El fallo dispuso una medida cautelar que sobre el capítulo referido a las cuestiones que atañen a los trabajadores. El tribunal sostuvo que no hay evidencias que indican la urgencia de disponer medidas sin la participación del Congreso de la Nación.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuesto por el gobierno de Javier Milei. La medida fue celebrada por la CGT y el gobierno adelantó que apelará el fallo.
El tribunal hizo lugar al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había apelado una resolución de primera instancia, hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.
La decisión fue adoptada con los votos de los magistrados José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que integran la sala de feria de la Cámara del Trabajo, junto con la jueza Dora González, que postuló remitir la causa a la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que defina qué fuero debe tramitar el expediente.
«No se evidenciaría objetivamente la ´necesidad´ de adoptar tan numerosas medidas y no se avizorarían las que se alegan, constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo», sostuvieron los jueces que conformaron la mayoría, según surge del fallo.
«Varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como ‘leyes antievasión'», agregaron los magistrados.
Los jueces destacaron, además, que «no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema ‘excepcionalidad'».
«En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 99, inc. 9 de la Constitución Nacional)».
«Tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran (tramitación en comisiones de manera conjunta y mociones de preferencia o de tratamiento «sobre tablas»)», recordaron.
Los magistrados también resaltaron que es una «inveterada doctrina del máximo tribunal que las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos de los Decretos de Necesidad y Urgencia resultan inhábiles para justificar el dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional».
Algunas de las modificaciones en materia laboral establecidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Milei, que ahora quedaron provisoriamente suspendidas, son la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
En materia de convenciones colectivas de trabajo, el DNU indica que esa materia «solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue».
La CGT celebró el fallo
El secretario general de la CGT, Héctor Daer, expresó su postura sobre el fallo a través de la red social X. Destacó que “con organización, unidad y compromiso desde la CGT hemos logrado frenar el intento de reforma laboral propuesto por el DNU».
«No nos vencerán mientras permanezcamos unidos. Envío un fuerte y cálido abrazo a todos los compañeros y compañeras que respaldan nuestro plan de lucha. Nos encontramos el 24 en la Plaza del Congreso”.
En un comunicado de prensa, la central obrera destacó que “la Cámara (de Apelaciones del Trabajo) considera que el planteo de la CGT no coincide con el tramitado en proceso colectivo que se ventila ante la justicia contencioso-administrativo federal, al que el Gobierno pretendía enviar el expediente, ya que los intereses no son homogéneos con los que se ventilan en aquel, puesto que lo que se debate en la justicia laboral es el derecho del trabajo aplicable a los trabajadores de la Argentina”.
Además, agrega que “entiende que hay circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en esta contienda y el dictado de la cautela» -agregó el comunicado de prensa-.
Justifica su decisión de dictar la medida cautelar en que «el DNU introduce importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia laboral, no habiendo explicado como las reformas planteadas podrían remediar la situación referida en sus fundamentos como para justificar una reforma laboral general y peyorativa para los trabajadores”.
La apelación del gobierno
El gobierno nacional apelará el fallo de la Cámara del Trabajo que suspende el capítulo laboral del DNU del presidente Javier Milei. La presentación ya está siendo elaborada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.
Los abogados del Estado pedirán que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal, tal como ya dictaminó el fiscal del fuero del trabajo, Juan Manuel Domínguez.
“El fallo contradice todos los fallos dictados hasta ahora en el país. El fiscal (Domínguez) y un juez del mismo tribunal en minoría dijeron lo contrario”, dijo un vocero del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
En realidad se trata de la camarista Dora González, que opinó que el caso debía pasar a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, pero quedó en minoría antes los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Vior, que hicieron lugar a la medida cautelar pedida por la CGT.
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