La reducción de la asistencia técnica, el cierre de programas productivos y la concentración de tierras profundizan la crisis de la agricultura familiar en el norte entrerriano. Miles de familias enfrentan dificultades para producir y comercializar sus alimentos. La Federación Nacional Campesina advierte sobre el deterioro de las economías rurales y reclama políticas públicas para evitar el desplazamiento de los pequeños productores.
La agricultura familiar de Entre Ríos atraviesa una situación crítica. El aumento de los costos de producción, la pérdida de mercados locales y el retroceso de las políticas de acompañamiento estatal comprometen la continuidad de miles de explotaciones rurales.
El problema adquiere especial gravedad en los departamentos de La Paz, Feliciano, Federal y Federación. Allí se concentra una parte importante de los pequeños establecimientos agropecuarios de la provincia.
Según una investigación de Valeria Girard, publicada en el diario UNO Entre Ríos, el deterioro de las condiciones productivas está provocando un progresivo debilitamiento de las economías campesinas. El informe recoge el testimonio de Pablo Benetti, ingeniero agrónomo y referente provincial de la Federación Nacional Campesina (FNC), quien lleva más de veinte años trabajando junto a las comunidades rurales.
Para Benetti, la desaparición de programas públicos y la reducción de los equipos técnicos constituyen factores determinantes de la crisis que atraviesa el sector.
Más de 8.500 pequeños productores enfrentan un escenario crítico
Entre Ríos cuenta con aproximadamente 8.500 productores familiares que desarrollan sus actividades en superficies de entre 5 y 200 hectáreas. De ese universo, más de 3.000 están registrados formalmente en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf).
Una proporción significativa se encuentra en el centro-norte provincial, una región caracterizada por la presencia de montes nativos, explotaciones ganaderas de pequeña escala y antiguas colonias agrícolas.
La actividad productiva comprende una amplia variedad de alimentos destinados tanto al autoconsumo como a los mercados locales.
Las familias rurales se dedican al cultivo de hortalizas, la producción de huevos, la cría de cerdos, ovejas y cabras, la apicultura y la elaboración artesanal de alimentos.
También existen experiencias cooperativas vinculadas con la producción láctea y citrícola, además de emprendimientos dedicados a panificados y artesanías.
Sin embargo, esta diversidad productiva enfrenta obstáculos crecientes. La expansión de la agricultura extensiva, la concentración de la propiedad rural y las dificultades económicas reducen las posibilidades de subsistencia de los establecimientos familiares.
El ajuste en el INTA deja a los productores sin asistencia técnica
Uno de los problemas más importantes es la pérdida del acompañamiento profesional que históricamente recibían los agricultores familiares.
De acuerdo con los datos aportados por Benetti a UNO Entre Ríos, la provincia pasó de disponer de 60 técnicos especializados en agricultura familiar a no contar con ninguno de esos profesionales trabajando específicamente en el territorio.
A esa situación se suma la reducción de personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), particularmente en sus agencias de extensión rural.
En La Paz, el equipo quedó limitado a un técnico. En Feliciano, la próxima jubilación de un trabajador dejaría solamente un agente disponible. Mientras tanto, en Federal, la dotación profesional pasó de cuatro integrantes a dos.
Estas reducciones afectan directamente la capacidad de brindar asesoramiento sobre producción, sanidad animal, manejo de cultivos y comercialización.
Para las familias campesinas, contratar servicios privados de ingeniería agronómica resulta económicamente inviable.
Benetti advierte que la asistencia estatal es indispensable para garantizar la continuidad de muchas explotaciones. Sin ese respaldo, los productores quedan prácticamente librados a sus propios recursos.
La desaparición de programas productivos profundiza la crisis
La pérdida de asistencia técnica no constituye un hecho aislado.
El sector también enfrenta la eliminación o reducción de instrumentos públicos que durante años facilitaron el desarrollo de proyectos colectivos.
Entre ellos aparecen el programa Cambio Rural, los incentivos destinados a fortalecer la producción y los mecanismos de apoyo económico vinculados con tareas comunitarias.
La desaparición del Potenciar Trabajo, que contemplaba ingresos de 78.000 pesos para sus beneficiarios, también afectó iniciativas rurales que utilizaban esos recursos para sostener actividades colectivas.
La combinación de estas medidas debilitó las herramientas de organización y producción de numerosas familias.
Costos elevados y caída del consumo golpean a la producción campesina
La crisis económica afecta simultáneamente los costos de producción y la capacidad de compra de los consumidores.
Los agricultores familiares deben afrontar mayores gastos en insumos, alimentación animal, transporte y mantenimiento de sus establecimientos.
Al mismo tiempo, la pérdida de poder adquisitivo reduce las ventas de alimentos que tradicionalmente abastecían los mercados regionales.
