Organizaciones sociales denunciaron una campaña de criminalización

Marcharon al Ministerio de Capital Humano para repudiar el recorte a los comedores populares. El gobierno no entregó 5 millones de kilos de alimentos que almacena en galpones de la ex cartera de Desarrollo Social. El juez Casanello denunció que fueron filtradas a los medios investigación judiciales sobre el destino de la ayuda social.

Distintas organizaciones sociales realizaron una movilización hacia el ministerio de Capital Humano para “denunciar la campaña de criminalización que impulsa el gobierno” y que busca “justificar el recorte de alimentos a los comedores populares”.

Los manifestantes llevaban carteles con los nombres de comedores y merenderos populares que desde diciembre del año pasado no reciben alimentos.

La movilización fue convocada por la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unidad Piquetera, entre otras organizaciones, y en la misma se denunció que “la ministra (Sandra) Pettovello dijo que las organizaciones no rendían los alimentos secos entregados para los comedores populares y más recientemente que la mitad de los comedores no existían.

Varios medios de comunicación se sumaron a esa campaña con entusiasmo, para justificar que el gobierno no envíe un solo kilo de alimentos a ningún comedor desde que asumió”.

Agregaron que “vamos a demostrar que la ministra miente para justificar un ajuste demencial contra los más pobres de los pobres en el país.

Que el gobierno de Milei deje de robarle a los pobres. Devolución de los alimentos ya. Abajo la persecución a las organizaciones”.

Además de la marcha en la Capital Federal también hubo movilizaciones en distintos puntos del país.

En Rosario, integrantes de distintos comedores y merenderos se movilizaron hacia la Municipalidad, las oficinas de ANSES, y en distintos puntos de concentración sumándose a la fila del hambre.

Miles de kilos de alimentos sin entregar

Cabe señalar que mientras no llega la ayuda a los comedores, el gobierno nacional tiene más de 5 millones de kilos de comida sin entregar en los galpones del ex ministerio de Desarrollo Social.

Desde que asumió el nuevo gobierno no realizó ninguna compra de alimentos y ante las denuncias de las organizaciones sociales que sostienen miles de comedores y merenderos en todo el país que no les entregaron nada todo indica que es un remanente de comida que quedó del gobierno anterior.

Entre los alimentos que están almacenados pueden mencionarse más de un millón de kilos de leche en polvo, cerca de 500.000 botellas de aceite, 140.000 latas de tomate, 14.000 kilos de arroz, 3.000.000 de kilos de yerba mate, 80.000 latas de garbanzos, 20.000 kilos de harina de trigo y maíz,

También hay cantidades menores de arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.

Al respecto, el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa y secretario de organización de la UTEP, Ramiro Berdesegar, destacó que “tuvieron que reconocer que tiene 5 millones de kilos de alimentos sin repartir del año pasado. Estos tipos odian a los pobres” y añadió que “fue muy buena la fila de los comedores frente a Capital Humano porque sirvió para desenmascarar a estos crapulas”.

Grave denuncia del juez Casanello

El juez federal Sebastián Casanello denunció “filtraciones” sobre el contenido de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales.

Casanello formuló la denuncia después de que trascendieran detalles de la investigación, que inicialmente delegó en el fiscal Gerardo Pollicita.

El juez había dispuesto el secreto de una serie de medidas de investigación para garantizar su éxito, no obstante lo cual parte de eso fue conocido por las partes y los medios.

La denuncia recayó en el juzgado federal número cinco, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

Fuentes judiciales revelaron que Casanello identificó una serie de episodios que debieron permanecer en reserva pero cuyo contenido apareció publicado en medios y fue conocido por las partes que intervienen en el expediente.