Las familias de menores ingresos fueron las más perjudicadas por los aumentos de las tarifas eléctricas registrados durante el último año. Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales (IAETES) concluyó que la eliminación de la diferenciación entre usuarios de bajos y medianos ingresos provocó incrementos de hasta el 81% en algunos segmentos residenciales, muy por encima de la inflación acumulada del período.
El estudio compara las facturas eléctricas de mayo de 2025 con las de mayo de 2026 y señala que el esquema de subsidios vigente durante el año pasado distinguía tres categorías: N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios). Sin embargo, durante 2026 desapareció la categoría específica para los hogares de menores recursos, unificando los subsidios para N2 y N3.
Como consecuencia, los usuarios que antes recibían la mayor asistencia estatal enfrentaron los aumentos más pronunciados. Según el informe, las facturas del antiguo segmento N2 registraron incrementos nominales de entre 44% y 81%, mientras que los usuarios de ingresos medios tuvieron subas considerablemente menores, cercanas al 9%.
El fin de la tarifa diferenciada para los hogares vulnerables
Uno de los puntos centrales del análisis es que la nueva estructura tarifaria eliminó un mecanismo que otorgaba mayor protección a las familias con menos recursos económicos.
Antes de la reforma, los hogares N2 contaban con un cargo variable más bajo y un mayor volumen de energía subsidiada. Con la unificación de categorías, dos familias con distintos niveles de ingreso, pero idéntico consumo eléctrico comenzaron a pagar prácticamente la misma factura.
El IAETES considera que esta modificación redujo significativamente la progresividad del sistema tarifario y trasladó una mayor carga económica a sectores vulnerables que ya enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas.
El consumo eléctrico no siempre refleja el nivel de ingresos
El informe también cuestiona uno de los criterios centrales de la política de subsidios actual: utilizar el nivel de consumo como principal indicador para determinar la asistencia estatal.
Según el estudio, una mayor demanda eléctrica no necesariamente implica una mejor situación económica. Por el contrario, muchas familias de bajos ingresos registran consumos elevados porque carecen de acceso a la red de gas natural, utilizan calefacción eléctrica, poseen electrodomésticos antiguos con menor eficiencia energética o viven en condiciones de hacinamiento.
Los investigadores advierten que este enfoque puede generar un efecto regresivo, ya que hogares con mayores necesidades energéticas terminan pagando más, independientemente de su capacidad económica.
Tarifas más altas y peor servicio en el sur del AMBA
El informe también analiza la calidad del servicio eléctrico durante el primer año de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), vigente para el período 2025-2030.
Mientras las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron entre 29% y 34%, los resultados en materia de calidad del suministro fueron muy diferentes entre las dos principales distribuidoras.
De acuerdo con los indicadores relevados, Edenor logró cumplir los parámetros regulatorios establecidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), manteniendo una tendencia de mejora sostenida en la frecuencia y duración de los cortes.
La situación fue distinta en Edesur. El informe detectó un deterioro de la calidad del servicio y el incumplimiento de los objetivos regulatorios en 23 de los 24 partidos y comunas bajo su concesión.
San Vicente y Cañuelas, entre las zonas más afectadas
Los peores indicadores se registraron en municipios del sur del conurbano bonaerense. San Vicente encabezó el ranking de interrupciones del servicio, con más de 22 cortes promedio por usuario durante el semestre analizado, equivalente a una interrupción cada ocho días.
También se destacaron negativamente Cañuelas, Florencio Varela, Esteban Echeverría y Presidente Perón, distritos que además presentan elevados niveles de vulnerabilidad socioeconómica.
Para el IAETES, esta situación configura una “paradoja regulatoria”: los usuarios afrontaron las facturas más altas de su historia reciente mientras experimentaban un empeoramiento en la calidad del servicio eléctrico.
Crece la preocupación por el impacto social de las tarifas
El estudio concluye que los cambios implementados en el sistema de subsidios incrementaron la presión sobre los ingresos de los hogares más vulnerables en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento generalizado del costo de vida.
Además, advierte que la combinación de tarifas más elevadas, menor protección estatal y deficiencias en el suministro eléctrico profundiza las desigualdades territoriales y sociales, especialmente en las zonas más postergadas del conurbano bonaerense.
Según los especialistas, cualquier futura revisión del esquema tarifario debería contemplar no solo el nivel de consumo energético, sino también las condiciones socioeconómicas reales de los hogares para evitar que los sectores más vulnerables continúen soportando la mayor carga de los ajustes.