La producción ovina representa un ejemplo de esta situación.
Según los valores mencionados por Benetti en la entrevista original, el kilogramo de cordero se comercializa entre 9.000 y 10.000 pesos. En consecuencia, una pieza de entre 12 y 15 kilogramos puede alcanzar los 150.000 pesos.
Ese precio resulta inaccesible para numerosos hogares, lo que limita las posibilidades comerciales de los pequeños criadores.
El resultado es una contradicción creciente: las familias rurales producen alimentos, pero encuentran cada vez más dificultades para venderlos.
La falta de infraestructura obliga a recurrir a la faena informal
A los problemas comerciales se suma una deficiencia estructural que afecta especialmente a los productores porcinos y ovinos.
En numerosas localidades del interior entrerriano no existen instalaciones habilitadas para realizar la faena bajo condiciones sanitarias adecuadas.
La ausencia de mataderos de pequeña escala dificulta el ingreso de estos productos a los circuitos formales de comercialización.
Benetti cuestiona que no se hayan desarrollado políticas destinadas a garantizar infraestructura apropiada para la actividad.
Esta situación mantiene prácticas informales de faena y limita las oportunidades de crecimiento económico de los emprendimientos familiares.
El ciervo axis se convierte en una alternativa de subsistencia
En los montes del norte entrerriano, algunas familias encontraron una fuente complementaria de alimentación e ingresos en el aprovechamiento del ciervo axis.
La expansión de esta especie exótica permitió que su carne se incorporara a la dieta de hogares con dificultades para adquirir proteínas animales mediante los canales comerciales habituales.
De acuerdo con el referente de la FNC, para numerosos pobladores rurales el ciervo representa actualmente una fuente importante de alimentos.
En determinados casos, su carne también se comercializa de manera informal para complementar los ingresos familiares.
Sin embargo, esta práctica evidencia las dificultades económicas que atraviesan las comunidades campesinas y plantea la necesidad de abordar las condiciones sanitarias y regulatorias de su aprovechamiento.
El cierre de ferias y el deterioro de los caminos dificultan las ventas
La comercialización directa constituye una herramienta fundamental para la agricultura familiar.
Durante años, la Feria Zonal de La Paz permitió que productores de la región ofrecieran verduras, alimentos elaborados y artesanías a los consumidores de la ciudad.
El espacio funcionaba los sábados mediante una articulación entre organismos de Agricultura Familiar, el INTA y el municipio.
No obstante, la feria dejó de funcionar hace aproximadamente tres años y no volvió a abrir.
Su desaparición significó la pérdida de un canal de comercialización para numerosos emprendimientos rurales.
Aunque continúan funcionando experiencias similares en Villaguay y San José de Feliciano, la oferta de mercados populares resulta insuficiente para las necesidades del sector.
De cuatro huertas comunitarias solamente quedan dos
La Federación Nacional Campesina también registra una reducción de sus proyectos productivos colectivos.
En Colonia Oficial, dentro del departamento La Paz, la organización llegó a gestionar cuatro huertas comunitarias. Actualmente, según el relevamiento citado, solo permanecen dos en funcionamiento.
A esta reducción se agregan las dificultades de transporte. Numerosas familias deben recorrer aproximadamente 40 kilómetros por caminos rurales deteriorados para trasladar sus productos hasta la ciudad de La Paz.
El estado de esas vías encarece los desplazamientos, dificulta la salida de las cosechas y reduce las posibilidades de comercialización.
Las mujeres rurales, entre la falta de tierra y el trabajo informal
La crisis de la agricultura familiar tiene consecuencias especialmente graves para las mujeres.
La falta de acceso a la propiedad de la tierra, las dificultades para conseguir empleo y la escasez de programas de apoyo productivo profundizan las desigualdades existentes.
Benetti señala que muchas mujeres de hogares campesinos carecen de recursos propios para desarrollar emprendimientos agrícolas.
Frente a esa realidad, algunas deben trasladarse a localidades cercanas para realizar trabajos informales de limpieza o cuidado de personas mayores.
Otras intentan sostener proyectos hortícolas y avícolas colectivos en terrenos prestados.
Estas experiencias permiten generar ingresos y fortalecer la organización comunitaria, aunque permanecen condicionadas por la falta de financiamiento y seguridad en el acceso a la tierra.
La problemática evidencia que el deterioro de las economías rurales no afecta a todos sus integrantes de la misma manera.
Concentración de tierras y avance de propietarios extranjeros
El retroceso de la agricultura familiar también está relacionado con transformaciones estructurales en la propiedad y utilización del suelo.
La expansión de grandes explotaciones agropecuarias, los pools de siembra y las operaciones inmobiliarias incrementan las dificultades de los pequeños productores para acceder a parcelas productivas.
