A un mes de las elecciones presidenciales, previstas para el 17 de agosto, Bolivia transita una campaña atravesada por una crisis social y económica, y una feroz pelea política entre el presidente Luis Arce y su mentor, el exmandatario Evo Morales, inhabilitado para presentarse como candidato.
Por Cecilio Panella
«Sin Evo en la papeleta no puede haber elecciones», advirtió Morales, quien gobernó el país andino casi 14 años, entre 2006 y 2019, cuando un golpe de Estado tras unas cuestionadas elecciones lo obligó a exiliarse, primero en México y después en la Argentina.
Tras la vuelta a la democracia, en noviembre de 2020, Morales se fue alejando del presidente Arce, por diferencias en el manejo del Gobierno y por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Después llegó un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ratificó que “el presidente y el vicepresidente están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua; considerando que el término ‘una sola vez’ implica también la limitación de alcanzar un tercer mandato, sea de forma continua o discontinua”.
El cuestionable fallo interpretó la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que permite la reelección por “una sola vez de manera continua”. Pero no prohíbe la reelección discontinua, lo que le daría la razón a Morales.
Otro fallo judicial le permitió a Arce quedarse con la sigla del MAS, pero tuvo que renunciar a su candidatura a la reelección por el bajo apoyo popular.
Al quedarse sin el MAS, Morales iba a ser candidato del Partido de Acción Nacional Boliviano, pero el Tribunal Supremo Electoral no lo habilitó por cuestiones administrativas.
Atrincherado
Custodiado por casi 2.000 seguidores armados con lanzas y escudos, Morales se atrincheró en el Trópico de Cochabamba, resistiendo una orden de captura por un caso de trata agravada por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.
Los seguidores de Morales construyeron un fortín para proteger a su líder en la localidad de Lauca Ñ, con vallas con estacas puntiagudas de madera, cierre de caminos, torres de vigilancia y guardias permanentes.
«Las lanzas y escudos son defensas según nuestros usos y costumbres», indicó el dirigente sindical Maicol Rojas, y agregó que «están listos» para detener a cualquier «sicario» que atente contra la vida de Evo.
Se trata del fortín llamado “la Casa Grande del Pueblo”, donde funciona la radio Kawsachun Coca y Evo tiene su despacho, con un escritorio con la bandera de Bolivia y la Wiphala, la insignia multicolor indígena.
El ex gobernante ha rechazado las acusaciones y denuncia una “persecución judicial”, y calificó la orden de captura en su contra como una estrategia para «aislar al Evo (para) que no sea rival electoral».
Como líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Morales generó una lealtad por parte de grupos de cocaleros, quienes son los que actualmente lo defienden y que, además, realizaron los bloqueos de carreteras para forzar su inscripción como candidato presidencial.
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Por ello, el gobierno de Arce lo denunció por ocho delitos a raíz de los recientes bloqueos de carreteras y la violencia que hubo durante las operaciones de desbloqueo, entre ellos, terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales.
Y además, acusó a Morales de estar protegido por escoltas extranjeros “altamente armados” en el enclave cocalero donde el exmandatario permanece atrincherado desde octubre de 2024.
Por si faltaba algo, una aliada de Morales echó nafta al fuego. La jefa del Partido de Acción Nacional Bolivia, Ruth Nina, manifestó: “Hemos decidido que el 17 de agosto (día de las elecciones) preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a los candidatos de la derecha. Y ese día, el Tribunal Supremo Electoral y el Gobierno, en vez de contar votos, van a contar muertos”.
Plan Cóndor II
Morales se comparó y solidarizó con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada por un cuestionable fallo en la llamada Causa Vialidad.
“Cuando no pueden con balas, como hicieron con la hermana Cristina Kirchner, lo hacen con leyes: primero la acusación y luego sentenciar e inhabilitar de manera perpetua”, dijo Evo.
Afirmó que la “persecución de los gobiernos de derecha, o derechizados” se produce a través de la Justicia: “Pasó en Ecuador, pasa en Colombia, pasó con Lula en Brasil”.
Morales fue más allá y habló de un “segundo Plan Cóndor”, en referencia al plan de coordinación de las dictaduras militares latinoamericanas en la represión ilegal de la década del ´70.
“En el primero quienes ejecutaban a referentes de tendencia humanista y progresista eran generales y coroneles, ahora son jueces y fiscales. Hace meses me dispararon 18 balas y no hay ninguna fiscalía que investigue, Arce está detrás de todo esto”, acusó Evo.
La derecha al frente
Las encuestas señalan que con Morales fuera de carrera, los votos de la izquierda van en parte al candidato Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), quien llega al 11,8% de la intención de voto, detrás de los dos principales postulantes de la derecha.
Andrónico tiene 36 años y es el actual presidente de la Cámara de Senadores. Cuando tenía 22 años, impulsado por Morales, asumió la presidencia de la Juventudes Estudiantiles de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, la organización de productores de la hoja de coca más grande del país.
Ahora es el emergente de la fracturada izquierda boliviana.
El empresario de centroderecha Samuel Doria Medina (Alianza Unidad) y el expresidente liberal Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) tienen la mayor preferencia con un 18,7% y 18,1%, respectivamente. Un virtual empate técnico.
Doria Medina es uno de los hombres más ricos del país y acumula cuatro candidaturas a la presidencia y dos vicepresidenciales en su haber.
Quiroga fue presidente en el período 2001-2002, después de la renuncia del primer dictador y luego presidente Hugo Banzer Suárez (1971-1978 y 1997-2001).
En cuarto lugar, aparece el alcalde de Cochabamba, el derechista Manfred Reyes Villa, con el 8,2% de los votos.
El candidato del presidente Arce (MAS) es el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, que con el 2,3% de la votación.
Sin embargo, el voto residual -que incluye blancos, nulos e indecisos- suma 32%, lo que perfila un proceso electoral competitivo y con un resultado incierto.
Algunos analistas coinciden en que el “voto oculto” corresponde mayoritariamente a los partidarios de Morales, que ante su inhabilitación no han definido aún su voto.
Otros sostienen que el voto residual también se puede atribuir a los electores de la oposición, que ante la indefinición entre los dos primeros candidatos y sus similitudes programáticas, está esperando a ver cuál tiene más proyección de llegar al Gobierno y apoyarlo con el denominado “voto útil” para vencer a la izquierda.
Lo más probable es que debido a la dispersión del voto, el 17 de agosto no haya presidente electo. En ese caso, los dos candidatos más votados disputarán la segunda vuelta, a celebrarse el 19 de octubre próximo.-
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