A 10 años del surgimiento del movimiento Ni Una Menos en Argentina, los balances son inevitables porque la violencia femicida no disminuyó.
Por Gabriela Barcaglioni
El 3 de junio de 2015 la consigna “Ni una Menos” se replicó en las plazas de todo el país. Las crónicas periodísticas indicaron que 150 mil personas se congregaron en los alrededores del Congreso de la Nación y las convocatorias se repitieron en 80 localidades de Argentina.
La movilización social, especialmente del movimiento de mujeres y feministas, logró generar conciencia sobre la importancia de erradicar el femicidio y todas las formas de violencia de género: la violencia contra las mujeres tomó otra dimensión en la agenda pública y política
El femicidio de Chiara Páez (14 años), en Rufino, provincia de Santa Fe el 10 de mayo de 2015 por Manuel Mansilla, su novio (16 años) quien confesó que la había matado porque ella se había negado a abortar, fue el hecho que impulsó la expresión pública y masiva.
Fue una interpelación al Estado para que implemente un presupuesto acorde a las acciones que requiere implementar la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales – sancionada en 2009 y modificada en 2021- que garantiza el derecho a vivir una vida sin violencia.
Y una exigencia para que elabore estadísticas oficiales sobre violencia de género, dado que hasta el momento solo se contaba con registros de organizaciones de mujeres elaborados a base de noticias publicadas en los medios.
El resultado de la movilización social logró que se diseñara un Plan Nacional de Acción contra las violencias y se creara un Registro de Femicidios con datos oficiales.
La fuerza de Ni una Menos
Un día después de las marchas, el 4 de junio de 2015, la Corte Suprema anunció que sistematizaría y divulgaría los datos disponibles sobre femicidios, dando origen al Primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Para su elaboración se toma en cuenta el informe anual de las causas judiciales iniciadas por año donde se investigan muertes violentas de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género, los informes Observatorio de seguimiento de las causas y sentencias de femicidio de dicho año, y las bases de datos abiertos del año correspondiente.
El primer informe elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema indicó que 225 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres en 2014.
El último informe, dado a conocer el 4 de junio de 2025, señala que en 2024 se registraron 247 víctimas letales de la violencia de género. Cabe agregar que los trans/travesticidios -asesinatos de mujeres trans/travestis por razones de género – se incorporan al registro en 2017.
La violencia por razones de género es una problemática compleja que exige respuestas de todos los poderes del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil. Contar con datos de femicidio permite poner en evidencia que existe la violencia extrema contra las mujeres, observar tanto su magnitud como su distribución territorial y temporal para prevenirla y erradicarla.
A diez años del Ni una Menos, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, afirmó que la violencia no tiene género. Borrando con su ignorancia sobre la temática los compromisos asumidos por el Estado argentino.
Por solo citar una ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, firmada y ratificada por Argentina en 1996, exige a los Estados Partes garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia a través de la prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer, la modificación de leyes que fomenten la violencia y la creación de mecanismos de protección para las mujeres.
A diez años del Ni una Menos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que los femicidios disminuyeron un 14% durante su gestión al tomar los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) que registra los homicidios.
Aunque parezca un juego de palabras, femicidio y homicidio no son sinónimos. Por lo tanto, afirmar que hay menos femicidios porque bajaron los homicidios no es válido. El asesinato de una mujer es femicidio cuando se da en un contexto de violencia de género y sus principales victimarios/femicidas son parejas, exparejas, esposos, exesposos u hombres de su entorno más cercano.
El Código Penal, reformado en 2012, en su artículo 80 castiga con reclusión o prisión perpetua a quien matare a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y medie violencia de género. Es decir, que se reconoce la particularidad de la violencia contra mujeres, que en muchos casos culmina en el asesinato, y busca dar una respuesta más específica y severa ante este tipo de delito.
Años llevamos las feministas definiendo el concepto femicidio para argumentar que difiere de un homicidio. En 1976, Diana Russell, afirma: “Desde la quema de brujas hasta las matanzas por honor, el femicidio ha ocurrido durante mucho tiempo. Sin embargo, debido a que involucra a las mujeres, no existía una palabra que lo describiera». Por eso enuncia “femicidio” para definir una forma extrema de violencia que se distingue de otros tipos de homicidio al estar motivada por el odio, el desprecio o un sentido de superioridad hacia las mujeres.
La diferencia sustancial entre el femicidio y el homicidio es que el primero está determinado por razones de género: por el hecho de ser mujer, el odio y los prejuicios por orientación sexual e identidad de género.
El femicidio refunda y perpetúa un sistema -patriarcado- que jerarquiza aquello que se vincula con lo masculino, el ser varón, refuerza la discriminación y el desprecio contra las mujeres y las identidades feminizadas.
Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia de género, cierran un ciclo creciente de otras expresiones de la violencia contra las mujeres como lo es la violencia económica, la simbólica, la psicológica, la sexual que implican control del dinero, las amenazas, las violaciones, la exigencia de obediencia, el insulto, el abandono….
A diez años del Primer Ni una Menos el desmantelamiento, por ejemplo, del Programa Acompañar, que daba autonomía económica para salir de relaciones violentas a mujeres y personas LGBTIQ+ que atravesaban situaciones de violencias y Acercar Derechos, que a través de equipos de profesionales de la Psicología, el Trabajo Social y el Derecho brindaban apoyo, asesoramiento y atención a víctimas de violencia por razones de género significa un retroceso en materia de políticas públicas. Lo es también el incumplimiento de la Ley Brisa desde 2023, que establece una reparación económica para los hijos e hijas de víctimas de femicidio,
Las consignas del primer Ni una Menos apuntaron a desarmar la cultura patriarcal que sustenta las diversas formas de manifestación de la violencia por razones de género por ejemplo la violencia institucional, la que ejerce el Estado al no cumplir compromisos internacionales, al no respetar normas nacionales, desmantelar programas y desconocer o ignorar una problemática que no garantiza una vida plena a las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades sexuales.
A pesar de una situación política y social que asfixia, el feminismo se consolida como expresión política empecinada en transformar las estructuras sociales, económicas y culturales que limitan el desarrollo y la vida de las mujeres. No será este el Ni una Menos.
Lic. en Comunicación Social (UNLP). Integra equipo interdisciplinario Instituto Estudios Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales (UNLP) Docente Curso Géneros y violencias por motivos de Género. Ley Micaela, Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Publicó «Los femicidios en los medios de comunicación», “El femicidio de Sandra Ayala Gamboa: su espesor sociopolítico”, «Femicidios: cómo los medios construyen las noticias»,entre otros.
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