirigidas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Stornelli busca acotar el derecho a la protesta adjudicando delitos graves, como ataques contra los poderes públicos, daños, incitación a la violencia, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias.
El fiscal hizo su presentación sin presentar pruebas de estos delitos gravísimos que les imputa a los detenidos. Con esto demuestra que bajo el pretexto de un “posible alzamiento en contra del orden institucional”, cómo calificó el gobierno nacional a la protesta, se enmascara una persecución y hostigamiento hacia los movimientos populares.
Esto pone en blanco sobre negro que las políticas de ajuste y entrega nacional que traen aparejado la Ley Bases y el DNU 70/2023. Solo pueden pasar con represión, persecución y hostigamiento sobre los luchadores populares.
La denuncias de Alderete y Unión por la Patria luego de la brutal represión
En este marco, el dirigente nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, denunció públicamente que “en el canal TN, Jonatan Viale, está diciendo que mi hijo Fernando Alderete está detenido por los disturbios en la plaza, pero Fernando no solo no estuvo en la marcha, sino que está en su casa” y agregó que “no es la primera vez que Jonatan Viale opera contra la CCC y mi persona. Que poco aprendió de su padre”.
Miles de usuarios respaldaron la denuncia de Alderete a través de las redes sociales. Aquellos se solidarizaron con él y repudiaron el accionar del periodista, a quien acusaron “de denostar su profesión basándose en fake news y operaciones mediáticas en contra de los sectores populares”.
Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) presentará una denuncia penal por la represión policial contra miembros de su bloque. También, apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sostienen que“La agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
El diputado, Germán Martínez, anunció que su partido presentará la denuncia tras los disturbios y la represión desarrollada en las afueras del Congreso, mientras los senadores debatían y aprobaban la ley Bases.
Señaló que “el accionar policial y las posteriores expresiones de Bullrich ameritan” una denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Victoria pírrica y el triunfo está en las calles
En su programa habitual, el periodista Jorge Fontevecchia, afirmó que “la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado fue una victoria pírrica para el gobierno de Javier Milei”.
Una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando vencedor. A tal punto que incluso tal victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando. Es, por lo tanto, una victoria que inflige daños o pérdidas tan devastadores al vencedor que equivale a una derrota que anula la sensación de logro.
El nombre proviene de Pirro, rey de Epiro, quien logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla de Ásculo, dijo: “Con otra victoria como esta estoy perdido”.
Lo mismo le podría suceder, según el análisis de Fontevecchia, al gobierno de Milei si no puede avanzar sus ideas de desgüace del Estado.
Por su parte, el dirigente de la CCC y dirigente nacional de la UTEP, Ramiro “Vasco” Berdesegar, sostuvo que “el gobierno obtuvo un triunfo pírrico porque el vencedor sufrió más daño que el supuesto vencido”. Añadió también que, “esa es una buena imagen para hablar de un movimiento obrero potenciado para seguir la lucha y no dejar las calles”.
Es posible otra Argentina
Berdesegar señaló que “el gobierno tuvo que ceder ante la presión popular, los paros de la CGT y organizaciones sociales y así sacar de la ley artículos como el de la moratoria jubilatoria y las empresas del Estado que querían privatizar.
Todo se consiguió en la calle y la ley no tiene nada que ver con lo que Milei quería en enero”.
Puntualizó que “cada vez que un gobierno conservador, oligárquico, terrateniente quiere imponer sus condiciones se ha encontrado con el movimiento obrero argentino y eso genera esperanza sobre la base enfrentar en las calles a estos tipos” y enfatizó que “la movilización unitaria es el camino que hay que transitar porque en la Argentina sobra plata el problema es que se la llevan toda ala exterior”.
Berdesegar destacó que “se abre una nueva etapa porque ahora la ley tiene que ser tratada en la Cámara de Diputados y los sectores populares volveremos a la calle para enfrentar este proyecto de país para unos pocos.
Es posible otra Argentina si nos unimos, si construimos un programa en común para refundar la Argentina que soñaron San Martín, Perón, Evita y el Che Guevara”.
Finalmente, cabe señalar que organizaciones sociales, gremiales y políticas realizaron una conferencia de prensa en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) para pedir la inmediata libertad de los detenidos y se llamó a “consolidar la unidad y la primera demanda es liberar a todos los compañeros y compañeras”.
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