Un grupo de legisladores nacionales presentó una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para debatir modificaciones a la Ley de Glaciares. Denuncian falta de transparencia, restricciones a la participación y posible vulneración del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.
Presentan impugnación contra la audiencia pública por la Ley de Glaciares
Un grupo de diputados nacionales presentó una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina para debatir modificaciones a la Ley de Glaciares, al considerar que el proceso presenta graves irregularidades que afectan la participación ciudadana.
La presentación fue firmada por los legisladores Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.
Según el planteo, la audiencia carece de validez por irregularidades en su organización que limitarían la participación pública y contravendrían el reglamento legislativo, la Ley General del Ambiente (Ley 25675), la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
Ferraro: “La audiencia perdió su sentido”
El diputado Maximiliano Ferraro, impulsor de la impugnación, sostuvo que el esquema adoptado restringe la participación oral, establece criterios poco claros para seleccionar expositores y deja afuera a la mayoría de los inscriptos.
“Estamos ante una audiencia que perdió su sentido. Más de 100.000 personas se inscribieron para opinar sobre un tema clave para el país, especialmente para provincias y comunidades vinculadas al agua de los glaciares. Sin embargo, en lugar de garantizar la participación, se redujo al 0,3% y se acallaron voces”, expresó.
Además, señaló que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso, lo que alteró las reglas originales y afectó la transparencia del debate.
Selva denunció restricciones arbitrarias
Por su parte, la diputada Sabrina Selva cuestionó que la selección de expositores se realizó sin criterios transparentes y que se obligó a los participantes a reformular sus intervenciones.
“Se busca aparentar una audiencia pública, pero no garantizar una instancia real de participación”, afirmó.
También criticó la utilización de un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para excluir a ciudadanos de otras provincias, lo que —según indicó— restringe el carácter federal de la audiencia.
Los puntos cuestionados en el documento
En el documento presentado ante la Cámara de Diputados, los legisladores detallaron una serie de irregularidades que, a su entender, desnaturalizan el objetivo de la audiencia pública:
- Sustitución de la instancia deliberativa oral por mecanismos escritos o audiovisuales.
- Selección de participantes sin criterios objetivos, transparentes y verificables.
- Restricción de la exposición oral directa, elemento central del derecho a ser oído.
- Falta de reglas claras sobre tiempos de intervención, orden de exposición y mecanismos de priorización.
Según los firmantes, estas irregularidades vulneran principios fundamentales como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la seguridad jurídica del procedimiento.
Posible judicialización del proceso
Ferraro advirtió que el procedimiento adoptado convierte la audiencia pública en un trámite formal sin debate real ni incidencia ciudadana.
“Lo que cuestionamos es la validez misma del proceso. No se trata de un aspecto técnico menor, sino de una forma de organización que afecta directamente el derecho a la participación”, remarcó.
Por este motivo, los diputados solicitaron que se declare inválida la audiencia, se anulen las actuaciones realizadas y se convoque a una nueva instancia que garantice una participación abierta, equitativa y efectiva.
Además, dejaron abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si continúa la vulneración del derecho a la participación ciudadana en cuestiones ambientales.
La impugnación presentada por legisladores de distintos bloques reabre el debate sobre la transparencia en el tratamiento de la Ley de Glaciares y el rol de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.
En un contexto de discusión sobre el uso de los recursos naturales y el impacto de la actividad minera, la audiencia pública se convirtió en un nuevo foco de tensión política e institucional dentro del Congreso.
