El Juzgado Federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y obligó al Gobierno a mantener los pagos a más de 900 mil beneficiarios. Organizaciones sociales convocan a una conferencia y denuncian incumplimiento oficial.
La Justicia ordena sostener el programa Volver al Trabajo
El conflicto por el programa “Volver al Trabajo” sumó un nuevo capítulo tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó al Estado nacional mantener la vigencia de las prestaciones económicas destinadas a sus beneficiarios.
La resolución judicial hizo lugar a una medida cautelar presentada por organizaciones sociales y estableció que el Ministerio de Capital Humano deberá garantizar los pagos “en el plazo de tres (3) días” desde la notificación y hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Además, el fallo advierte que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas contra el Estado por cada día de demora.
Organizaciones sociales convocan a una conferencia
En este marco, más de 80 organizaciones de la economía popular, movimientos sociales y agrupaciones territoriales convocaron a una conferencia de prensa para este viernes a las 10 de la mañana frente al Ministerio de Capital Humano, ubicado en Moreno y Avenida 9 de Julio.
Durante la actividad, anticiparon que anunciarán la continuidad de su plan de lucha.
Más de 900 mil beneficiarios en el centro de la disputa
Según los datos presentados en la causa, la medida impacta sobre más de 900 mil personas que participan del programa, muchas de ellas vinculadas a tareas en comedores comunitarios y cooperativas de trabajo.
El fallo también reconoce el contexto de crisis social y el impacto colectivo que tendría la interrupción de estos ingresos en los sectores más vulnerables.
Críticas a Pettovello y tensión política
Desde las organizaciones denunciaron que la ministra Sandra Pettovello “no quiere cumplir la orden judicial” y cuestionaron lo que consideran maniobras dilatorias por parte del Gobierno.
El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de ajuste sobre políticas sociales, que viene generando una creciente tensión entre el Ejecutivo y los sectores organizados.
La disputa por el programa Volver al Trabajo combina ahora un frente judicial abierto, presión social en las calles y un nuevo foco de conflicto político para el Gobierno.
