El diputado denunció que la reglamentación de la reforma laboral abre la puerta a una pérdida de derechos laborales, mientras el Gobierno asegura que la norma no modifica salarios ni elimina beneficios.
La reglamentación de la reforma laboral volvió a encender la polémica política. El diputado nacional Carlos Castagneto cuestionó con dureza el Decreto 612/26, al sostener que constituye el primer paso hacia una reducción de derechos laborales y un eventual desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Desde el Gobierno nacional rechazaron esas afirmaciones y aseguraron que la norma “no elimina ningún derecho laboral” ni modifica la remuneración de los trabajadores.
El cruce comenzó luego de que Castagneto publicara en sus redes sociales que el decreto excluye de la base de cálculo conceptos como las horas extras, los premios, los bonos, el plus vacacional y el aguinaldo. La Oficina de Respuesta Oficial respondió inmediatamente acusándolo de “mentir” y sostuvo que la reglamentación únicamente establece una metodología para calcular el límite de determinados aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos, sin alterar los derechos establecidos por la legislación vigente
Castagneto: “Es la punta del iceberg”
Lejos de retroceder, el legislador ratificó sus cuestionamientos durante distintas entrevistas radiales y aseguró que el decreto debe analizarse junto con la reforma laboral aprobada meses atrás.
Según explicó, la reglamentación “excluye del cálculo las horas extras, los premios, los bonos, el plus vacacional y la participación en las ganancias”, lo que, a su entender, transforma conceptos remunerativos en no remunerativos.
“Lo que era remunerativo pasa a ser no remunerativo”, afirmó, al advertir que esa modificación podría reducir los recursos destinados a ANSES, PAMI, las obras sociales sindicales y los fondos vinculados a la atención de personas con discapacidad.
Para Castagneto, el Decreto 612/26 representa apenas el comienzo de un proceso más amplio.
“Esta es una primera etapa. La reforma laboral permite que el empleador pueda contratar bajo acuerdos entre partes, dejando sin efecto derechos que hoy tienen los trabajadores”, sostuvo.
En esa línea, consideró que el nuevo esquema podría derivar en menores ingresos por aguinaldo, vacaciones y otros beneficios laborales.
La advertencia sobre las futuras jubilaciones
Uno de los puntos más sensibles del planteo del diputado fue el impacto que, según su interpretación, tendría la medida sobre el sistema previsional.
“Te vas a jubilar mañana solamente con la mínima.”
Castagneto sostuvo que, si determinados conceptos dejan de integrar la base remunerativa utilizada para calcular aportes y contribuciones, esos montos tampoco serían considerados al momento de determinar los haberes jubilatorios.
Además, vinculó la medida con un supuesto proceso de desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del sistema previsional en general.
El Gobierno negó que el decreto elimine derechos laborales
Desde la Casa Rosada rechazaron de plano las acusaciones.
La Oficina de Respuesta Oficial explicó que el artículo 1° del Decreto 612/26 no modifica la Ley de Contrato de Trabajo, no altera qué conceptos integran la remuneración y tampoco elimina beneficios como el aguinaldo, las vacaciones, las horas extras o los premios.
Según la interpretación oficial, la norma únicamente reglamenta el artículo 9 de la Ley 14.250 para definir la metodología utilizada al calcular el límite del 2% correspondiente a determinados aportes convencionales.
Por ese motivo, el Ejecutivo calificó como incorrecta la interpretación difundida por Castagneto y aseguró que no existe ninguna reducción de derechos laborales derivada del decreto.
Monotributo, precarización y reforma laboral
El diputado también vinculó el decreto con el crecimiento del empleo bajo la modalidad de monotributo, al considerar que representa una forma de precarización laboral.
Según afirmó, un trabajador monotributista aporta significativamente menos al sistema de seguridad social que un empleado registrado, lo que repercute sobre el financiamiento de ANSES, PAMI y las obras sociales.
Asimismo, cuestionó el nuevo esquema de Fondo de Cese Laboral impulsado por la reforma laboral y advirtió sobre el riesgo de que los recursos de los trabajadores queden administrados por entidades financieras privadas.
Castagneto redobló las críticas al Gobierno
Tras ser acusado de “mentiroso” e “ignorante”, Castagneto respondió desde sus redes sociales con un mensaje dirigido al oficialismo.
“YO NO MIENTO. ¿Saben qué? Ustedes no saben explicar lo que dice el decreto.”
El legislador sostuvo que el Gobierno intenta minimizar el alcance de la reglamentación y reiteró que la reducción de la base de cálculo afectará el financiamiento del sistema de salud y de la seguridad social.
Además, vinculó el Decreto 612/26 con la denominada Ley de Modernización Laboral, a la que calificó como una norma que elimina derechos constitucionales y facilita futuras modificaciones en los convenios colectivos de trabajo.
Un debate que continuará en el Congreso
La controversia en torno al Decreto 612/26 expone dos interpretaciones completamente opuestas. Mientras el Gobierno sostiene que la reglamentación solo introduce precisiones técnicas sobre el cálculo de aportes convencionales sin modificar salarios ni beneficios laborales, la oposición advierte que la medida constituye el primer paso de una transformación más profunda del sistema laboral y previsional argentino.
Con la reforma laboral todavía en etapa de implementación y nuevos proyectos anunciados por el oficialismo, el alcance real del decreto promete convertirse en uno de los principales ejes del debate político y parlamentario de los próximos meses.
