La seccional Bariloche de ATE denunció que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) avala un intento de despido contra su secretario general adjunto a través de una empresa tercerizada. El conflicto expone tensiones por los fueros sindicales, la tercerización laboral y el clima político-sindical en el sector público.
ATE acusa a CNEA de persecución sindical en Bariloche
La Comisión Directiva de ATE Seccional Bariloche denunció públicamente una amenaza de despido contra el secretario general adjunto del gremio en el Centro Atómico Bariloche, en un hecho que calificó como una violación de la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional.
Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió que no permitirá la desvinculación de un trabajador por su actividad gremial.
Según el comunicado, el conflicto se originó tras el cambio de la empresa tercerizada que presta servicios en el área de Parques y Jardines de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde la nueva prestataria, GRUB SA, habría decidido incorporar a todos los trabajadores excepto al dirigente sindical.
Tercerización y fueros sindicales en el centro del conflicto
El punto más sensible del caso radica en que la empresa GRUB SA —vinculada a los mismos propietarios de La Mantovana, anterior prestataria del servicio— habría excluido al representante gremial por su rol dentro de ATE.
Para el sindicato, la responsabilidad recae directamente sobre la CNEA como organismo estatal, ya que considera que las empresas tercerizadas que operan bajo su órbita no pueden desconocer los fueros sindicales ni el derecho a la estabilidad laboral de los delegados.
Desde ATE sostienen que la maniobra constituye una forma indirecta de despido que vulnera la legislación vigente, ya que los representantes sindicales cuentan con protección especial contra despidos o cambios de condiciones laborales sin autorización judicial.
“No vamos a permitir que un trabajador quede sin su puesto laboral por el solo hecho de estar sindicalizado”, señala el comunicado gremial.
Un conflicto que refleja la tensión en el sector público
El trabajador afectado se desempeña en el Centro Atómico Bariloche desde 2011 y, según el gremio, participó junto a sus compañeros en diversas instancias de resistencia frente a recortes de personal en la CNEA a lo largo de distintas gestiones.
En este marco, ATE interpreta el episodio como parte de una política más amplia de ajuste y reorganización laboral en organismos estatales, donde la tercerización de servicios se convierte en una herramienta para flexibilizar relaciones laborales y reducir la capacidad de organización sindical.
El conflicto, por lo tanto, trasciende el caso individual y se inscribe en una discusión estructural sobre el rol del Estado como empleador, la estabilidad laboral en organismos científicos y tecnológicos y la vigencia de los derechos sindicales en un contexto de reformas económicas.
Respaldo sindical y posible escalada del conflicto
La denuncia fue respaldada por la Intersindical Bariloche, integrada por la CTA de los Trabajadores Río Negro, la CGT y la CTA Autónoma Seccional Bariloche, lo que anticipa una posible escalada del conflicto si no hay una resolución favorable.
El apoyo de las centrales sindicales locales sugiere que el caso podría convertirse en un conflicto regional con movilizaciones, reclamos administrativos e incluso presentaciones judiciales para garantizar la continuidad laboral del dirigente.
Desde el gremio advirtieron que mantendrán el estado de alerta hasta que se garantice el respeto de los fueros sindicales y la reincorporación del trabajador, al tiempo que responsabilizan a la CNEA por cualquier medida que implique la pérdida del puesto laboral.
El episodio se inscribe en un escenario nacional de alta conflictividad entre sindicatos estatales y el Gobierno, donde las denuncias por despidos, recortes presupuestarios y reestructuración de organismos públicos se multiplican.
En este contexto, el caso de Bariloche pone en debate el alcance de la tercerización en el Estado y el límite legal frente a la protección de los representantes gremiales, un tema que históricamente ha sido objeto de conflictos judiciales y políticos.
La resolución del conflicto no solo definirá la situación laboral del dirigente sindical, sino que también marcará un precedente sobre el rol de las empresas tercerizadas en organismos públicos y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos sindicales.