Benetti vincula este proceso con la ausencia de políticas nacionales sostenidas de colonización y distribución de tierras.
Como antecedente histórico, menciona la derogación de la legislación vinculada con el Consejo Agrario Nacional durante la última dictadura militar.
Desde entonces, sostiene, las iniciativas destinadas a facilitar el acceso de las familias campesinas a la propiedad rural han sido insuficientes.
Entre las experiencias excepcionales aparece la redistribución de tierras realizada en Guardamonte.
Sin embargo, para la mayoría de los pequeños productores continúa siendo prácticamente imposible adquirir campos mediante créditos accesibles o subsidios estatales.
Más de 53.000 hectáreas extranjerizadas en La Paz
Según los datos del Observatorio de Tierras, vinculado con investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, el departamento La Paz registra más de 53.000 hectáreas bajo propiedad extranjera.
Esa superficie equivale aproximadamente al 9,8% del territorio departamental.
A este fenómeno se agrega la adquisición de campos por parte de inversores urbanos, empresarios y personas con elevado poder adquisitivo.
La concentración de la tierra limita las posibilidades de permanencia de las familias campesinas y favorece procesos de desplazamiento hacia las ciudades.
En otros casos, los pequeños productores deben abandonar sus emprendimientos y convertirse en trabajadores asalariados de explotaciones de mayor escala.
El éxodo rural amenaza la continuidad de las comunidades campesinas
Las dificultades productivas y económicas tienen consecuencias que trascienden la actividad agropecuaria.
Cuando una familia abandona su establecimiento, también se debilitan las redes comunitarias, los circuitos comerciales y las actividades económicas de los pueblos cercanos.
Benetti describe un escenario marcado por el desánimo y el malestar de numerosos agricultores.
Muchos se ven obligados a buscar empleos temporarios, alquilar su fuerza de trabajo o trasladarse a centros urbanos para garantizar su subsistencia.
El riesgo, advierte, es que la salida de pequeños productores se convierta en un proceso cada vez más difícil de revertir.
La pérdida de población rural también compromete la transmisión de conocimientos productivos y las formas tradicionales de organización del territorio.
Las cooperativas resisten frente a la crisis
A pesar del deterioro económico, distintas experiencias asociativas continúan funcionando en Entre Ríos.
Las cooperativas tamberas, citrícolas y de servicios rurales constituyen alternativas para sostener la producción y distribuir los ingresos entre sus integrantes.
Entre las organizaciones mencionadas por Benetti se encuentran Cocau y Colonia Freitas.
El sistema cooperativo permite compartir recursos, reducir determinados costos y mejorar las condiciones de comercialización.
A diferencia de las empresas concentradas en un propietario, los excedentes generados por estas organizaciones se distribuyen entre los asociados conforme a sus mecanismos de funcionamiento.
Para la Federación Nacional Campesina, la cooperación económica debe complementarse con la participación y la movilización social.
En ese sentido, Benetti recuerda las protestas del 6 de agosto como un antecedente de organización frente a iniciativas vinculadas con modificaciones de la legislación sobre tierras.
Reclaman créditos, acceso a la tierra y recuperación de las políticas públicas
Las organizaciones campesinas consideran indispensable recuperar instrumentos específicos para la agricultura familiar.
Entre sus principales demandas se encuentran una legislación de arrendamientos que contemple las necesidades de los pequeños productores, créditos con tasas subsidiadas y mecanismos efectivos de acceso a la tierra.
También reclaman restablecer los equipos de asistencia técnica, recuperar programas de fortalecimiento productivo y promover la reapertura de ferias populares.
La mejora de los caminos rurales y la construcción de infraestructura sanitaria para la faena constituyen otras necesidades centrales.
Estas políticas permitirían fortalecer la producción de alimentos, ampliar los canales de comercialización y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
El futuro de la agricultura familiar está en discusión
La situación del centro-norte entrerriano refleja un problema que excede los límites provinciales.
La agricultura familiar cumple un papel relevante en el abastecimiento de alimentos, la generación de empleo y el sostenimiento de la población rural.
Sin embargo, la concentración de tierras, el encarecimiento de los insumos y la reducción del acompañamiento estatal amenazan la continuidad de miles de unidades productivas.
Para la Federación Nacional Campesina, la organización cooperativa y la movilización constituyen herramientas fundamentales de resistencia. No obstante, advierte que resultan insuficientes sin políticas públicas que garanticen condiciones adecuadas para producir.
El desafío consiste en evitar que las dificultades económicas terminen expulsando del territorio a las familias que, durante generaciones, sostuvieron la producción y la vida comunitaria del norte entrerriano.
Fuente: UNO Entre Río
